Ricardo Ravelo

Ricardo Ravelo

Ricardo Ravelo es periodista desde hace 32 años. Fue reportero del semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca y los temas relacionados con el crimen organizado. Es autor de diez libros en los que aborda el explosivo flagelo del narcotráfico.

Entre otros títulos, ha publicado Herencia Maldita (Grijalbo 2006); Narcomex (Debate 2012); Osiel: Vida y tragedia de un capo (Grijalbo 2009); En Manos del Narco (Ediciones B 2017); Los Zetas, La Franquicia Criminal (Ediciones B 2014); Ejecuciones de periodistas: Los Expedientes (Grijalbo 2017) y Los Incómodos I y II (Planeta 2018). Ha sido conferencista en España, Brasil, Perú y Estados Unidos.

Actualmente es director editorial del portal de noticias Contactopolítico.com y columnista del diario electrónico SinEmbargo.com.mx

Se le acusa de la desaparición, en 2012, del policía de la SSP David Lara Cruz

 

Un juez de distrito en materia federal giró una nueva orden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el delito de desaparición forzada en agravio del expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública David Lara Cruz.

Preso desde 2016 luego de huir del país para refugiarse en un hotel en Guatemala, Duarte de Ochoa fue repatriado a México para enfrentar a la justicia por varios cargos, entre otros, lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude.

El entonces gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, exigió a partir de 2016 que las propiedades de Duarte de Ochoa fueran incautadas, lo mismo que sus cuentas bancarias, para que fueran devueltas al gobierno de Veracruz a fin de devolverle al pueblo lo robado, lo que en estricto sentido no ocurrió.

Varias propiedades fueron aseguradas, localizadas tanto en Veracruz, Ciudad de México y Texas. Sin embargo, éstas no fueron incorporadas como propiedad del gobierno de Veracruz para ser vendidas y así recuperar el dinero desviado en la adquisición de estos bienes. Por el contrario, existen evidencias de que tanto el exmandatario panista como algunos de sus colaboradores se habrían quedado con dichos bienes.

Después de aceptar ser repatriado a México tras una negociación con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Duarte de Ochoa enfrentó a la justicia y fue sentenciado a nueve años de cárcel, los cuales está compurgando en el reclusorio Norte.

Su esposa, Karime Macías, refugiada en Londres, Inglaterra, enfrenta un juicio de extradición para responder ante la justicia mexicana –y en particular a la de Veracruz– por el desvío de poco más de 100 millones de pesos del DIF que ella presidió cuando su esposo fungió como gobernador de aquella entidad entre los años 2011 y 2016.

Javier Duarte se fugó de la justicia faltando tres meses para que concluyera su mandato. Lo hizo a través de un helicóptero propiedad del gobierno del estado que el entonces secretario general de gobierno, Flavino Ríos Alvarado, le envió. Con ello, quien posteriormente fue el gobernador suplente, incurrió en el delito de facilitar la fuga de Duarte, quien entonces ya era perseguido por la justicia. Por esa razón, Flavino Ríos terminó encarcelado tras terminar su periodo de tres meses como mandatario.

Ahora el exgobernador de Veracruz –la herencia de Fidel Herrera a los veracruzanos, quien le cubrió las espaldas– enfrenta un nuevo proceso. Se trata de una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. El exmandatario veracruzano se enteró de la nueva orden de captura en su contra porque interpuso, a través de sus abogados, un recurso o juicio de garantías con el que buscó confirmar si había nuevas órdenes de aprehensión en su contra, lo que finalmente pudo confirmar.

El amparo lo interpuso en julio de este año. De acuerdo con la nueva acusación, el policía David Lara Cruz desapareció el 12 de enero de 2016. Según el resultado del amparo interpuesto, “en el expediente de amparo 212/2020 el juzgado de Veracruz confirmó la existencia de la causa penal 103/2018 por la que Javier Duarte está señalado del delito de desaparición forzada”, por la que existe una orden de aprehensión.

El gobernador de Veracruz fue secretario de finanzas de Fidel Herrera Beltrán, su padrino e impulsor político. En 2010 lo impulsó como candidato del PRI al gobierno veracruzano. A lo largo de seis años, Duarte fue objeto de serios cuestionamientos por el atroz desvío de recursos públicos que, de acuerdo con las acusaciones que pesan en su contra, terminaron invertidos en propiedades dentro y fuera de México, en negocios y en empresas que fueron declaradas como fantasmas; pues sólo existieron para cobrar jugosos contratos y luego fueron desaparecidas. Dichas empresas tenían registradas sus direcciones fiscales en colonias populares y en muchos casos ni oficinas tenían.

El caso de Javier Duarte fue relacionado con un posible delito electoral, pues Veracruz habría sido uno de los estados escogidos para fondear dinero público a fin de que se financiaran las campañas políticas del PRI en 2016, un proyecto que, según las investigaciones, fue diseñado por Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda; el presidente Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, quien en ese año era el presidente nacional del PRI.

Buena parte de los fondos públicos que fueron a parar al PRI salieron del Estado de Chihuahua cuando el gobernador era César Duarte, actualmente preso en Miami, Florida.

El receptor de los fondos del gobierno de Chihuahua fue Alejandro Gutiérrez, secretario general del PRI con Beltrones. Este caso es el único delito electoral –que se sigue a nivel federal– en contra de César Duarte y del que, hasta ahora, no ha sido acusado Javier Duarte. Este último también fue señalado en su momento de entregarle dinero al candidato de MORENA al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac  García Jiménez –el actual gobernador–; quien habría llegado al poder con recursos públicos.

En el caso de Veracruz, el esquema de las empresas fantasmas habría sido diseñado para desviar los fondos públicos. Ese mismo esquema fue utilizado por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Roberto Sandoval, exmandatario de Nayarit; César Duarte de Chihuahua y los hermanos Moreira, exmandatarios de Coahuila, quienes enfrentaron fraudes y acusaciones por desvío de fondos públicos. En el caso de Humberto Moreira, fue acusado de lavado de dinero y detenido por ello en España. El expediente sobre el mismo delito también se integró en Estados Unidos.

Humberto Moreira, como se sabe, renunció a la dirigencia del PRI en 2012, precisamente por la acusación de desvío de dinero público durante su gestión como gobernador.

Su lugar lo ocupó Pedro Joaquín Coldwell, exgobernador de Quintana Roo, quien ahora enfrenta una investigación en la Fiscalía General de la República por la compra, presuntamente fraudulenta, de la planta Agronitrogenados, por cuyo caso está siendo procesado Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien además recibió más de 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña de Peña Nieto en 2012 y también para obtener contratos millonarios de PEMEX.

Para enderezar un posible delito electoral en todos estos casos sólo falta un declarante. Por ahora el único exgobernador vinculado al desvío de dinero público para favorecer a candidatos del PRI es César Duarte, quien es dueño de más de veinte residencias y, hasta antes de su captura, había acumulado más de una veintena de órdenes de aprehensión. Ahora en los casos de fraude y desvío de dinero también se sumó su esposa, Bertha Olga Gómez Fong: en Chihuahua se le acusa de peculado y asociación delictuosa.

 

 

Domina desde Tabasco hasta Baja California, el más amplio corredor de la droga y del robo de combustibles, y se coloca como la segunda organización criminal de América Latina, después del Cártel de Sinaloa.

 

A base de violencia y corrupción, amenazas vía redes sociales, uno de sus nuevos instrumentos de guerra, el Cártel de Jalisco Nueva Generación se posiciona como el segundo grupo criminal a un año y ocho meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el poder. Si su ascenso era fulgurante, el Cártel que dirige Nemesio Oseguera se ha convertido en amo y señor de las rutas de “El Huachicol”, pues ya domina desde el sureste hasta el norte del país. Sus tentáculos atenazan estados como Tabasco, Campeche y Quintana Roo, pero también alcanzan a Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato –ya son los amos tras la captura de “El Marro"–, Jalisco, Sonora y Baja California. En esta última entidad sellaron una alianza con el Cártel de Tijuana Nueva Generación. Por si fuera poco, están presentes en la Ciudad de México, pues se asociaron con el Cártel Unión Tepito. No le ha ido mal a Nemesio Oseguera en el gobierno de la Cuarta Transformación. La política de “abrazos y no balazos” le ha permitido consolidarse como el segundo cártel más poderoso de la República mexicana.

 

Tras la caída de José Antonio Yépez, “El Marro” –jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima– el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se colocó como la segunda fuerza criminal del país, abajo del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la organización que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, sigue conquistando territorios y actualmente ya domina un amplio corredor que abarca desde el sureste hasta el norte de la República.

Con apenas quince años de existencia, el Cártel de Jalisco irrumpió como un grupo ligado al Cártel de Sinaloa y a “Los Cuinis”, éste fue encabezado por Gerardo González Valencia, cuñado de “El Mencho”, quien purga una larga condena en el penal de Puente Grande, Jalisco, y se caracterizó por operar el narcotráfico a través de buques de carga procedentes de Europa, Asia y algunos países de América Latina como Colombia y Venezuela.

Luego de romper con Sinaloa, comenzó el ascenso de Oseguera Cervantes y su grupo criminal. Al igual que lo hicieron Los Zetas en su época, el CJNG diversificó sus actividades: puso en marcha los secuestros y a la par las extorsiones, venta de drogas químicas, robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, entre otras, que lo comenzaron a posicionar en todo el país.

El Cártel de Jalisco, además, es el segundo más poderoso en la exportación de cocaína y mariguana a Estados Unidos. Cálculos de la DEA estiman que esa organización criminal introduce unas quince toneladas de droga trimestrales a la Unión Americana, pero el trasiego más fuerte lo realizan con las drogas sintéticas, las cuales tienen amplia demanda en Estados Unidos.

En el territorio nacional, el CJNG controla veinte entidades federativas. Antes de la captura de “El Marro”, Guanajuato fue epicentro de una lucha armada entre los cárteles de Santa Rosa y el CJNG. Además del control del mercado de las drogas, la plaza interesaba a “El Mencho” porque esa entidad está entre las más boyantes del país; es una zona comercial e industrial donde se mueve mucho dinero, nada más preciado para desarrollar una industria criminal basada en el secuestro y las extorsiones.

Pero “El Marro” no estaba dispuesto a negociar ni a dejar la plaza y decidió pelear: esto derivó en que la región de “El Bajío” se convirtiera en la más violenta del país.

Luego de la caída de “El Marro” –fue detenido en flagrancia tras el secuestro de una empresaria de Apaseo El Alto, Guanajuato, junto con cinco secuaces–, el CJNG se apoderó de esa entidad y, con ello, amplió el boyante corredor que ahora explota.

Y es que ahora el CJNG domina la ruta de trasiego de drogas y de “huachicol” más amplia de todo el territorio nacional. El grupo criminal que dirige “El Mencho” controla los estados de Tabasco y Campeche; de aquí se conecta con Quintana Roo, otro de sus feudos claves. También está posicionado en Veracruz y Puebla, zonas huachicoleras, y sus tentáculos alcanzan a Hidalgo, otro estado estratégico para el robo de combustibles, y enseguida salta a Querétaro y Guanajuato. Esta segunda entidad les interesaba porque pueden operar con todas sus actividades criminales. Sigue Jalisco, su territorio base, y continúa su red hasta los límites con Sinaloa, entidad donde no han podido penetrar por la guerra que enfrenta con Iván Archivaldo, José Alfredo y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo, y con “El Mayo” Zambada, quien, según la DEA, es el verdadero líder de ese Cártel. El control territorial del CJNG sigue avanzando por todo el norte de la República y llega a Sonora y Baja California. En este segundo estado selló una alianza con el Cártel de Tijuana Nueva Generación, renovado con sangre joven, aunque sigue manteniendo ligas con la familia Arellano Félix, fundadores en la década de los ochenta de esa organización criminal.

De acuerdo con informes oficiales –incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador pregonó en su conferencia mañanera del viernes 14 de agosto que, con la captura de “El Marro”, Guanajuato ya no ocupa el primer lugar en violencia– la estructura criminal de José Antonio Yépez Ortiz está intocada; lo mismo que su base financiera y la amplia red de clientes, principalmente gasolineros, que compraban combustible robado.

No es todo: también está intacta la base de protección política y policíaca que disponía “El Marro” para mantenerse impune en sus actividades criminales. Y, hasta donde se sabe, no existen investigaciones que apunten al desmantelamiento de este andamiaje político y criminal.

Con este crecimiento exponencial, el CJNG se colocó en la segunda organización más poderosa del país y disputa con el Cártel de Sinaloa el control de otros territorios.

Entre ambos cárteles hay marcadas diferencias. No se compara el Cártel de Jalisco con el de Sinaloa. Éste último está considerado por el gobierno de Estados Unidos como el más poderoso del planeta. El que dirige “El Mencho” tiene controles en América Latina solamente, pero continúa en ascenso.

           

El poder de “El Mencho”           

Bajo el mando de Nemesio Oseguera, el CJNG estructuró una base de operaciones en todo el Estado de Jalisco –su principal feudo–; pero su principal fuerza y poder radica en la protección oficial de que dispone. Con base en ello, se extendió a lo largo y ancho de la República, como lo demuestran los informes de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.

A lo largo y ancho del Estado de Jalisco, por ejemplo, crearon redes para la distribución de drogas, al tiempo que la estructura fue creciendo conforme las necesidades se fueron presentando. Así, el Cártel logró llevar a cabo una división muy buena de sus actividades: distribución, operaciones financieras, estructura de sicariato, relaciones públicas, alianzas con autoridades municipales y protección policíaca permanente; a fín de que el negocio no sufriera ninguna perturbación. Para todas las necesidades que surgieran tenían soluciones y hombres dispuestos para efectuar la tarea. Este modelo de operación y de negocio lo repitieron en cada entidad que fueron conquistando. Y les ha dado resultados.

Los crímenes perpetrados en Jalisco, Guanajuato y otros estados, pusieron en evidencia no sólo el poder del Cártel de Jalisco, sino la red de vínculos entre sus integrantes con altos funcionarios del gobierno y el nivel de protección que disponía el Cártel encabezado por Oseguera Cervantes.

En varias investigaciones criminales salieron a flote evidencias sobre la estructura criminal con la que cuenta el CJNG en Jalisco, donde radica su base de operaciones. Entre ellas, la que se integró en Jalisco tras el crimen del secretario de Educación Pública durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, Jesús Gallegos Álvarez, señalado de lavar dinero para el Cártel de Los Caballeros Templarios. Junto a esto, los apoyos policíacos, el modelo de negocios y el alto nivel de infiltración que lograron durante el gobierno del priista Sandoval.

Algunos testigos que formaron parte de la organización que encabeza “El Mencho”, hablaron sobre cómo es por dentro el CJNG, cómo opera, cómo está estructurado y qué funcionarios están ligados al tráfico de drogas.

Jonathan García García, conocido como John Perro, uno de los más temibles, fue presentado ante las autoridades el 5 de mayo de 2013. En su declaración, este sujeto se autodescribió como una persona que no le gusta trabajar y da cuenta de un entorno familiar hostil; por lo que decidió involucrarse con bandas criminales.

Dijo: –“Yo viví en la colonia El Retiro de esta ciudad de Guadalajara hasta los 11 años de edad porque después me fui de la casa por problemas con mi papá, él me golpeaba mucho, decía que yo era muy desordenado y pleitista y mi madre siempre me mandaba a trabajar y ella me exigía que le entregara dinero. Los trabajos que yo tuve de niño mi madre me los conseguía en talleres mecánicos, pero mi carácter pleitista no me dejaba ser una buena persona”.

Añadió: –“Luego me recomendaron con la empresa Cártel de Jalisco, donde estuve a prueba, pero como yo siempre he tenido un intelecto muy alto comencé a encargarme de la venta de droga en los bares de la zona centro de Guadalajara y gracias a esto yo empecé a subir en la organización y me hice buen amigo de los dueños de antros y bares ya que cuando tenían broncas con el gobierno yo les apoyaba, lo cual hizo que las ventas de drogas en la zona centro de Guadalajara subieran muchísimo, ya que generaban entre 80 mil y 120 mil pesos diarios y todo eso se lo entregaba al patrón, a quien conocíamos con el nombre de Spanky, él me hacía participar en ejecuciones en Jalisco y además participaba en levantones para alinear a vendedores de droga que andaban chapulineando (brincando de un grupo a otro) , es decir, que querían brincar de cártel”.

Después de hablar respecto a los movimientos que se dieron en distintos momentos en el Cártel de Jalisco, explica en su declaración cómo está conformada la estructura del mismo. Explicó, por ejemplo, que el jefe es Nemesio Oseguera Cervantes, quien responde al apodo de “El Mencho”. Que él se encarga de controlar todo el sistema financiero de la organización en Jalisco y en los estados donde opera este cártel.

Expuso que Oseguera también controla a los grupos de choque, matones y sicarios en general, que son los que él utiliza para asesinar a rivales o a miembros del cártel que incurran en traiciones o fallas que ponen en riesgo a la empresa criminal.

En su testimonio reveló, por ejemplo, que el jefe de la plaza de Guadalajara se llama Daniel Quintero Riestra, quien, según afirma, también utiliza varios nombres falsos: Oswaldo Quintero Juárez, Erick Santiago Gómez, Heriberto González Gómez, Fernando Hernández Guzmán. Daniel, dice, también es ampliamente conocido como “El Dandy Quintero”, quien también controla la parte administrativa de la organización y tiene a su cargo el reclutamiento de personal para el Cártel de Jalisco, para la distribución de drogas, y funge como receptor de las indicaciones respecto de cuándo se debe ejecutar a un rival o a un traidor.

En su testimonio dijo, además, que debajo de “El Dandy Quintero” está su mano derecha que responde al nombre de Gregorio Pelayo Chávez, a quien en la organización se le conoce como “El Camarón”, quien fue Policía Judicial y se encarga de girar las órdenes de “El Dany” sobre las personas que ya están en lista para ser ejecutadas por los sicarios del cártel.

“El Camarón”, dice el testigo a su vez, tiene el apoyo de otro elemento que fue Policía Judicial y al que se le conoce como “El Padilla”. Este se encarga de arreglar “las brincas” del personal del Cártel de Jalisco cuando los detienen. Él es quien pasa información sobre los operativos que va a realizar la Policía en alguna de las colonias y de esa forma “El Dany Quintero” desplaza a su gente para que no los detengan.

“El Padilla” también se encarga de frenar los operativos cuando estos van a afectar a la organización. A cambio de un saludo, dice, se le entrega una suma de dinero, él detiene los operativos y los desvía para que no afecten al Cártel de Jalisco.

El otro día –refiere García García en el expediente– un miembro del cártel al que le decíamos “El Tripa” balaceó con una R-15 a uno de sus vecinos nada más porque lo volteó a ver feo. Le lesionó las piernas a balazos y al poco rato llegó gente de la policía y se los llevaron a todos detenidos, pero “El Padilla” se arregló con el Agente del Ministerio Público y así fue como dejaron libre al “Tripa”, al “Chato” y al “Paco”.

De acuerdo con el testigo, Gregorio Pelayo Chávez, “El Camarón”, tiene su grupo de choque, como se le da en llamar. Es decir: sus sicarios y de los cuales recuerda a uno que le dicen “El Cuatro”, a otros les apodan “El Gafe” y “El Nieve”, personas que, según él, son exmilitares; pero de los que desconoce sus nombres.

Refiere, además, que “El Cuatro” es quien se encarga de comprar las armas que se utilizan por parte del personal del Cártel de Jalisco en esta ciudad (Guadalajara), las cuales, según tiene conocimiento, se compran en la ciudad de México y en Toluca. Pero desconoce a quien se las compren. Y es que este grupo compra sus armas nuevas para evitar que ya traigan broncas anteriores.

 

La expansión nacional

A sangre y fuego, el CJNG se entronizó como el segundo grupo criminal más poderoso de México. Es el que mejor maneja sus estrategias de guerra y amenazas a través de las redes sociales y ya ha dado muestras de su poderío bélico, lo que quedó fuera de duda con el ataque –aunque fallido– en contra de Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, el pasado 26 de junio. Un grupo armado, contratado exprofeso para tal fin, cerró el paso al funcionario cuando se dirigía a una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Aquel grupo conformado por unos treinta hombres portaban armas largas, Barrets, rifles de asalto y cuernos de chivo, AK-47, además de granadas de fragmentación.

Actualmente, el CJNG ha sentado sus reales en la Ciudad de México, uno de sus nuevos territorios conquistados gracias a la alianza que selló con el Cártel Unión Tepito, el mejor organizado de la capital del país.

A lo largo de un año y ocho meses de gestión gubernamental, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha descabezado a dos cárteles: A “Los Rojos” con la aprehensión de Nazario Mazari, “El Carrete”, y al Cártel Santa Rosa de Lima con la captura de su líder, José Antonio Yépez Ortíz, “El Marro”.

El resto de los grupos criminales siguen intocados y en expansión, como es el caso del CJNG.

           

 

 

Ha comenzado en las redes sociales y en los medios de comunicación la guerra política entre el Gobierno de la Cuarta Transformación y la derecha. Desde la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador afinó la estrategia de lanzar los primeros misiles a través del testigo convenido Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para destapar los drenajes de la corrupción que se orquestó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El propósito fue entregar los recursos naturales a los intereses extranjeros a través de la Reforma Energética; la cual se aprobó mediante sobornos a diversos legisladores.

Para eso trajeron a México a Emilio Lozoya, con quien la Fiscalía General de la República (FGR) negoció su allanamiento para que renunciara a la batalla legal que libraba en España; y así poder integrar un expediente que permitiera sacar a la luz pública buena parte del entramado de corrupción tejido durante el sexenio anterior.

Para lograr sus objetivos mediáticos y políticos, López Obrador ha puesto en evidencia que la FGR no es autónoma sino una aliada de su proyecto, pues sin recato alguno –sin considerar las violaciones al debido proceso ni a la secrecía de la investigación– se han filtrado las piezas medulares de la carpeta que se integró tras las primeras declaraciones de Lozoya. En las mismas acusa al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de la planeación estratégica para concretar el saqueo a PEMEX con la compra de la planta Agronitrogenados. Los incrimina en la recepción de los sobornos de Odebrecht y la compra de votos en el Congreso a través de pagos millonarios a los legisladores. Así se logró la aprobación de la Reforma Energética, el instrumento del entreguismo.

Videgaray, además, formaría parte de otra investigación federal: la que implica por delito electoral al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de entregar dinero público para apoyar las campañas de varios candidatos del PRI en 2016.

Según la investigación a cargo de la FGR, el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones, entonces dirigente del PRI, tramaron el plan. El entonces Secretario de Hacienda fondeó dinero en varios estados –Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, por citar sólo tres– y desde esas administraciones estatales se hizo el despliegue de recursos que, supuestamente, se entregaron al PRI para el financiamiento de las campañas de sus candidatos; donde fueron habilitados hasta personajes del crimen organizado como abanderados de ese instituto político.

Sigamos con Lozoya. Al analizar el video con los paquetes de dinero, los cuales se cuentan en una oficina del Senado de la República, se observan bolsas con billetes de 500 y de 200 pesos. Aquí se infiere que esa suma millonaria se entregó a varios legisladores a cambio de su voto, pero lo cierto es que esos legisladores beneficiados nunca aparecen en la videograbación. Aunque Lozoya asegure en su declaración que el dinero fue precisamente para comprar el voto de los senadores, pues en todo caso tendrá que probar su dicho, con otro video, con documentos firmados u otras evidencias que acrediten que los recursos se entregaron directamente a los interesados. Esto será difícil de probar.

Por ello, cobra sentido que un elemento –el video–, que no es contundente para probar un delito, se filtre con tanta facilidad a los medios de comunicación; pues cumple un cometido mediático y político. Dicha filtración se atribuye al hermano de Lozoya. La FGR, por su parte, se deslindó de la filtración e informó que inició investigaciones por ello. Sin embargo, la FGR y Lozoya eran los que contaban con dicha evidencia, a menos que desde Palacio Nacional el Presidente haya solicitado la difusión del video, como lo sugirió al decir que todo México debía ver y escuchar las declaraciones de Lozoya. A López Obrador se le quemaban las habas para que el video acusador fuera difundido y se exhibiera cómo se entregan las bolsas de dinero en el Senado de la República. El video perturba, en efecto. No acredita que se entregó a senadores, pero cualquiera puede imaginar lo que vino después.

Es decir, el Presidente López Obrador –amante del escándalo mediático– era el principal interesado en que se generara este incendio político y exhibir a senadores panitas –hoy flamantes gobernadores– como parte de la corrupción sistémica del poder político. Es el caso del panista Francisco “Pancho” Domínguez, mandatario de Querétaro, quien además arrastra señalamientos, desde meses atrás, por el escándalo de la caja popular La Libertad. En esta,  presuntamente se lavaba dinero del narcotráfico, de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas. El defensor de esa empresa actualmente intervenida por la FGR era Juan Collado –el abogado de la mafia– actualmente preso por ese caso.

Se trataba de exhibirlos con el video, tal y como el propio López Obrador fue exhibido y cuestionado, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando René Bejarano –entonces su secretario particular– fue videograbado recibiendo fajos de dinero. Se los metía en las bolsas de su saco con ligas y todo. Justo cuando el empresario Carlos Ahumada, contratista principal del Gobierno perredista de entonces y novio de Rosario Robles, pagaba sobornos o diezmos a gente de confianza de López Obrador a cambio de millonarios contratos de obra pública. Era evidente que Bejarano cobraba por su jefe, pero esto sólo se infiere del hecho, pues no fue probado fehacientemente. En ese caso, López Obrador fue raspado, aunque pudo librarse de ese escándalo.

No todo termina en el video. Por si fuera poco, algunos días después de rendir sus primeras declaraciones ante la FGR, Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos en la que acusa al expresidente Peña Nieto, Luis Videgaray, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, excandidatos presidenciales, entre otras figuras políticas del pasado, de formar parte de una estructura poderosa para entregar los recursos naturales a intereses extranjeros.

En este grupo también resultó implicado Daniel Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, quien es investigado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Tales vínculos no son nuevos: datan de 2010, cuando quiso ser gobernador. En ese tiempo ya se conocían sus andanzas en Estados Unidos, sus negocios sucios y sus relaciones con el crimen organizado. Sin embargo, el entonces presidente Felipe Calderón lo cobijó.

Lozoya señala a Salinas de Gortari de haber sido asesor para el PAN en todo el proceso de la Reforma Energética; de Anaya, dice que recibió 6 millones de pesos de parte de Videgaray por su silencio y también para operar con los diputados y senadores panistas la aprobación de dicha reforma. Todo esto resultó un verdadero salpicadero de estiércol. Cada uno de los acusados respondieron negando los hechos. Los más elocuentes fueron Francisco Domínguez, Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca y Luis Videgaray. Este último respondió a través de su cuenta de Twitter negando los hechos; y dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades de ser llamado a declarar. Carlos Salinas, quien presuntamente vive en Reino Unido, se ha mantenido hasta ahora replegado del escándalo, agazapado ante la tormenta.

¿Quién filtró la denuncia de hechos íntegra de Emilio Lozoya? Nadie lo sabe. Pudo haber salido de la FGR –donde el exfuncionario federal la presentó– o bien fue una orden del Presidente López Obrador que se filtrara a los medios; para robustecer el escándalo mediático y político.

Ante todo este escenario confuso y revuelto, cabe plantear si las evidencias conocidas hasta ahora le alcanzarán a la FGR para llevar ante los tribunales a todos los implicados en esta madeja de corrupción. Más allá que se puedan probar fehacientemente las acusaciones de Lozoya, sería muy lamentable que este asunto quedara sólo en la denuncia pública, pues el Gobierno de la Cuarta Transformación sería blanco de críticas por mantener en la impunidad a esta cauda de criminales de cuello blanco.

Pero todo indica que en este caso no se aplicarán los “abrazos y no balazos”. Aquí parece que habrá escándalo mediático, linchamiento político y consignación de la carpeta de investigación para que todos sean llamados a cuentas. Mucho dependerá del trabajo que realice el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien no la tiene fácil.

Lo ideal es que el caso llegue a los tribunales, como ya se dijo, y se resuelva en las autoridades judiciales. Los implicados en el escándalo tienen derecho a defenderse y lo harán. Disponen de todos los recursos para ello. Esta será, sin duda, la prueba de fuego para Alejandro Gertz Manero, quien se juega su puesto como Fiscal.

Pero la derecha no se ha quedado paralizada por el golpe de Lozoya. Este jueves comenzó a circular otro video, presuntamente filtrado a las redes sociales, donde aparece Pío López Obrador recibiendo dinero de parte de David León, anterior Coordinador de Protección Civil y en 2018 funcionario del gobierno de Chiapas que encabezaba Manuel Velasco, actual senador de la República. Recientemente David León ha sido nombrado por el presidente López Obrador como responsable de la distribución de medicamentos en el país; pero su toma de posesión se detuvo tras la difusión del video.

La entrega de dinero al hermano del Pesidente –se calcula que esto fue como en el año 2018– fue para reforzar las operaciones de MORENA en Chiapas; previo a la elección presidencial de julio de ese año.

El video muestra que ambos están en un restaurante, donde Pío recibe un paquete de dinero. Otro paquete le es entregado en una casa, presuntamente propiedad de David León, en la que además se escucha que David León le dice a Pío: “—Aquí te traigo 400”. Y añade: “—Hazle saber al licenciado que lo estamos apoyando”. En ese año (2018) Pío era operador de MORENA en Chiapas.

Tras la difusión del video, la respuesta de David León no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter dijo: “Respecto al video, debe tener aprox 5 años de antigüedad. De nov de 2013 a nov de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

Así la guerra de los videos.

 

De pronto el mundo se paralizó. Un virus, el COVID-19, presuntamente producto de la guerra entre China y Estados Unidos, detuvo al planeta y a los seres humanos  –quienes no somos más que parte de la vida orgánica–. Y nos vemos en la necesidad de encerrarnos en nuestras casas para evitar el contagio personal y de otras personas.

La vida social se deprimió en todo el mundo. Los teatros, cines, plazas públicas y cerradas bajaron sus cortinas. Los restaurantes, bares, cantinas y trattorias cerraron sus puertas. “Sólo hay servicio para llevar”, rezan las leyendas colocadas a la entrada de restaurantes. Ninguna persona puede ingresar, pues de hacerlo los dueños de los negocios son multados.

No queda más lugar que la casa, el espacio cerrado, viendo los rostros de la esposa, los hijos y los abuelos, a los que quizá veíamos de vez en cuando y ahora los tenemos que ver aunque nos aburramos o querramos estar con los amigos, dispersos en el limbo. Pero está prohibido salir. La radio y la televisión bombardean con el insoportable “quédate en casa”.

Todo esto, sin duda, es una lección de vida. De ser un virus mortal, el COVID-19 nos trae también muchas enseñanzas; aprendizajes que, quizá, no hemos valorado en otras circunstancias. Se nos ha olvidado lo esencial: el amor por la familia, por los viejos abuelos, por los hijos, fruto del amor que depositamos en nuestra pareja.

Aunque cueste trabajo, hay que verle el lado positivo a este momento trágico. Por todas partes hay muertos, en unos países más que en otros, dependiendo de las condiciones económicas y sociales de cada nación. Pero a la pandemia hay que sacarle una ganancia y esa se llama aprendizaje.

 

¿Qué debemos aprender de la pandemia?

Mucho. Debemos aprender a estar con nosotros mismos, a vernos, a recapacitar en nuestros actos y a valorar que la vida tiene sentido a pesar de todo lo que está ocurriendo.

Este es un momento muy difícil desde el punto de vista social y humano, pero no es el final. Si cada uno de nosotros reflexionamos respecto de lo finito y vulnerable que somos; si reparamos en la muerte, en el momento de nuestra muerte, que puede llegar en cualquier segundo, en realidad le sacaríamos más provecho a la vida y viviríamos la realidad y no lo que imaginamos o deseamos; porque eso no es la realidad.

El deseo genera sufrimiento, la aceptación trae consigo paz interior. No podemos vivir pensando en lo que no tenemos y olvidarnos de lo que realmente tenemos. Eso es vivir en la fantasía, es decir, en el vacío y en la nada, de ahí el sufrimiento. Decía Peter Ouspensky –célebre filósofo ruso y autor del libro “El Cuarto Camino”– que el 98 por ciento del sufrimiento humano es imaginario. Sufrimos por todo, hasta por lo que no ha ocurrido. El hombre, apunta Ouspensky, puede renunciar a todo, a cualquier placer; menos al sufrimiento.

Nos da miedo la muerte. Pero la muerte no es tragedia: es un verdadero acontecimiento. Ovidio decía que la muerte es como un sueño. A la muerte no hay que verla como lo más trágico: la muerte es parte de la vida y es un proceso que todos vamos a enfrentar. Por eso esta experiencia vivida con el COVID-19 no debe asustarnos: debemos aprovechar la ocasión, este momento, para acomodar nuestra vida, serenar nuestra mente, reflexionar sobre lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal; y las consecuencias de nuestros actos.

El mundo no tendrá una solución para todos al mismo tiempo. La solución a muchos problemas empiezan con lo que hagamos nosotros mismos en lo personal. El cambio es personal. Debemos trabajar con nuestra conciencia y abrirnos al crecimiento humano. A esa belleza que todos los seres humanos tenemos dentro. Descubrir nuestras debilidades y nuestras fortalezas y darnos cuenta que el sentido de la vida no está en acumular bienes materiales sino en el amor, en lo más simple, en lo sencillo, en el vacío –de acuerdo con las enseñanzas del pensador chino Lao Tse–. De este sabio se puede citar prácticamente todo lo que expresó y pensó, sobre todo en su obra cimera, el “Tao Te Ching”, uno de los pilares filosóficos de la cultura universal de procedencia oriental.

Entre sus varias concepciones planteaba que: “Quien pretende el dominio del mundo y mejorar éste, se encamina al fracaso”. También nos regalaba su erudición al enunciar: “Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre, es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo, es poderoso”. Para  luego ratificar esta verdad: “Quien no es feliz con poco, no lo será con mucho”. Con lo que apela a la importancia de lo austero y adiciona: “Deja de pensar y termina con tus problemas”. Hasta aconsejarnos sobre cómo mirar al mundo desde nuestra individualidad: “Observa todo lo blanco que hay en torno tuyo, pero recuerda todo lo negro que existe”.

Estos tiempos difíciles –y de encierro obligatorio– son para reflexionar sobre nuestras vidas, para aterrizar en nuestras respectivas realidades. Quien soy, de dónde vengo, a dónde voy… son preguntas que el hombre debe hacerse permanentemente. El conocimiento de sí mismo es y ha sido, a través del tiempo, el trabajo más importante que el ser humano ha realizado y debe realizar en la vida. No se trata de poner la mirada en los otros. No. Se trata de mirarnos, escudriñarnos, conocernos y aprender a cada instante de nosotros mismos.

Es cierto que hoy está prohibido viajar. Es irresponsable hacerlo porque el riesgo de contagio y de muerte es elevado. Pero bien podríamos experimentar un viaje interior: la autoexploración, para repasar nuestra historia de vida, nuestros actos bellos, nuestras fallas; y llamarnos a cuentas para corregir lo que no nos guste de nosotros. Respecto a los otros, nada más podemos hacer que brindarles cariño.

Para las parejas, sin duda es un momento difícil. Sobre todo para aquellas que no han construido una buena relación y ahora deben convivir, aunque no quieran, todos los días y por tiempo indefinido juntos. Es momento de preguntarnos, entonces: ¿para qué quiero una pareja? ¿Para que me haga feliz? ¿Para que se ocupe de mi? No, para eso no es una pareja.

La pareja no tiene la responsabilidad de hacer feliz a nadie, ni de procurar el bienestar de nadie. La felicidad, el bienestar, es un trabajo estrictamente personal, no depende del marido, ni de la esposa, ni de los hijos. Sólo de nosotros.

Y esa construcción sobre nosotros mismos nos hace diferentes, pero para lograrlo es imprescindible observarnos. Se requiere atención, atención y atención sobre nosotros mismos, sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos. Pero sin juzgarlos. Sólo observar y observar. Así se va uno conociendo. Y este trabajo es permanente, a cada instante, caminando, hablando con los otros, en todo momento no debemos dejar de observarnos.

También podemos escribir nuestros pesares, llenar hojas y hojas con todo el sufrimiento que llevemos dentro, nuestras experiencias dolorosas o no; y luego leer. Así se aprende también de todo lo que se mueve en nuestro interior.

Este trabajo de autoconocimiento –sin duda– es más importante que la evasión ante el televisor. La televisión, sino toda, es poco constructiva: mucho de ella divide la atención, nos separa de los otros y, peor aún, nos aleja del contacto interior. Hay que ser muy selectivos a la hora de ver un programa, ser exigentes con los contenidos y no fugarse de la realidad. La mejor diversión es hacer contacto a cada momento con nuestra realidad, con nosotros mismos, y aceptar lo que tenemos y lo que vivimos. Si nos oponemos a esa corriente, sufrimos; pero si aceptamos, fluimos.

Quizá podamos hacer muy poco por los demás en estos tiempos trágicos; pero podemos hacer mucho por nosotros mismos. Estos son tiempos de autorresponsabilidad y de crecimiento interior.  Aprovechemos el tiempo. No hacer nada puede ser constructivo. No hacer nada no significa perder el tiempo: es una forma de hacer algo. No hacer nada permite abrir la mente a lo maravilloso, lanzar preguntas al universo, perdonarnos por los actos que hemos hecho y nos han golpeado la conciencia.

Si algún desarrollo puede alcanzar el ser humano está en el crecimiento de su conciencia. Eso lo hará diferente. Por eso considero que, a pesar de las muertes y del miedo, el COVID-19 nos ofrece una parte no negativa: porque nos invita a crecer como seres humanos y ser más conscientes de nuestras realidades. No todo lo considerado comúnmente negativo es negativo, reza una máxima importante. El trabajo sobre la conciencia empieza con la auto-observación permanente. Si nos vemos a nosotros mismos vamos aprender más que mirando hacia afuera, donde la otra realidad sólo distrae y sume al ser humano en el más profundo de los letargos.

 

Preso en Estados Unidos por servir a los intereses del Cártel de Sinaloa; acusado de brindar protección a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo –quien compurga una cadena perpetua en Estados Unidos por delincuencia organizada–, Genaro García Luna empezó a ser cuestionado en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón por sus nexos con el narcotráfico. En particular, con el cártel mencionado. De acuerdo con la DEA, el más poderoso del mundo.

Desde la cárcel donde está recluido ha ofrecido en un par de ocasiones pagar una fianza de dos millones de dólares –la primera oferta fue de un millón de dólares– para que el fiscal de su causa lo dejara en libertad, ya que argumenta que puede contagiarse del coronavirus. Ambas solicitudes le fueron negadas.

Las razones: es considerado un personaje peligroso que puede fugarse, ya que tiene amplios contactos políticos y criminales que lo pueden ayudar a evadir la acción de la justicia, según el criterio de las autoridades estadunidenses.

A continuación se relatan las acusaciones que en su momento le fueron hechas tanto a él mismo como a sus colaboradores más cercanos que lo acompañaron desde que fue Director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el gobierno de Vicente Fox, y posteriormente como Secretario de Seguridad Pública, en la administración de Felipe Calderón. Tales acusaciones  salieron a flote en el sexenio de Fox, donde García Luna fue un estratega policíaco. Ocupó la titularidad de la Agencia Federal de Investigaciones, una copia bastante degradada del FBI. Nadie imaginaba entonces que el funcionario federal ya tenía nexos criminales, de acuerdo con los expedientes consultados.

Y es que varios de sus colaboradores cercanos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron acusados de corrupción y de tener ligas con el narco desde el año 2008. Sin embargo, García Luna nunca destituyó a ninguno de ellos, por el contrario, los cobijó y los mantuvo en sus respectivos cargos.

Por ejemplo, Mario Velarde Martínez, quien durante el gobierno de Vicente Fox fungió como secretario particular de García Luna en la AFI, tuvo tratos con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. De acuerdo con las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República, este personaje era parte de la red de funcionarios que colaboraba con el crimen organizado.

En aquel momento, Velarde era el quinto hombre cercano al entonces Secretario de Seguridad Pública que era investigado por la PGR. Entonces estaba adscrito a la División Antidrogas de la Policía Federal en la SSP.

En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, integrada durante la llamada “Operación Limpieza” –que permitió la captura de altos funcionarios de la SSP y de la PGR por servir al crimen organizado, en particular al Cártel de Sinaloa–, Alberto Pérez Guerrero, identificado como testigo protegido con el nombre de “Felipe”, pormenorizó las complicidades de exfuncionarios policíacos con el narco:

Según “Felipe”, Velarde Martínez y Ricardo Gutiérrez –exdirector de la Interpol México y quien fue arraigado durante el gobierno de Calderón por sus presuntos nexos con el narco– tenían en común su amistad y presuntos negocios de venta de información con José Antonio Cueto, señalado en ese tiempo como responsable de reclutar e infiltrar a funcionarios para brindarle información a los hermanos Beltrán Leyva sobre operativos, órdenes de aprehensión, investigaciones y extradiciones.

Narra el testigo protegido “Felipe”:

“A principios del año 2007, el licenciado Mario Arturo Velarde Martínez se desempeñaba como director de área y es amigo cercano de Cueto, de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Me pidió información sobre dos asuntos de los cuales no recuerdo en las oficinas de Interpol, en los que tenía conocimiento Cueto, por los cuales me dio Velarde Martínez la cantidad de 4 mil dólares, de los cuales 2 mil entregué a Cueto”.

El mismo día de esta declaración ministerial, realizada en la Embajada de México en Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA) entregó a la PGR una fotografía del cercano colaborador de García Luna, quien ya formaba parte de las investigaciones y de los expedientes oficiales.

La imagen fue presentada al testigo, quien lo identificó de entre cinco fotografías de otros funcionarios que ya estaban siendo investigados tanto en México como en Estados Unidos por servir al crimen organizado.

“Felipe” tenía información sensible, había sido agente de la PGR y su último cargo fue haber sido Comisionado de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: e identificó el rostro de Velarde Martínez.

Por ello, conocía a los colaboradores ligados al narcotráfico cercanos a García Luna. Entre otros, a Ricardo Gutiérrez, director de Interpol-México; Ricardo de la Guardia, exdirector de Despliegue Regional e Interpol; Miguel Colorado, ex coordinador de Servicios Técnicos de la SIEDO –hoy SEIDO– y al Capitán Fernando Rivera, exdirector adjunto de Servicios Técnicos de SIEDO.

Otros fueron arraigados, pues ya se tenían datos y evidencias de sus vínculos con el Cártel de Sinaloa y, en particular, con la célula de los hermanos Beltrán Leyva. Sus nombres: Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP; Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de Operaciones de la PFP –éste fue ejecutado durante su etapa como testigo colaborador, mientras tomaba café en un Starbucks en la colonia Del Valle de la Ciudad de México–; Gerardo Garay Cadena, entonces jefe de la Policía Federal Preventiva y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol-México.

 

La red criminal

Mario Velarde negó los cargos y los nexos que le imputaron con el narcotráfico. Pero no fue suficiente: un testigo protegido de la DEA y de la PGR reveló que servía a los intereses del Cártel de Sinaloa.

El testigo lo describió tal cual es físicamente. Dijo: “Mario Velarde Martínez es de tez blanca, cabello negro corto y ondulado, mide un metro con 65 centímetros de estatura, tiene entre 38 y 40 años de edad, es de ojos color negro, nariz regular, con frente un poco pronunciada”.

Y añadió: … “Tiene un tic nervioso de estarse jalando los pellejos de los dedos pulgares y que casi siempre tiene curitas en los dedos por ello y que cuando lo conoció el declarante, era el secretario particular del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, pero después se fue como director de Enlace Externo en Interpol y más tarde quedó bajo las órdenes de la licenciada Maribel Cervantes, en la Policía Federal”.

Otro de los colaboradores de García Luna –Ricardo Gutiérrez– fue indiciado porque dos testigos protegidos lo acusaron de proteger los movimientos de Rey Zambada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El testigo también dijo que le vendía información a los Beltrán Leyva.

De acuerdo con el testigo y las investigaciones que entonces realizó la PGR, el exmilitar Roberto García –quien estaba adscrito a la Coordinación Técnica de la SIEDO– fue comprado por el Cártel de Sinaloa, pero cuando lo detuvieron pidió acogerse al Programa de testigos protegidos y fue identificado con el nombre de “David”.

En aquella ocasión, el testigo relató que once años atrás “El Rey Zambada” –hermano de Ismael Zambada García– era conocido como “El licenciado Óscar” para tratar con comandantes y funcionarios federales. Conocía a José Antonio Cueto desde los tiempos de la Fiscalía Antidrogas (FEADS).

Dijo el testigo: “Cueto conoció a todos los comandantes de la Policía Judicial Antidrogas, esos comandantes le presentaron al licenciado ´Oscar´ –o sea Rey Zambada– y añadió el testigo ´David´”.

“Óscar o el licenciado Óscar cuando utilizaba el Aeropuerto para viajar le hablaba a Cueto y él llamaba a Ricardo Gutiérrez, que era titular de Interpol México para que no pasara por ningún filtro de revisión; en específico, se trataba de gente que venía de Colombia, aunque no sé los nombres, pero se venían a ver con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”.

Por otra parte Alberto Pérez Guerrero, como testigo protegido “Felipe”, relató que el director de Interpol tenía problemas económicos y por eso vendían información al crimen organizado. e  incluso le llegó a pedir un préstamo de 300 mil pesos a Cueto, enlace de los Beltrán Leyva.

Según “Felipe”, un abogado de narcotraficantes que tiene su despacho en Guadalajara, de apellido Valenzuela o Valencia, le pagó dos asesorías que le brindó Cueto para elaborar unos amparos. Primero pagó 30 mil pesos y en otra ocasión le dio de 4 a 6 mil dólares.

Dijo: “Al pretender entregarle ese dinero (a Cueto) me pidió que le entregara 2 mil dólares a Ricardo Gutiérrez Vargas, director General de Interpol, lo que realicé directamente en su oficina ubicada en Torre Pedregal sobre Periférico Sur, enfrente del hotel Camino Real por el Pedregal y al recibir este dinero Gutiérrez Vargas me dijo que gracias, este ya sabía que esto era de parte de José Antonio Cueto; oficinas donde el emitente prestaba sus servicios.”

“Esta entrega de dinero a Gutiérrez se repitió en una segunda ocasión sin saber qué cantidad, ya que era un sobre que Cueto me entregó y me dijo que se lo diera al director de Interpol refiriéndome que era dinero”.

“Felipe” también expuso en aquel testimonio que entre abril y mayo de 2007 Gutiérrez le dio un sobre cerrado con información que le pidió llevar al domicilio de Cueto en Valle Escondido, Atizapán, y así lo hizo.

Estos excolaboradores de García Luna fueron procesados por sus nexos con el crimen organizado. Cuando estaban en funciones fueron protegidos por García Luna. Todos ellos tenían nexos con Rey Zambada, quien ahora es uno de los testigos clave en el juicio que enfrentará el exsecretario de Seguridad Pública en Nueva York.

Cabe aclarar que todos los señalamientos incriminatorios en contra de los exfuncionarios –tanto los que operaban con García Luna como los que despachaban en la extinta PGR– formaron parte del expediente conocido como “Operación Limpieza”.

La mayoría de ellos, sin embargo, fueron exonerados aparentemente por falta de pruebas. Otros fueron encarcelados y recobraron su libertad. Ahora los testigos protegidos que hicieron las acusaciones testificarán en contra de García Luna. Es el caso de Rey Zambada y otros que dicen conocer detalles sobre la forma en que el exsecretario de Seguridad Pública brindó protección al crimen organizado, en particular, el Cártel de Sinaloa.

 

Primero lo investigaron por la compra de una residencia, luego por un enriquecimiento de poco más de 34 millones de pesos –incremento en su patrimonio que, según la Secretaría de la Función Pública, no declaró–. Y ahora, diecinueve de sus más cercanos colaboradores, que lo acompañaron en la Secretaría de Gobernación y en las tareas de seguridad, son buscados por la justicia dentro y fuera de México.

Las órdenes de aprehensión libradas son por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La lista de exfuncionarios alcanzó a Jesús Orta Martínez, quien fungió como Secretario de Seguridad Pública Ciudadana en la Ciudad de México –sustituido por Omar García Harfuch–; también a Frida Martínez Zamora, quien durante el gobierno de Enrique Peña Nieto despachó como Secretaria General de la Policía Federal.

Sin duda, en estos casos también se investigan nexos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Es público que, cuando Osorio Chong fue Gobernador de Hidalgo, el Cártel de Los Zetas se posicionó en ese y otros estados de la República. En esa entidad vivía nada más y nada menos que Heriberto Lazcano Lazcano, el jefe máximo de Los Zetas, durante años brazo armado del Cártel del Golfo.

El caso de Orta Martínez es significativo. Según la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desde hace tiempo se sabía que el entonces funcionario era investigado a nivel federal por presuntos nexos con el crimen organizado. Por esa razón –dijo– se le pidió la renuncia. Su lugar fue ocupado por Omar García Harfuch, otro personaje plagado de claroscuros que también ha sido señalado de tener nexos con el crimen organizado. El 26 de junio pasado fue atacado a tiros por un comando que, según el propio funcionario, forma parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Las investigaciones sobre los excolaboradores de Osorio Chong, de acuerdo con datos consultados en la Fiscalía General de la República, son por la presunta responsabilidad en el manejo de contratos y servicios, y por la compra con sobreprecio de equipo de espionaje en la ya desaparecida Comisión Nacional de Seguridad, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

También existen faltantes de dinero detectados, en su momento, por la Auditoría Superior de la Federación. Las denuncias fueron presentadas por el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, y en ellas se incluyen datos y evidencias respecto a irregularidades en la adquisición de vehículos, uniformes, armas y tecnología.

Ahora que las órdenes de aprehensión ya fueron libradas, se sabe que la mayoría de los exservidores públicos ya no están en el país: presuntamente huyeron cuando se enteraron de que el gobierno de la Cuarta Trasformación iba por ellos.

La lista de imputados es la siguiente: Carlos Hipólito Rivera, elemento de la Guardia Nacional hasta hace unos días; Eleuterio Enríquez Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares y Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, éste también vinculado a Osorio Chong.

Otros imputados son: Francisco Javier Cruz Rosas, Oswaldo Martínez Hernández, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge Carlos Ruiz Alavez, Édgar Ulises Calderón Luna, Israel Luna Espinoza, José Manuel Correa Flores, María Eldy Sosa Calderón, Verónica Tlahuitza Pérez, Carmen Patricia Quiñones Piña y Mercedes Hernández Rodríguez.

El único que falta en la lista es el senador Miguel Ángel Osorio Chong, personaje que, por ahora, sólo está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública por un incremento patrimonial, hasta ahora no justificado –según la versión oficial– de 34 millones de pesos y la compra de una residencia cuyos fondos, de acuerdo con la indagación, presuntamente no fueron reportados.

 

Mercedes Barcha, esposa del escritor Gabriel García Márquez, la mujer que lo acompañó toda su vida y que pagó el envío postal del original de Cien Años de Soledad contando centavos porque no les alcanzaba el dinero, murió este sábado a los 87 años de edad en la Ciudad de México.

Compañera de viajes interminables, inspiradora del escritor que en 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura, Mercedes Barcha fue un cimiento extraordinario en la construcción de García Márquez como persona y como escritor.

Nacida en Manangué, Colombia, el 6 de noviembre de 1932, conoció a García Márquez por un golpe del destino durante un baile en Sucre, Bolivia. Él contaba con 13 años de edad, ella con 9. Tiempo después, García Márquez confesó: “Desde el instante en que nos conocimos supe que ella sería mi esposa”.

Y, en efecto, ambos se casaron en 1958 y estuvieron unidos poco más de medio siglo, hasta la muerte del escritor, el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México.

Gustavo Tatis Guerra, escritor, periodista, poeta y ensayista colombiano, declaró:

“Es un amor de toda la vida para el Gabo, él la conoció cuando eran niños”. Y añadió: “En los momentos más difíciles de la vida de ellos, en el sentido económico, Mercedes siempre confió en que él, gracias a su literatura, iba a salir adelante (…) A García Márquez un día le preguntaron qué personaje era importante y él dijo que Mercedes”.

Y es que, según ha sido descrita por amigos y conocidos del escritor, Mercedes Barcha fue una mujer de carácter fuerte, tanto, que se parecía a la estirpe de Úrsula Iguarán y de las mujeres de Cien Años de Soledad. Ella llevaba el orden en la casa.

Se cuenta que antes de irse a Europa, en 1955, Gabo le prometió que a su regreso se casarían, tal y como lo habían acordado prácticamente desde que ambos eran niños. Y así ocurrió. Contrajeron nupcias en Barranquilla y de ese amor nacieron dos hijos: Gonzalo y Rodrigo García Barcha.

Existe una historia que los unió más a finales de los años sesenta, cuando aún García Márquez no era una figura de la literatura. Al afincarse en México, ella comenzó a trabajar en diferentes tareas, domésticas, relacionadas con venta de productos, entre otras. Ella, como ya se dijo, tomó el timón de la casa y le dijo al Gabo: “Yo sostengo la casa, tú dedícate a escribir”. Sin duda, ella confiaba mucho en el talento de su marido, quien entonces escribía la novela Cien años de Soledad, con la que en 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura.

En aquellos años, él escribía la novela pero también viajaba, impartía talleres o se entrevistaba con agentes literarios después que le ayudaron a colocar la novela. Esta llegó a ser uno de los ejemplos portentosos del llamado “boom de la literatura latinoamericana”, en cuya aureola se incluyeron a otros escritores como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar o José Lezama Lima.

En una ocasión, García Márquez contó una historia bella y triste a la vez, parte de la vida, sobre los caminos que se entrecruzaron entre él y Mercedes. Esta historia describe la importancia que tuvo su esposa en su vida. Con entusiasmo dijo el escritor:

–El día que terminé Cien años de Soledad nos fuimos al correo Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces, lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos (mexicanos) el envío a Argentina. Y Mercedes me dijo: No tenemos más que 45. Le dije: Es muy fácil: partí el libro por la mitad y le dije: Péseme este libro hasta 45, agarré las hojas, las envolví, las mandé y nos quedamos con el resto”.

Cien años de Soledad es la obra más importante de García Márquez en su historia literaria, pero Mercedes Barcha –la esposa incondicional que lo impulsó– es la otra parte importante; quizá el motor clave de su trayectoria literaria, que El Gabo siempre guardó en su corazón.

Eran el uno para el otro, leales en su relación, una sola idea el amor que los unía, un mismo horizonte que ninguno de los dos dejaba de mirar porque en su vida ambos caminaron por las mismas brechas y sufrieron las mismas amarguras y también disfrutaron del éxito que ambos construyeron: él con su talento, ella con su empuje y voluntad inquebrantable.

Fracasos y éxitos los hicieron llorar y reir –eso es vivir intensamente y sin límites– por eso la vida fecunda de García Márquez no puede entenderse sin Mercedes.

Los restos de la esposa del Nobel serán llevados a Cartagena, Colombia, donde descansan también los del autor de, entre otras obras, El Coronel no tiene quien le escriba y Crónicas de una muerte anunciada.

 

Las declaraciones rendidas por Emilio Lozoya, la denuncia de hechos en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el excanciller Luis Videgaray, presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), exhiben el lado más sucio de la política mexicana.

Las prácticas perversas utilizadas durante el gobierno de Peña Nieto, son lo más alejado de la política en estricto sentido y exhiben el retroceso de ciertos hombres del poder; a grado tal, que parece que vivían en el Neolítico, cuando la sociedad comenzó a organizarse.

En aquella época prehistórica –plagada de abusos donde se imponía la ley del más fuerte o mejor preparado– se comprendían los abusos porque no había marcos legales ni sistemas de organización social, todo estaba por construirse; lejos, muy lejos estaba la democracia, sistema que, a decir verdad, ni en Grecia se utilizó en todas las Polis –su práctica fue parcial y no total– como sí ocurrió después de la Revolución Francesa.

Lo que declaró Emilio Lozoya ante la FGR es una revelación que en realidad no debe escandalizar. No dice nada nuevo, ni un pedazo de verdad que no conozcamos respecto de cómo ha funcionado el sistema político mexicano, regido por el compadrazgo y la corrupción, una suerte de asalto en pandilla sexenal, cobijado por el pacto de impunidad, ley no escrita que rige el ejercicio de la política y del poder en México.

Resulta curioso adentrarse a los detalles desgranados por Lozoya, por ejemplo, cuando afirma que se utilizaron unos cien millones de pesos para sobornar a legisladores –diputados y senadores– a fin de que, sin cortapisas, aprobaran la Reforma Energética, el marco regulatorio e instrumento para que el gobierno de Peña Nieto entregara la riqueza energética mediante contratos amañados a los intereses de empresas privadas extranjeras.

La entrega de dichos fondos, según su dicho, fueron acordados por el entonces presidente Peña, Luis Videgaray –y el mismo Lozoya como titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX)– para acelerar la aprobación del paquete de reformas que el entonces mandatario festinó a boca llena como un gran paso a la modernización del país. Y felicitó a los legisladores por pensar en los intereses nacionales. Aquello fue el cinismo sin fronteras.

Cuando afirmo que, fuera de estos detalles, no hay nada nuevo en las declaraciones de Lozoya, es porque a muy pocos sorprende que desde la presidencia de la República se haya sobornado al Congreso –o a buena parte de los legisladores que conformaban la pasada Legislatura– porque ha sido una práctica recurrente en México.           

En los estados, por ejemplo, es posible que haya ocurrido lo mismo para que los diputados locales ratificaran la Reforma Energética, pues es ampliamente conocido que en cada entidad el gobernador en turno designa al líder del Congreso y éste recibe órdenes del mandatario estatal en turno. Si hay una oposición numerosa, recurren a la práctica de lubricar la tarea legislativa con dinero para que los legisladores voten los proyectos de ley con base en “los intereses nacionales”. Nada más alejado de la política, distante del llamado “bien común” que consigna la ciencia política en su esencia y/o teoría.

Un ejemplo más que claro de la corrupción legislativa es la polémica Ley Bonilla, anulada por la Suprema Corte, que impulsó en Baja California el entonces gobernador Francisco Vega Lamadrid, según denuncias públicas, mediante sobornos millonarios a los diputados locales.

La historia que nos cuenta Emilio Lozoya, con independencia de algunas revelaciones, lo exhiben como un verdadero títere. Fue la marioneta, el cómplice de Enrique Peña Nieto para cometer los actos de corrupción que ahora denuncia –el caso Odebrecht y la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados– y, por si fuera poco, ahora se pone en manos de su nuevo titiritero –el gobierno de la Cuarta Transformación– para denunciar actos de corrupción a cambio de salvar su pellejo y el de su familia; no obstante que la FGR y él como testigo saben de antemano que los delitos de que acusa a Peña y a Videgaray ya están prescritos.

Esto no quiere decir que no se hayan cometido. ¡Claro que se cometieron! Pero de lo que se trata es de desenredar los detalles y tender una enorme cortina de humo que acompañará al gobierno de López Obrador de aquí hasta el 2 de julio de 2021, cuando se celebren las elecciones intermedias.

Y es que un gobierno que carece de resultados y navega entre las arenas movedizas de enormes crisis como la violencia del crimen organizado, el oscuro trance de la economía, la pobreza y la imparable mortandad causada por el COVID-19 –un verdadero cataclismo–; un gobierno así: el de López Obrador, tiene que recurrir forzosamente a un teatro de marionetas como el que se ha montado con Lozoya.

Como show es bastante divertido, aunque muchos medios de comunicación creen a pie juntillas que esta investigación va en serio y hasta alucinan con ver a Enrique Peña Nieto en la cárcel. Que no se nos olvide que la política es un teatro, un juego y en estricto sentido un arte que consiste en negociar. Hasta los próximos encarcelados ya están negociados de antemano. Y aquí vale la pena citar al dramaturgo irlandés Oscar Wilde, quien en los tiempos aciagos que vivió, cuando fue perseguido por su homosexualidad, expresó: “… Ni lo fortuito me sorprende”.

Peña Nieto no irá a la cárcel. Pero seguramente alguien que formó parte de su equipo podría pisarla. Sin embargo, esto no sería nada fortuito sino producto de una negociación incluso con el futuro encarcelado. En política, como en el crimen organizado, todo es posible.

Basta recordar una historia que le pone sentido a esta reflexión: cuando Miguel de la Madrid fue ungido candidato a la presidencia de la República, a principios de 1982, se reunió con Joaquín Hernández Galicia, La Quina, entonces poderoso líder del sindicato petrolero.

Hábil en la marrullería, La Quina siempre ablandó a los candidatos presidenciales –desde Luis Echeverría hasta José López Portillo– con el cuento de que ya estaba cansado y pensaba dejar el poder. Todos, sin excepción, le dijeron: “No, Joaquín, espérate un poco más”. Y él, obediente, respondía: “Lo que usted mande, señor Presidente”.

Tocó el turno a Miguel de la Madrid. Hernández Galicia lo invitó a Ciudad Madero, Tamaulipas, su feudo. En una caminata, La Quina –quien no quería dejar el sindicato– soltó el ardid: “Señor Presidente, quiero comentarle en confianza que ya he pensado en retirarme, ya estoy muy cansado y creo que es tiempo de dejar el gremio”.

De la Madrid guardó silencio. La Quina retomó el tema con la voz tan suave como un minué, la humildad fingida. El abanderado del PRI siguió sumido en el mutismo. Por la mente del líder petrolero desfilaron, en tropel, negros presagios. Corrió a comentarle lo sucedido a Salvador Barragán Camacho, su hombre de confianza, y rápido urdieron otro plan. La construcción imaginativa de que venía lo peor los enloqueció.

Sabían que la llamada Renovación Moral era el arma fuerte de Miguel de la Madrid –al final de ese sexenio la llamada Renovación Moral resultó una gran farsa, un teatro– y era posible que empezara por el sindicato petrolero, considerado entonces un nido de corrupción. Barragán Camacho mandó llamar con urgencia al Tesorero del sindicato, Héctor García Hernández, “El Trampas”, uno de los hombres más corruptos de la historia de ese gremio, quien por cierto falleció el pasado 27 de abril en Coatzacoalcos, Veracruz.

Le dijo: –Tú serás ejemplo de la renovación moral de nuestro Sindicato, nos vamos a adelantar. Y le contó: –Te vamos a ofrecer en holocausto para aparentar la renovación moral en nuestro gremio. Y enseguida le detalló el plan: –Te destituimos, te acusamos ante las autoridades, huyes, le echamos tierra al asunto y en dos años vuelves.

Y “El Trampas” aceptó.

Era una Regla de oro en el sistema priista; y en el actual no parece haber cambios. Este gobierno es una continuidad maquillada del pasado. López Obrador es un hombre del sistema: el sistema lo hizo, le permitió crecer y llegar al poder. Él conoce esta Regla de oro. Seguramente habrá presos por la corrupción orquestada durante el gobierno de Peña Nieto, por citar sólo al penúltimo Presidente; pero si eso ocurre ya es un tema acordado. Por eso Peña Nieto ordenó a los gobernadores no meter las manos en el proceso electoral del 2018 y, así, le abrió el camino a López Obrador. ¿Esto quiere decir que Peña Nieto resultó un demócrata? ¿O hubo pacto?

La Cuarta Transformación necesita vida y el show es vida, de otro modo sería muy aburrido seguir escuchando “Las Mañaneras” con el mismo sonsonete. Tienen que variar ese bajo obstinato y el caso Lozoya les permite cambiar la tonada.

 

 

La crisis financiera causada por el COVID-19, la falta de planeación y de estrategia para amortiguar sus embates, la ausencia de apoyos a las empresas –que están quebrando en cascada–, ha provocado una recesión sin precedentes en México que ha impactado al Gobierno Federal; pues ahora resulta que no tienen dinero para continuar sosteniendo los programas sociales, el instrumento electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde que inició el actual gobierno, bien o mal llamado “La Cuarta Transformación” –que no es otra cosa más que una versión mal maquillada del pasado– el Gobierno Federal emprendió el proyecto de repartir dinero entre la clase más desprotegida. Según López Obrador, se trata de unos 30 millones de personas en situación de extrema pobreza los que reciben apoyos del gobierno. También se incluye a los adultos mayores, a quienes les otorga unos 2, 500 pesos bimestrales.

En este proyecto se suma, además, el apoyo a los jóvenes, a fin de que puedan trabajar como aprendices o bien puedan terminar sus estudios. Según el Presidente, esta es la forma adecuada de luchar contra el crimen organizado, que ya domina en más de la mitad del territorio nacional y que también dispone de sus propios apoyos sociales, como se ha visto con el reparto de despensas que realiza el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, la falta de recursos comenzó a preocupar al gobierno, pues no podrá sostener los programas sociales como lo venía haciendo, lo que coloca a la llamada 4T en serios problemas frente al escenario electoral del próximo año, cuando se renueven varias gubernaturas, congresos locales, alcaldías y el Congreso de la Unión. La elección intermedia es la más importante, pues de este resultado dependerá el futuro de la 4T hacia el año 2024, cuando se realicen las elecciones presidenciales.

Ante este escenario, López Obrador apuesta por el escándalo mediático. De ahí la urgencia por traer a México –vía la extradición– a Emilio Lozoya; exdirector de Petróleos Mexicanos detenido en España a principios de año, quien ya hizo sus dos primeras declaraciones judiciales sin que, hasta el momento, haya incriminado a nadie en particular.

Lozoya conoce como nadie el intríngulis de la corrupción que se fraguó en PEMEX durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; los sobornos otorgados por Odebrecht para conseguir contratos en la paraestatal. Pero también surgieron algunas versiones –y este es el sentido de la investigación contra Lozoya y la importancia de su extradición a México– en el sentido de que Odebrecht también financió la campaña de Peña Nieto en el 2012.

Según se ha dicho, Lozoya había pactado con la Cuarta Transformación aceptar ser extraditado a cambio de un juicio justo –¿lo pondrán en libertad?– y qué mejor momento que el actual, cuando se sientan las bases del proyecto electoral hacia el 2021, donde MORENA pretende mantener la mayoría en el Congreso. Lo que se ve difícil, porque el actual régimen no ha concretado resultados a casi dos años de gobierno.

Ahí siguen pendientes grandes temas como la crisis financiera, la delincuencia y la violencia atroz que enfrenta el país; y ni se diga el tema del combate a la corrupción, que ha sido una bandera que López Obrador ha ondeado sin resultados firmes.

Es cierto que encarcelaron a Rosario Robles, a Juan Collado, y que aseguraron cuentas de empresas ligadas al Cártel de Jalisco. Pero estos casos todavía no han sido juzgados. Falta que haya sentencias firmes. Sin embargo, le perdonaron todas sus tropelías a Carlos Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero, uno de los más corruptos y cabeza –se asegura– de una amplia red de corrupción que operó el “huachicoleo”.

Ante las complicaciones financieras causadas por la pandemia, el gobierno también incluyó en su lista de extraditables a Tomás Zerón, exfuncionario de la PGR, autor de la llamada “Verdad Histórica” construida en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la cual se ha echado abajo por inconsistente. De acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, el caso de los estudiantes fue una desaparición forzada. Falta ver cuál es la relatoría criminal del actual gobierno.

También se comenzaron los trámites para extraditar a México al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido la semana pasada en Miami, Florida, precisamente el día que López Obrador visitó a Donald Trump en Washington.

Duarte es un personaje clave para conocer el desvío de dinero del erario público para financiar las campañas del PRI, cuando ese partido era dirigido por Manlio Fabio Beltrones. Este caso podría robustecerse y alcanzar el nivel de delito electoral, pues César Duarte le entregó 250 millones de pesos al PRI, a través de Alejandro Gutiérrez, hombre de confianza de Beltrones, quien en 2016 fungía como Secretario General del PRI.

Otro personaje que se sumaría a la lista de extraditables y, por ende, al proyecto del escándalo mediático rumbo a las elecciones del 2021, es Kamel Nacif. Empresario de origen libanés, implicado en la red de pederastia denunciada por la activista y periodista Lydia Cacho, quien enfrentó serias consecuencias –amenazas, una detención ilegal, entre otros perjuicios– por parte del llamado “Rey de la Mezclilla”, confabulado con Mario Marín, entonces gobernador de Puebla.

Estos casos, sin duda, serán carne de cañón para la Cuarta Transformación, pues alimentarán el escándalo mediático necesario. También servirán para robustecer el discurso del combate a la corrupción y a la impunidad, bandera que ha ondeado López Obrador, pero que ahora aprovechará en la coyuntura electoral.

¿Justicia o negocio electoral?

Más lo segundo que lo primero.

 

En tan sólo seis años, de 2014 a la fecha, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, quien hasta el domingo 2 era el líder del Cártel Santa Rosa de Lima, construyó un emporio criminal dedicado al robo de combustibles, al secuestro, la extorsión y la distribución de drogas sintéticas. A base de violencia y amenazas, se apoderó de la vida pública y privada de Guanajuato, poder que alcanzó a base de corrupción, pues se afirma que la policía de esa entidad lo protegían. Tan sólo el “Huachicol” le dejaba ganancias superiores al millón y medio de pesos diarios, pues se estima que movía entre 40 y 50 pipas todos los días. La guerra en El Bajío, una de las zonas con más muertos, obedece al enfrentamiento con el Cártel de Jalisco que, a base de metralla, ya se apoderó de El Bajío y tomó el control del robo de combustibles y otros que explotaba El Marro.

 

Se extinguió la buena estrella del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz –“El Marro”–. Las Fuerzas Federales lo detuvieron la madrugada  del domingo 2 de agosto en Guanajuato, al implementar un operativo que puso fin a su carrera delictiva. En el momento de su captura, también fue liberada una mujer empresaria, quien llevaba varios días en cautiverio.

“El Marro” llevaba cinco años explotando jugosos negocios en Guanajuato. Operaba el robo de combustibles, las extorsiones, secuestros, distribución de droga a granel, entre otros; su Cártel lo conformaban particularmente miembros de su familia, de donde ahora podría emerger el relevo de Yépez Ortiz, quien continúa detenido en Guanajuato pero será internado en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

           

La historia negra de “El Marro”

De la mano de policías estatales y bajo el cobijo de políticos y empresarios guanajuatenses, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro” –jefe del Cártel Santa Rosa de Lima, convertido en una pesadilla en la región de El Bajío durante casi un lustro– se abrió paso en el mundo del hampa hasta consolidar una de las organizaciones criminales más poderosas dedicadas al robo de hidrocarburos en Petróleos Mexicanos.

Su carrera criminal ha sido vertiginosa, pero fulgurante su ascenso en el mundo del hampa, pues apenas en el año 2014 figuró como lugarteniente de David Rogel Figueroa, “El Güero”, un agente estatal en Chiapas. Después se entronizó en la jefatura del Cártel Santa Rosa de Lima, uno de los más violentos del país.

De acuerdo con los expedientes de este caso y los informes policíacos, a este personaje se le atribuye la fundación del denominado Cártel Guanajuatense. La organización lleva el nombre del pueblo donde “El Marro” nació, localizada en el municipio de Villagrán.

Pero el salto que dio “El Marro” en el mundo criminal fue enorme, pues tres años después, en 2017, se entronizó como jefe del cártel, el cual está exclusivamente dedicado al robo de combustibles, aunque informes de inteligencia indican que también comercializa drogas sintéticas, particularmente metanfetaminas, otro de sus negocios más rentables.

Ya como jefe del cártel, Yépez Ortiz creó un emporio criminal, apoyado principalmente por sus hermanos, creó una red para extraer gasolinas de los ductos de PEMEX.

Según estimaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la organización liderada por “El Marro” operaba entre 40 y 50 pipas de combustible. Esto le representaba una ganancia de 1.5 millones de pesos diarios. El decomiso de varias flotillas de camiones y barrilles –efectuados en los últimos diez meses–, así como unos 200 automóviles, entre otras pertenencias, dan cuenta del poderío de la organización encabezada por “El Marro”, quien en su etapa de esplendor llegó a lanzar amenazas de muerte en contra de las autoridades, incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

Así fue perseguido

El 31 de enero de 2019, poco después de que tomara posesión como Presidente, López Obrador diseñó una cruzada para desmantelar las redes dedicadas al robo de combustibles. Para ello, se prepararon varios operativos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, respectivamente.

Una de las regiones más críticas debido al robo de gasolina era, entonces, Guanajuato; lo sigue siendo, entre otras razones, por el poderío que desplegó Yépez Ortiz, quien de inmediato reaccionó con una abierta amenaza a través de una manta colocada muy cerca de una refinería de PEMEX:

Andrés Manuel López Obrador, te exijo que saques a la Marina, Sedena y Fuerzas Federales del Estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es juego y que en Guanajuato no los necesitamos”.

Este mensaje amenazador apareció precisamente dos días después de que la Marina y el Ejército habían asegurado un predio en la comunidad de San Salvador Torrecillas, en el municipio de Villagrán, donde confiscaron unos 40 vehículos que eran parte de la infraestructura que utilizaba el Cártel Santa Rosa de Lima para el robo de gasolina.

           

El origen

De origen humilde, José Antonio Yépez Ortiz nació en la comunidad que lleva el mismo nombre que la organización que encabeza. Existen pocos datos respecto de cómo incursionó en el crimen organizado, pero se afirma que fue enganchado por grupos locales que, desde hace tiempo, se dedican a la extracción de combustibles en los ductos de PEMEX.

Hacia el año 2010, por ejemplo, los grupos dedicados a ese negocio operaban con el apoyo de las policías municipales y estatales; las zonas de extracción se asignaban como los territorios que utiliza el narcotráfico. Había en todo el país una amplia red que, por décadas, sangró a PEMEX.

Según sus antecedentes penales, Yépez Ortiz fue encarcelado en el año 2008 por robo y delincuencia organizada. Sin embargo, las autoridades lo dejaron ir mediante el pago de una cuantiosa fianza.

En el caso de “El Marro”, su organización criminal está conformada, en su mayoría, por sus propios familiares –su madre, hermanos, primos y cuñados, de acuerdo con las autoridades–: algunos de ellos se encargan, por ejemplo, de conseguir información y pagar la protección de las autoridades, mientras otros operan las finanzas.

Por ejemplo, una de las hermanas de Yépez Ortiz, identificada por las autoridades como operadora de la plaza de Celaya, Guanajuato, se llama Lizbeth Yépez Ortiz.

Con la red conformada por sus familiares y otra adicional compuesta por socios, “El Marro” ha construido un imperio en Guanajuato. Según el mapa criminal, ya controlaba municipios completos, entre otros, Celaya y Villagrán, donde empezó a operar. Otros informes indican que después comenzó a dominar en Cortázar, Santa Cruz de Juventino Rosas, Irapuato, El Valle de Santiago y Salamanca. En ésta última demarcación se ubica la refinería de PEMEX, una de las más productivas que, por cierto, en marzo de este año amenazó con hacerla estallar si el gobierno no paraba la persecución en su contra.

Para las autoridades ha resultado una verdadera pesadilla la persecución y la captura de “El Marro”. Las autoridades detectaron que, en su etapa de esplendor, llegó a tener siete domicilios, los cuales utilizó como refugios. Todos han sido confiscados. A este grupo criminal se le atribuye todo tipo de fechorías en Guanajuato: con frecuencia, “El Marro” ordenaba bloqueos de carreteras, ejecuciones, incendio de automóviles en la carretera federal, a lo que se suman balaceras tanto de día como de noche, secuestros, levantones, además de persecuciones. Nadie lo había podido detener, entre diversas razones, porque la policía de Guanajuato y otras autoridades estaban ligadas a la organización.

La violencia se ha extendido a lo largo y ancho de Guanajuato. En 2017, por ejemplo, se registraron 3  mil 290 crímenes, en 2018 más de 4 mil, y a la fecha se están presentando entre 10 y 15 ejecuciones diarias.

           

La guerra

Este elevado nivel de violencia en “El Bajío” obedece, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, a que “El Marro” le declaró la guerra al Cártel de Jalisco Nueva Generación –que incursionó en Guanajuato– con el objetivo de desplazar al Cártel Santa Rosa de Lima y, en particular, a “El Marro”.

Esta lucha por el control del territorio ha ocasionado balaceras y muertes. “El Marro” le ha mandado a decir a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, a través de videos y “narcomantas” que lo va a sacar del Estado si no se sale de su territorio.

Pero eso no es todo: esta guerra atrajo la atención del Cártel de Sinaloa, rival del Cártel de Jalisco. Informes policíacos establecen que Ismael “El Mayo” Zambada le habría otorgado su apoyo a “El Marro” para enfrentarse al Cártel de Jalisco, el grupo criminal que más ha crecido en los últimos años y que ya domina en una veintena de entidades federativas. Esta expansión, sin duda, significa una amenaza para Sinaloa, de ahí que pretendan eliminar a “El Mencho” o al menos restarle poder. Pero tras su captura, la madrugada del domingo último, no aparecieron indicios de vínculo alguno con Zambada García.

Esta guerra data del año 2017 y tiende a complicarse debido a que “El Marro” sigue sumando aliados para enfrentar a Nemesio Oseguera, pues ahora a esta lucha se han aliado “Los Viagras”, quienes operan en Michoacán pero se asegura que ya están afincados en Guanajuato.

El viernes 20 de junio pasado, el Cártel Santa Rosa de Lima sufrió un duro golpe. Ese día, la Sedena y la Marina realizaron un operativo, las Fuerzas Armadas acudieron al poblado de San Isidro Elguera, Guanajuato, para cumplimentar una orden de cateo.

Se trata de uno de los refugios que tiene “El Marro” y su familia. Al ingresar a los domicilios, se encontraron con varios operadores del Cártel Sana Rosa de Lima y procedieron a detener a 26 personas. En ese grupo se encontraban María Ortiz –Madre de Yépez Ortiz–, Juana Yépez, hermano del capo, y Rosalba, una de sus primas.

De acuerdo con la Sedena, los detenidos son presuntos operadores financieros del Cártel Santa Rosa de Lima. En las casas cateadas fue decomisado un kilo de metanfetaminas y dos millones de pesos en efectivo.

En respuesta, “El Marro”, todavía como líder del grupo criminal, ordenó el bloqueo de vías de comunicación en Celaya, una de sus reacciones más conocidas, pero las Fuerzas Armadas lograron controlar el desorden.

A través de sendos videos, difundidos a partir de la tarde del sábado 20, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, apareció llorando y quejándose por la captura de su madre, de su hermana y otros familiares.

En el mensaje, el líder del Cártel Santa Rosa de Lima expresa:

Como quiera, entre cabrones no pasa nada, pero son mamadas esas las de andarse metiendo con mujeres. Los hijos de su puta madre las tienen amenazadas con audios y golpes, pero no hay pedo”.

Aunque López Obrador ha dicho que ya no hay guerra contra los cárteles, la persecución de “El Marro” indica todo lo contrario: le han asegurado cuentas, decomisado propiedades y ahora le detienen a 26 miembros de su organización, entre otros, su madre.

           

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