Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, con orden de aprehensión por desaparición forzada.

Conducción de Javier Duarte a proceso, aprehendido Conducción de Javier Duarte a proceso, aprehendido Foto de Archivo

Se le acusa de la desaparición, en 2012, del policía de la SSP David Lara Cruz

 

Un juez de distrito en materia federal giró una nueva orden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el delito de desaparición forzada en agravio del expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública David Lara Cruz.

Preso desde 2016 luego de huir del país para refugiarse en un hotel en Guatemala, Duarte de Ochoa fue repatriado a México para enfrentar a la justicia por varios cargos, entre otros, lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude.

El entonces gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, exigió a partir de 2016 que las propiedades de Duarte de Ochoa fueran incautadas, lo mismo que sus cuentas bancarias, para que fueran devueltas al gobierno de Veracruz a fin de devolverle al pueblo lo robado, lo que en estricto sentido no ocurrió.

Varias propiedades fueron aseguradas, localizadas tanto en Veracruz, Ciudad de México y Texas. Sin embargo, éstas no fueron incorporadas como propiedad del gobierno de Veracruz para ser vendidas y así recuperar el dinero desviado en la adquisición de estos bienes. Por el contrario, existen evidencias de que tanto el exmandatario panista como algunos de sus colaboradores se habrían quedado con dichos bienes.

Después de aceptar ser repatriado a México tras una negociación con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Duarte de Ochoa enfrentó a la justicia y fue sentenciado a nueve años de cárcel, los cuales está compurgando en el reclusorio Norte.

Su esposa, Karime Macías, refugiada en Londres, Inglaterra, enfrenta un juicio de extradición para responder ante la justicia mexicana –y en particular a la de Veracruz– por el desvío de poco más de 100 millones de pesos del DIF que ella presidió cuando su esposo fungió como gobernador de aquella entidad entre los años 2011 y 2016.

Javier Duarte se fugó de la justicia faltando tres meses para que concluyera su mandato. Lo hizo a través de un helicóptero propiedad del gobierno del estado que el entonces secretario general de gobierno, Flavino Ríos Alvarado, le envió. Con ello, quien posteriormente fue el gobernador suplente, incurrió en el delito de facilitar la fuga de Duarte, quien entonces ya era perseguido por la justicia. Por esa razón, Flavino Ríos terminó encarcelado tras terminar su periodo de tres meses como mandatario.

Ahora el exgobernador de Veracruz –la herencia de Fidel Herrera a los veracruzanos, quien le cubrió las espaldas– enfrenta un nuevo proceso. Se trata de una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. El exmandatario veracruzano se enteró de la nueva orden de captura en su contra porque interpuso, a través de sus abogados, un recurso o juicio de garantías con el que buscó confirmar si había nuevas órdenes de aprehensión en su contra, lo que finalmente pudo confirmar.

El amparo lo interpuso en julio de este año. De acuerdo con la nueva acusación, el policía David Lara Cruz desapareció el 12 de enero de 2016. Según el resultado del amparo interpuesto, “en el expediente de amparo 212/2020 el juzgado de Veracruz confirmó la existencia de la causa penal 103/2018 por la que Javier Duarte está señalado del delito de desaparición forzada”, por la que existe una orden de aprehensión.

El gobernador de Veracruz fue secretario de finanzas de Fidel Herrera Beltrán, su padrino e impulsor político. En 2010 lo impulsó como candidato del PRI al gobierno veracruzano. A lo largo de seis años, Duarte fue objeto de serios cuestionamientos por el atroz desvío de recursos públicos que, de acuerdo con las acusaciones que pesan en su contra, terminaron invertidos en propiedades dentro y fuera de México, en negocios y en empresas que fueron declaradas como fantasmas; pues sólo existieron para cobrar jugosos contratos y luego fueron desaparecidas. Dichas empresas tenían registradas sus direcciones fiscales en colonias populares y en muchos casos ni oficinas tenían.

El caso de Javier Duarte fue relacionado con un posible delito electoral, pues Veracruz habría sido uno de los estados escogidos para fondear dinero público a fin de que se financiaran las campañas políticas del PRI en 2016, un proyecto que, según las investigaciones, fue diseñado por Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda; el presidente Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, quien en ese año era el presidente nacional del PRI.

Buena parte de los fondos públicos que fueron a parar al PRI salieron del Estado de Chihuahua cuando el gobernador era César Duarte, actualmente preso en Miami, Florida.

El receptor de los fondos del gobierno de Chihuahua fue Alejandro Gutiérrez, secretario general del PRI con Beltrones. Este caso es el único delito electoral –que se sigue a nivel federal– en contra de César Duarte y del que, hasta ahora, no ha sido acusado Javier Duarte. Este último también fue señalado en su momento de entregarle dinero al candidato de MORENA al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac  García Jiménez –el actual gobernador–; quien habría llegado al poder con recursos públicos.

En el caso de Veracruz, el esquema de las empresas fantasmas habría sido diseñado para desviar los fondos públicos. Ese mismo esquema fue utilizado por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Roberto Sandoval, exmandatario de Nayarit; César Duarte de Chihuahua y los hermanos Moreira, exmandatarios de Coahuila, quienes enfrentaron fraudes y acusaciones por desvío de fondos públicos. En el caso de Humberto Moreira, fue acusado de lavado de dinero y detenido por ello en España. El expediente sobre el mismo delito también se integró en Estados Unidos.

Humberto Moreira, como se sabe, renunció a la dirigencia del PRI en 2012, precisamente por la acusación de desvío de dinero público durante su gestión como gobernador.

Su lugar lo ocupó Pedro Joaquín Coldwell, exgobernador de Quintana Roo, quien ahora enfrenta una investigación en la Fiscalía General de la República por la compra, presuntamente fraudulenta, de la planta Agronitrogenados, por cuyo caso está siendo procesado Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien además recibió más de 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña de Peña Nieto en 2012 y también para obtener contratos millonarios de PEMEX.

Para enderezar un posible delito electoral en todos estos casos sólo falta un declarante. Por ahora el único exgobernador vinculado al desvío de dinero público para favorecer a candidatos del PRI es César Duarte, quien es dueño de más de veinte residencias y, hasta antes de su captura, había acumulado más de una veintena de órdenes de aprehensión. Ahora en los casos de fraude y desvío de dinero también se sumó su esposa, Bertha Olga Gómez Fong: en Chihuahua se le acusa de peculado y asociación delictuosa.

 

 

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Last modified on Tuesday, 15 September 2020 17:59
Ricardo Ravelo

Ricardo Ravelo es periodista desde hace 32 años. Fue reportero del semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca y los temas relacionados con el crimen organizado. Es autor de diez libros en los que aborda el explosivo flagelo del narcotráfico.

Entre otros títulos, ha publicado Herencia Maldita (Grijalbo 2006); Narcomex (Debate 2012); Osiel: Vida y tragedia de un capo (Grijalbo 2009); En Manos del Narco (Ediciones B 2017); Los Zetas, La Franquicia Criminal (Ediciones B 2014); Ejecuciones de periodistas: Los Expedientes (Grijalbo 2017) y Los Incómodos I y II (Planeta 2018). Ha sido conferencista en España, Brasil, Perú y Estados Unidos.

Actualmente es director editorial del portal de noticias Contactopolítico.com y columnista del diario electrónico SinEmbargo.com.mx

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