Rosario Piedra, Ombudsman a modo

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se sacó la lotería con el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CHDH):

ignora que hay asesinatos de periodistas en el país y, además, afirma que ella no será un contrapeso para el gobierno. Así que en esta mujer la sociedad no tiene garantías de ver defendidos sus derechos, por el contrario, ella es una extensión del gobierno federal.

En medio de serios cuestionamientos de fraude en el Senado de la República y con una polémica creciente respecto de los crímenes de periodistas, Rosario Piedra tomó protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

            De todo este show, iniciado con el presunto fraude, una segunda votación que no se realizó y una toma de posesión que más bien fue la consumación de una imposición clara y abierta, lo que más llamó la atención –y esa es la parte más preocupante –es que la señora Piedra expresó: ¿Hay asesinatos de periodistas?

            Esto es el claro ejemplo de la ignorancia y de que la señora, aliada política de Andrés Manuel López Obrador, nada tiene que hacer en la CNDH; que hoy más que nunca lo que queda claro es que el presidente necesitaba, y con urgencia, un Ombudsman a modo y que Luis Raúl González Pérez, a quien calificaron de ser salinista, ya les estorbaba porque con su crítica sí trataba de generar un contrapeso frente al autoritarismo de la Cuarta Transformación.

            La propia Rosario Piedra dijo que ella no será un contrapeso para el presidente de la República y que su papel será atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En pocas palabras, parecía decirle al presidente, no te preocupes, no seré una piedra en tus zapatos. Es claro que ella le debe la chamba a López Obrador y debe obedecer.

            Preocupante la ignorancia de la recién ungida presidenta de la CNDH al desconocer que en lo que va del gobierno de López Obrador han sido asesinados trece periodistas y que todos los casos están impunes.

            Además, hay más de 150 casos pendientes desde el año 2000 a la fecha en el país, muchos expedientes fueron atraídos por la extinta Procuraduría General de la República, como los más de veinte crímenes ocurridos en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte y que hasta la fecha no han sido aclarados.

            La expresión de la señoras Piedra --¿Hay asesinatos de periodistas? –ya provocó reacciones fuertes. La organización Periodistas Desplazados México, por ejemplo, presentó una queja ante la CNDH contra la nueva presidenta de la CNDH y calificaron como “lamentables” las declaraciones sobre los crímenes de los periodistas.

            Para esta organización, la expresión indica que la nueva titular de la CNDH ignora el panorama del país, desconoce que el último año –el 2018 –ha sido uno de los más violentos para la prensa mexicana.

            En su comunicado, “Periodistas Desplazados México” marcó su posición, irrefutable el argumento:

            “Creemos que es una violación a los derechos humanos de las familias de los compañeros asesinados. La respuesta provoca una sensación de vulnerabilidad, ante el desconocimiento de tan cruda realidad viniendo de la misma titular de la CNDH, genera incertidumbre y miedo en aquellos que han sido víctimas de ataques a sus personas y familiares por el sólo hecho de informar”.

            La organización de periodistas subraya lo que desde hace tiempo ya se sabe en todo el mundo: que México es el país con más inseguridad para ejercer el periodismo y es el territorio con más comunicadores asesinados.

            Según los periodistas que forman parte de esta agrupación defensora del ejercicio periodístico, la respuesta de Rosario Piedra Ibarra vulnera los derechos humanos de las víctimas, quienes “han sufrido en carne propia la violencia extrema”.

            El tema de los periodistas asesinados será una pesadilla para la nueva titular de la CNDH.

                        El riesgo de informar

 

            Infiltradas las instituciones por parte del crimen organizado, cooptados los municipios y corporaciones policiacas por criminales, el ejercicio periodístico se ha tornado más complicado en los últimos veinte años.

            La violencia extrema contra los comunicadores coincide con la diseminación del crimen organizado a partir del año 2000 –cuando fue derrotado el PRI en las elecciones --, pues los mafiosos se acomodaron en estados y municipios y luego pelearon por alcanzar el poder político. Esto desató la violencia contra los periodistas porque los nuevos gobernantes, en su mayoría miembros de los cárteles, empezaron a responder con violencia.

            El panorama se recrudeció aún más cuando los cárteles del narcotráfico empezaron a enfrentarse por el control territorial. Las investigaciones de la prensa, sobre todo la que investiga los casos de corrupción y crimen organizado, exhibieron los vínculos de políticos con el crimen y el lavado de dinero. Ante este escenario, los implicados en esos turbios negocios decidieron acabar con la vida de los comunicadores.

            Todo se complicó todavía más debido a la impunidad. Desde el año 2000 a la fecha han sido acribillados más de 150 periodistas. Y ningún caso ha sido aclarado.

            De acuerdo con informes de los organismos defensores del trabajo periodístico, “Artículo 19” y Reporteros sin Fronteras”, la mayor parte de los hechos de violencia contra los comunicadores proviene de los alcaldes, autoridades policiacas y del crimen organizado.

            En algunos estados, como Veracruz –uno de los más violentos –se combinaron varios factores para ahorcar a la prensa: la negativa de publicidad, con el propósito de asfixiarlos económicamente; la amenaza permanente por parte de las autoridades y también la violencia directa que culminó, en más de veinte casos, con la muerte o la desaparición.

            Muchos de los expedientes abiertos en Veracruz entre 2013 y 2016, por ejemplo, fueron atraídos por la PGR porque, según el móvil de los crímenes, existían elementos que indicaban la presencia del crimen organizado.

            Tales expedientes fueron llevados a la PGR, pero ahí siguen durmiendo el sueño de los justos porque, hasta la fecha, no hay resoluciones. La impunidad lo envuelve todo.

            En el gobierno de la Cuarta Transformación tampoco parece haber voluntad de aclarar ningún caso, a pesar de que López Obrador se ha comprometido a esclarecer no sólo los temas que tienen que ver con las muertes y desapariciones de periodistas sino con los miles de desaparecidos que son reclamados por sus deudos.

            La administración de López Obrador también carga con su expediente de muerte: en lo que va del gobierno han sido asesinados trece periodistas en diversos estados, los cuales siguen sin aclararse y, peor aún, ya ni siquiera se habla del tema.

            Lo más grave es que en muchos estados siguen las agresiones contra comunicadores y en la mayoría de los casos las amenazas provienen de las autoridades estatales o municipales.

            A mediados de año, cuando se presentaron varias muertes de comunicadores, López Obrador se comprometió a revisar el protocolo de seguridad de que dispone la Secretaría de Gobernación, a fin de que se otorgara seguridad a los periodistas en riesgo.

            Sin embargo, ya no se volvió a informal al respecto.

            Es evidente que al presidente le incomoda la prensa que lo cuestiona y que lo exhibe en sus fallas y contradicciones. El quisiera que todo fueran aplausos y porras, pero por desgracia el ejercicio periodístico se basa en la crítica, en los hechos y en las investigaciones que ponen de manifiesto las fallas del poder.

            Además, es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad en el ejercicio periodístico, lo que evidentemente no se está cumpliendo, y sólo en el terreno de los comunicadores sino en todo el país. El Estado mexicano ya no puede garantizar ni vida ni patrimonio y esta es una falla evidente del Estado.

            Un Estado democrático, como el que se precia encabezar López Obrador, se garantiza con libertad de expresión y respeto a la crítica. De otro modo, aflora la intolerancia y el autoritarismo y, en el peor de los casos, las agresiones contra reporteros que sólo cumplen con su deber de informar.

Rate this item
(1 Vote)
Ricardo Ravelo

Ricardo Ravelo es periodista desde hace 32 años. Fue reportero del semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca y los temas relacionados con el crimen organizado. Es autor de diez libros en los que aborda el explosivo flagelo del narcotráfico.

Entre otros títulos, ha publicado Herencia Maldita (Grijalbo 2006); Narcomex (Debate 2012); Osiel: Vida y tragedia de un capo (Grijalbo 2009); En Manos del Narco (Ediciones B 2017); Los Zetas, La Franquicia Criminal (Ediciones B 2014); Ejecuciones de periodistas: Los Expedientes (Grijalbo 2017) y Los Incómodos I y II (Planeta 2018). Ha sido conferencista en España, Brasil, Perú y Estados Unidos.

Actualmente es director editorial del portal de noticias Contactopolítico.com y columnista del diario electrónico SinEmbargo.com.mx

Tweets al momento

¡Presidente!: Sin Sorpresas https://t.co/Kvo9PZCXfu
Frente a Crímenes de Periodistas, ni una Palabra de AMLO https://t.co/CIZNtzb5Yk @Rravelo27
Un Año Fallido https://t.co/qb6A1UbX4I @Rravelo27
Soberanía, una violación permanente https://t.co/oVIJ9OI9r5 @Rravelo27
Follow Contacto Político on Twitter