Este miércoles 7 se celebra en Nueva York la primera audiencia para determinar si el exfuncionario mexicano es culpable o inocente de los cargos que se le imputan: haber brindado protección al Cártel de Sinaloa.

 

Este miércoles, por fin, se realizará la primera audiencia en Estados Unidos para enjuiciar a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, quien está acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Cabe recordar que García Luna cumplirá un año de prisión el próximo mes de noviembre, cuando fue detenido en Texas bajo cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y de haber creado una amplia red de protección al cártel que entonces encabezaba Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, amo y señor del tráfico de drogas durante los gobiernos que encabezaron Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa entre el año 2000 y 2012.

Después de su captura en Texas, García Luna fue llevado a Nueva York, al mismo sitio donde fue enjuiciado Guzmán Loera. Hoy el exjefe de Sinaloa purga una cadena perpetua. García Luna parece seguir el mismo camino, según lo que aseguran las autoridades estadounidenses, disponen de suficientes pruebas para encarcelar de por vida al exfuncionario mexicano, el cómplice de Felipe Calderón.

Durante los primeros meses de su encarcelamiento, García Luna ha tenido variantes en su comportamiento frente al juicio que enfrenta: primero se declaró inocente, luego se dijo que intentó negociar con las autoridades a cambio de aportar información sobre lo que sabe sobre el crimen organizado; posteriormente ofreció pagar una fianza de un millón de dólares a cambio de una libertad condicionada –la que le fue negada– e hizo una segunda propuesta, ésta vez de dos millones de dólares para salir de prisión bajo fianza; pero de igual forma rechazaron su propuesta.

El argumento: que García Luna tenía amplias y suficientes relaciones políticas y criminales en México con poder y recursos económicos disponibles para poder facilitar su huida y así escapar de la justicia. El exfuncionario argumentó, además, que su vida corría peligro dentro de la prisión debido a la pandemia causada por el Coronavirus. Pero ninguno de sus argumentos fue aceptado. García Luna se quedó en prisión y a casi un año de su captura, este miércoles 7 se celebra la primera audiencia sobre su caso.

Las autoridades estadounidenses aseguran que cuentan con grabaciones, documentos y amplios y detallados testimonios que incriminan al exsecretario de Seguridad Pública, pues lo relacionan directamente con la protección del narcotráfico, en particular, se refieren al Cártel de Sinaloa que durante el gobierno de Felipe Calderón –quien lo sabía todo y guardó silencio– tuvo a su alcance su etapa de mayor esplendor.

Los sinaloenses controlaban varios estados del país. Y lo grave de todo es que durante la guerra que emprendió Calderón contra el crimen, este cártel en particular no fue tocado. Por el contrario, sus miembros fueron protegidos y de eso se encargó García Luna y sus más cercanos colaboradores, entre otros, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y Ramón Pequeño. Todos ellos tan poderosos como prepotentes, cuando se desempeñaban como flamantes hombres del poder policíaco. Eran unos pillos metidos en el narco.

En el sexenio de Calderón surgieron datos y evidencias de cómo el Cártel de Sinaloa, a través de Rey Zambada, hermano de Ismael Zambada García, “El Mayo”, controlaba el aeropuerto de la Ciudad de México. Operaban con los funcionarios responsables de las aduanas y en la terminal aérea disponían de protección oficial.

En el aeropuerto Benito Juárez –considerado desde hace varios años como un centro de operaciones mafiosas– el responsable de las operaciones del narcotráfico, según el expediente de García Luna, era Luis Cárdenas Palomino, quien actualmente es coacusado en el juicio que enfrenta su exjefe en Estados Unidos. Además, Cárdenas tiene una orden de aprehensión por tortura que recientemente libró un juez federal.

Según Javier Herrera Valle, exfuncionario de la Policía Federal encarcelado por denunciar la corrupción y la protección al narco en tiempos de Felipe Calderón, durante la guerra contra la delincuencia organizada hubo vacíos, omisiones, órdenes, contraórdenes, despidos injustificados de agentes con experiencia, entre otras anomalías que ahora se explican –dice– por la protección que desde entonces estos funcionarios le otorgaban al Cártel de Sinaloa.

El caso de Genaro García Luna puede convertirse en una bomba política. Sólo basta que él quiera hablar y acusar a su entonces jefe, el expresidente Felipe Calderón, de haberle ordenado brindar la protección al Cártel de Sinaloa; o de al menos haber sido cómplice suyo en los negocios con las operaciones de narcotráfico.

Existen dudas de que García Luna guarde silencio si es declarado culpable. El personaje cuenta con mucha información. No es nada menos que haya sido el policía durante dos sexenios panistas –Fox y Calderón–: en el primer caso fue testigo directo, cuando no partícipe clave, de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, del penal de Puente Grande en Jalisco, apenas veinte días después de la toma de posesión de Vicente Fox como presidente de la República. En el segundo, operó como el responsable de brindar la protección al Cártel de Sinaloa. ¿Con la complacencia de Calderón? Sin duda.

También se espera que, al verse hundido por las evidencias, García  Luna arrastre a otros exfuncionarios y excolaboradores suyos. No se descarta, además, que pueda acogerse al programa de testigos protegidos y no se vuelva a saber de él, pues como se sabe, en Estados Unidos dicho programa incluye hasta el cambio de identidad para quienes cooperan con la justicia aportando información sobre las operaciones de la mafia.

Como se sabe, existen varias rutas legales que podría seguir García Luna. La parte acusatoria sostiene que tiene las suficientes pruebas para condenarlo, incluso, a una cadena perpetua; aunque el exfuncionario se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan.

En su  mayoría, los testigos que lo incriminan formaron parte del Cártel de Sinaloa y fueron testigos de cargo en el juicio que enfrentó “El Chapo” y que lo llevó a una prisión de alta seguridad para compurgar una cadena perpetua por narcotráfico.

En resumen, si García Luna es culpable, que pague con una condena ejemplar.

 

Fue brazo derecho de Genaro García Luna en las operaciones de narcotráfico y protección al Cártel de Sinaloa durante el gobierno de Felipe Calderón. Actualmente su calidad es la de prófugo de la justicia estadounidense. De acuerdo con su historial, basado en señalamientos de policías, él era el responsable de controlar el trasiego de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El círculo cercano con el que operó Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón se va cerrando poco a poco; y la justicia alcanza a quienes desde sus puestos principales incurrieron en tortura, abuso de autoridad y protección al narcotráfico, en particular, al Cártel de Sinaloa.

Es el caso de Luis Cárdenas Palomino, quien en el gobierno de Calderón se desempeñó como Jefe de División de la Policía Federal, sobre quien ya pesa una orden de aprehensión –junto con 12 excolaboradores suyos– quienes incurrieron en un caso de tortura.

Según el expediente, radicado en la Causa penal 10/2020 –derivado de la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/126/2012–, Cárdenas Palomino y los imputados habrían cometido violaciones a los derechos humanos en contra de Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortea Vallarta, Ricardo y Eduardo Estrada Granados. Todos ellos están implicados en el caso Florance Cassez.

Estas personas fueron detenidas el 27 de abril de 2012 en la colonia Hank González, alcaldía de Iztapalapa; y actualmente están presos en diversas prisiones del país. Se trata de una banda de secuestradores conocida como “Los Zodiacos”.

El caso tiene historia: Tras la captura de estos presuntos secuestradores, los mismos presentaron una denuncia ante las autoridades en la que acusaron a Luis Cárdenas Palomino y a sus colaboradores de haberles propinado golpes con sus armas. La denuncia asegura que también les golpearon con las manos y les colocaron bolsas de plástico en la cabeza. Todos estos golpes y vejaciones tenían como objeto –según dijeron los detenidos– que ellos mismos se autoincriminaran.

La Resolución judicial es clara: “Está demostrado que Luis Cárdenas Palomino, en su carácter superior jerárquico, de los elementos de la Policía Federal antes señalados, les autorizó para inflingir sufrimientos graves físicos, con el fin de obtener de la torturada una confesión”.

Cárdenas Palomino es investigado por la Fiscalía General de la República por diversos delitos. Entre otros: protección al crimen organizado durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón.

Fue brazo derecho de Genaro García Luna junto con Ramón Pequeño. Ambos son acusados en Estados Unidos dentro del juicio que enfrenta García Luna por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, García Luna y sus presuntos cómplices cooperaron con protección para que el Cártel que entonces encabezaba Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, introdujera varias toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Hasta principios de este año, Ramón Pequeño se desempeñaba como asesor de Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad Pública Ciudadana. Después de la captura de García Luna, en Texas, en diciembre de 2019, varios funcionarios ligados a este grupo fueron destituidos; sin embargo, un gran número de policías relacionados con García Luna siguen operando en diversos estados.

Cabe recordar que Luis Cárdenas Palomino fue acusado en 2012 de estar detrás de las operaciones de narcotráfico que se realizaban en el aeropuerto de la Ciudad de México.

En marzo de 2012, mientras se pelaban un botín, se desató una balacera en la Terminal ll del aeropuerto capitalino debido a las diferencias que surgieron entre agentes federales tras el arribo de un avión comercial de Aeroméxico, que aterrizó con una tonelada de cocaína procedente de Lima, Perú.

La balacera dejó varios muertos y heridos. Una parte de los agentes federales aseguraron que la gente de Cárdenas Palomino los presionaron para ligarse al narcotráfico y, por ello, aseguraron que el funcionario federal era el responsable de las operaciones de tráfico de drogas a través de la terminal aérea. En ese tiempo, el Cártel de Sinaloa tenía el control del aeropuerto. Rey Zambada, hermano de “El Mayo” Zambada, era el capo que mandaba al interior de la terminal.

Ahora estos vínculos salieron a flote en el juicio que García Luna enfrenta en Nueva York, donde enfrentará a la justicia estadounidense para demostrar su inocencia ante la acusación que le hicieron agentes de la DEA y del Departamento de Justicia por brindar protección y facilidades para que el Cártel de Sinaloa introdujera drogas a territorio estadounidense durante el gobierno de Felipe Calderón. Periodo en el cual se desató una guerra contra el crimen que, al parecer, fue una simulación porque, en el fondo, protegieron al narcotráfico.

 

Domina desde Tabasco hasta Baja California, el más amplio corredor de la droga y del robo de combustibles, y se coloca como la segunda organización criminal de América Latina, después del Cártel de Sinaloa.

 

A base de violencia y corrupción, amenazas vía redes sociales, uno de sus nuevos instrumentos de guerra, el Cártel de Jalisco Nueva Generación se posiciona como el segundo grupo criminal a un año y ocho meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el poder. Si su ascenso era fulgurante, el Cártel que dirige Nemesio Oseguera se ha convertido en amo y señor de las rutas de “El Huachicol”, pues ya domina desde el sureste hasta el norte del país. Sus tentáculos atenazan estados como Tabasco, Campeche y Quintana Roo, pero también alcanzan a Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato –ya son los amos tras la captura de “El Marro"–, Jalisco, Sonora y Baja California. En esta última entidad sellaron una alianza con el Cártel de Tijuana Nueva Generación. Por si fuera poco, están presentes en la Ciudad de México, pues se asociaron con el Cártel Unión Tepito. No le ha ido mal a Nemesio Oseguera en el gobierno de la Cuarta Transformación. La política de “abrazos y no balazos” le ha permitido consolidarse como el segundo cártel más poderoso de la República mexicana.

 

Tras la caída de José Antonio Yépez, “El Marro” –jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima– el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se colocó como la segunda fuerza criminal del país, abajo del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la organización que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, sigue conquistando territorios y actualmente ya domina un amplio corredor que abarca desde el sureste hasta el norte de la República.

Con apenas quince años de existencia, el Cártel de Jalisco irrumpió como un grupo ligado al Cártel de Sinaloa y a “Los Cuinis”, éste fue encabezado por Gerardo González Valencia, cuñado de “El Mencho”, quien purga una larga condena en el penal de Puente Grande, Jalisco, y se caracterizó por operar el narcotráfico a través de buques de carga procedentes de Europa, Asia y algunos países de América Latina como Colombia y Venezuela.

Luego de romper con Sinaloa, comenzó el ascenso de Oseguera Cervantes y su grupo criminal. Al igual que lo hicieron Los Zetas en su época, el CJNG diversificó sus actividades: puso en marcha los secuestros y a la par las extorsiones, venta de drogas químicas, robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, entre otras, que lo comenzaron a posicionar en todo el país.

El Cártel de Jalisco, además, es el segundo más poderoso en la exportación de cocaína y mariguana a Estados Unidos. Cálculos de la DEA estiman que esa organización criminal introduce unas quince toneladas de droga trimestrales a la Unión Americana, pero el trasiego más fuerte lo realizan con las drogas sintéticas, las cuales tienen amplia demanda en Estados Unidos.

En el territorio nacional, el CJNG controla veinte entidades federativas. Antes de la captura de “El Marro”, Guanajuato fue epicentro de una lucha armada entre los cárteles de Santa Rosa y el CJNG. Además del control del mercado de las drogas, la plaza interesaba a “El Mencho” porque esa entidad está entre las más boyantes del país; es una zona comercial e industrial donde se mueve mucho dinero, nada más preciado para desarrollar una industria criminal basada en el secuestro y las extorsiones.

Pero “El Marro” no estaba dispuesto a negociar ni a dejar la plaza y decidió pelear: esto derivó en que la región de “El Bajío” se convirtiera en la más violenta del país.

Luego de la caída de “El Marro” –fue detenido en flagrancia tras el secuestro de una empresaria de Apaseo El Alto, Guanajuato, junto con cinco secuaces–, el CJNG se apoderó de esa entidad y, con ello, amplió el boyante corredor que ahora explota.

Y es que ahora el CJNG domina la ruta de trasiego de drogas y de “huachicol” más amplia de todo el territorio nacional. El grupo criminal que dirige “El Mencho” controla los estados de Tabasco y Campeche; de aquí se conecta con Quintana Roo, otro de sus feudos claves. También está posicionado en Veracruz y Puebla, zonas huachicoleras, y sus tentáculos alcanzan a Hidalgo, otro estado estratégico para el robo de combustibles, y enseguida salta a Querétaro y Guanajuato. Esta segunda entidad les interesaba porque pueden operar con todas sus actividades criminales. Sigue Jalisco, su territorio base, y continúa su red hasta los límites con Sinaloa, entidad donde no han podido penetrar por la guerra que enfrenta con Iván Archivaldo, José Alfredo y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo, y con “El Mayo” Zambada, quien, según la DEA, es el verdadero líder de ese Cártel. El control territorial del CJNG sigue avanzando por todo el norte de la República y llega a Sonora y Baja California. En este segundo estado selló una alianza con el Cártel de Tijuana Nueva Generación, renovado con sangre joven, aunque sigue manteniendo ligas con la familia Arellano Félix, fundadores en la década de los ochenta de esa organización criminal.

De acuerdo con informes oficiales –incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador pregonó en su conferencia mañanera del viernes 14 de agosto que, con la captura de “El Marro”, Guanajuato ya no ocupa el primer lugar en violencia– la estructura criminal de José Antonio Yépez Ortiz está intocada; lo mismo que su base financiera y la amplia red de clientes, principalmente gasolineros, que compraban combustible robado.

No es todo: también está intacta la base de protección política y policíaca que disponía “El Marro” para mantenerse impune en sus actividades criminales. Y, hasta donde se sabe, no existen investigaciones que apunten al desmantelamiento de este andamiaje político y criminal.

Con este crecimiento exponencial, el CJNG se colocó en la segunda organización más poderosa del país y disputa con el Cártel de Sinaloa el control de otros territorios.

Entre ambos cárteles hay marcadas diferencias. No se compara el Cártel de Jalisco con el de Sinaloa. Éste último está considerado por el gobierno de Estados Unidos como el más poderoso del planeta. El que dirige “El Mencho” tiene controles en América Latina solamente, pero continúa en ascenso.

           

El poder de “El Mencho”           

Bajo el mando de Nemesio Oseguera, el CJNG estructuró una base de operaciones en todo el Estado de Jalisco –su principal feudo–; pero su principal fuerza y poder radica en la protección oficial de que dispone. Con base en ello, se extendió a lo largo y ancho de la República, como lo demuestran los informes de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.

A lo largo y ancho del Estado de Jalisco, por ejemplo, crearon redes para la distribución de drogas, al tiempo que la estructura fue creciendo conforme las necesidades se fueron presentando. Así, el Cártel logró llevar a cabo una división muy buena de sus actividades: distribución, operaciones financieras, estructura de sicariato, relaciones públicas, alianzas con autoridades municipales y protección policíaca permanente; a fín de que el negocio no sufriera ninguna perturbación. Para todas las necesidades que surgieran tenían soluciones y hombres dispuestos para efectuar la tarea. Este modelo de operación y de negocio lo repitieron en cada entidad que fueron conquistando. Y les ha dado resultados.

Los crímenes perpetrados en Jalisco, Guanajuato y otros estados, pusieron en evidencia no sólo el poder del Cártel de Jalisco, sino la red de vínculos entre sus integrantes con altos funcionarios del gobierno y el nivel de protección que disponía el Cártel encabezado por Oseguera Cervantes.

En varias investigaciones criminales salieron a flote evidencias sobre la estructura criminal con la que cuenta el CJNG en Jalisco, donde radica su base de operaciones. Entre ellas, la que se integró en Jalisco tras el crimen del secretario de Educación Pública durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, Jesús Gallegos Álvarez, señalado de lavar dinero para el Cártel de Los Caballeros Templarios. Junto a esto, los apoyos policíacos, el modelo de negocios y el alto nivel de infiltración que lograron durante el gobierno del priista Sandoval.

Algunos testigos que formaron parte de la organización que encabeza “El Mencho”, hablaron sobre cómo es por dentro el CJNG, cómo opera, cómo está estructurado y qué funcionarios están ligados al tráfico de drogas.

Jonathan García García, conocido como John Perro, uno de los más temibles, fue presentado ante las autoridades el 5 de mayo de 2013. En su declaración, este sujeto se autodescribió como una persona que no le gusta trabajar y da cuenta de un entorno familiar hostil; por lo que decidió involucrarse con bandas criminales.

Dijo: –“Yo viví en la colonia El Retiro de esta ciudad de Guadalajara hasta los 11 años de edad porque después me fui de la casa por problemas con mi papá, él me golpeaba mucho, decía que yo era muy desordenado y pleitista y mi madre siempre me mandaba a trabajar y ella me exigía que le entregara dinero. Los trabajos que yo tuve de niño mi madre me los conseguía en talleres mecánicos, pero mi carácter pleitista no me dejaba ser una buena persona”.

Añadió: –“Luego me recomendaron con la empresa Cártel de Jalisco, donde estuve a prueba, pero como yo siempre he tenido un intelecto muy alto comencé a encargarme de la venta de droga en los bares de la zona centro de Guadalajara y gracias a esto yo empecé a subir en la organización y me hice buen amigo de los dueños de antros y bares ya que cuando tenían broncas con el gobierno yo les apoyaba, lo cual hizo que las ventas de drogas en la zona centro de Guadalajara subieran muchísimo, ya que generaban entre 80 mil y 120 mil pesos diarios y todo eso se lo entregaba al patrón, a quien conocíamos con el nombre de Spanky, él me hacía participar en ejecuciones en Jalisco y además participaba en levantones para alinear a vendedores de droga que andaban chapulineando (brincando de un grupo a otro) , es decir, que querían brincar de cártel”.

Después de hablar respecto a los movimientos que se dieron en distintos momentos en el Cártel de Jalisco, explica en su declaración cómo está conformada la estructura del mismo. Explicó, por ejemplo, que el jefe es Nemesio Oseguera Cervantes, quien responde al apodo de “El Mencho”. Que él se encarga de controlar todo el sistema financiero de la organización en Jalisco y en los estados donde opera este cártel.

Expuso que Oseguera también controla a los grupos de choque, matones y sicarios en general, que son los que él utiliza para asesinar a rivales o a miembros del cártel que incurran en traiciones o fallas que ponen en riesgo a la empresa criminal.

En su testimonio reveló, por ejemplo, que el jefe de la plaza de Guadalajara se llama Daniel Quintero Riestra, quien, según afirma, también utiliza varios nombres falsos: Oswaldo Quintero Juárez, Erick Santiago Gómez, Heriberto González Gómez, Fernando Hernández Guzmán. Daniel, dice, también es ampliamente conocido como “El Dandy Quintero”, quien también controla la parte administrativa de la organización y tiene a su cargo el reclutamiento de personal para el Cártel de Jalisco, para la distribución de drogas, y funge como receptor de las indicaciones respecto de cuándo se debe ejecutar a un rival o a un traidor.

En su testimonio dijo, además, que debajo de “El Dandy Quintero” está su mano derecha que responde al nombre de Gregorio Pelayo Chávez, a quien en la organización se le conoce como “El Camarón”, quien fue Policía Judicial y se encarga de girar las órdenes de “El Dany” sobre las personas que ya están en lista para ser ejecutadas por los sicarios del cártel.

“El Camarón”, dice el testigo a su vez, tiene el apoyo de otro elemento que fue Policía Judicial y al que se le conoce como “El Padilla”. Este se encarga de arreglar “las brincas” del personal del Cártel de Jalisco cuando los detienen. Él es quien pasa información sobre los operativos que va a realizar la Policía en alguna de las colonias y de esa forma “El Dany Quintero” desplaza a su gente para que no los detengan.

“El Padilla” también se encarga de frenar los operativos cuando estos van a afectar a la organización. A cambio de un saludo, dice, se le entrega una suma de dinero, él detiene los operativos y los desvía para que no afecten al Cártel de Jalisco.

El otro día –refiere García García en el expediente– un miembro del cártel al que le decíamos “El Tripa” balaceó con una R-15 a uno de sus vecinos nada más porque lo volteó a ver feo. Le lesionó las piernas a balazos y al poco rato llegó gente de la policía y se los llevaron a todos detenidos, pero “El Padilla” se arregló con el Agente del Ministerio Público y así fue como dejaron libre al “Tripa”, al “Chato” y al “Paco”.

De acuerdo con el testigo, Gregorio Pelayo Chávez, “El Camarón”, tiene su grupo de choque, como se le da en llamar. Es decir: sus sicarios y de los cuales recuerda a uno que le dicen “El Cuatro”, a otros les apodan “El Gafe” y “El Nieve”, personas que, según él, son exmilitares; pero de los que desconoce sus nombres.

Refiere, además, que “El Cuatro” es quien se encarga de comprar las armas que se utilizan por parte del personal del Cártel de Jalisco en esta ciudad (Guadalajara), las cuales, según tiene conocimiento, se compran en la ciudad de México y en Toluca. Pero desconoce a quien se las compren. Y es que este grupo compra sus armas nuevas para evitar que ya traigan broncas anteriores.

 

La expansión nacional

A sangre y fuego, el CJNG se entronizó como el segundo grupo criminal más poderoso de México. Es el que mejor maneja sus estrategias de guerra y amenazas a través de las redes sociales y ya ha dado muestras de su poderío bélico, lo que quedó fuera de duda con el ataque –aunque fallido– en contra de Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, el pasado 26 de junio. Un grupo armado, contratado exprofeso para tal fin, cerró el paso al funcionario cuando se dirigía a una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Aquel grupo conformado por unos treinta hombres portaban armas largas, Barrets, rifles de asalto y cuernos de chivo, AK-47, además de granadas de fragmentación.

Actualmente, el CJNG ha sentado sus reales en la Ciudad de México, uno de sus nuevos territorios conquistados gracias a la alianza que selló con el Cártel Unión Tepito, el mejor organizado de la capital del país.

A lo largo de un año y ocho meses de gestión gubernamental, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha descabezado a dos cárteles: A “Los Rojos” con la aprehensión de Nazario Mazari, “El Carrete”, y al Cártel Santa Rosa de Lima con la captura de su líder, José Antonio Yépez Ortíz, “El Marro”.

El resto de los grupos criminales siguen intocados y en expansión, como es el caso del CJNG.

           

 

 

El abatimiento de 24 personas en Villa Unión, Coahuila, mediante varios ataques armados que iniciaron desde el domingo 1 por parte del Cártel del Noreste (CN) es otro acto de narcoterrorismo que el gobierno rechaza calificar como tal, pues prefiere seguir aceptando que en México sólo hay delincuencia organizada y no narcoterrorismo, pues trata de impedir que el gobierno de Estados Unidos intervenga en los asuntos internos del país.

"La DEA opera abiertamente en México y realiza investigaciones sin recato alguno".

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