Como jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera expandió sus redes a varios países del mundo. Hoy, a pesar de estar preso, su organización es líder mundial en el tráfico de drogas. Durante su etapa de esplendor la DEA documentó sus andanzas en México y fuera de México, como cuando un día se montó en una cuatrimoto y transitó por céntricas calles de la ciudad de Durango. Las Cámaras de Seguridad filmaron al hombre más poderoso del narco y las autoridades pudieron conocer que “El Chapo” se había hecho una cirugía plástica que lo hacía lucir más joven. La extinta PGR logró hacer un retrato psicológico del narcotraficante, el único que se conoce, y cuyos pormenores aquí se describen. Así fue la vida de Guzmán Loera, el narcoempresario más poderoso de los últimos veinte años, cuyo legado –el cártel de Sinaloa– sigue de pie ahora liderado por sus hijos Jesús Alfredo, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. Sinaloa actualmente es el cártel menos molestado por el gobierno federal, a tal grado, que se afirma que es el grupo criminal consentido del poder central.

 

Desde su captura, en 1993, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, arrastró la mala fama de ser traicionero, amante del dinero y de las mujeres hermosas, pero lo cierto es que el exjefe del Cártel de Sinaloa también resultó ser un empresario boyante en el mundo del narcotráfico, posición que consolidó de 2002 a 2014.

Desde que se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, de donde se escapó con una peluca rubia y lentes oscuros, El Chapo Guzmán se trazó la meta de consolidar al Cártel de Sinaloa como la organización criminal más importante del continente. Y lo logró.

Ninguno de los capos que lo antecedieron alcanzaron tal posición: Miguel Ángel Félix Gallardo –mentor de Guzmán Loera– llamado en los años ochenta el capo de capos, se conformó con dirigir al Cártel de Guadalajara y alcanzó notoriedad por su gran poder corruptor y su capacidad para establecer alianzas entre grupos antagónicos. Sin embargo, cayó en desgracia al arrancar el sexenio de Carlos Salinas en 1989: fue detenido junto con Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, y acusados de narcotráfico y del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. En este crimen también participó Rafael Caro Quintero, quien fue capturado en Costa Rica, a donde había huido junto con su amante Sara Cosio, sobrina de Guillermo Cosio Vidaurri, exgobernador de Jalisco.

Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, fue el capo más aventajado en el último sexenio priísta, el que encabezó Ernesto Zedillo, pero sucumbió en su intento por internacionalizar al Cártel de Juárez, cuyas raíces llegaron a Sudamérica. Carrillo Fuentes fue declarado oficialmente muerto en 1997. Hasta la fecha se duda que haya fallecido, como se dijo, tras someterse a una cirugía plástica y una liposucción en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México porque, extrañamente, los médicos que lo operaron aparecieron muertos en la carretera que lleva a Acapulco, conocida como autopista del Sol. La policía halló los cuerpos dentro de unos tambos. Estaban descuartizados. ¿Por qué fueron asesinados? ¿Acaso Amado Carrillo sobrevivió y ellos eran los únicos testigos?

En la era panista, que comenzó en el año 2000 con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales, Joaquín Guzmán Loera trazó su ruta de éxito en el mundo criminal desde los primeros meses de libertad, allá por el mes de abril del año 2001.

Tan pronto se sintió libre y protegido, El Chapo convocó a una cumbre de capos en Monterrey, Nuevo León, a la que asistieron los hermanos Beltrán Leyva, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Ignacio Nacho Coronel, e Ismael Zambada García, El Mayo, entre otros.

El objetivo: planear la expansión del Cártel de Sinaloa en todo el territorio nacional y más allá de éste. Aquel plan, el cual está detallado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, tenía como puntos torales acabar con la hegemonía de la familia Carrillo Fuentes, exterminar al Cártel de Tijuana y debilitar al grupo armado Los Zetas. Dos décadas después, el proyecto está consolidado: los Carrillo Fuentes y el Cártel de Tijuana están debilitados y su radio de acción se limita a una pequeña región del norte del país, en tanto que el debilitamiento de Los Zetas –hoy Cártel del Noreste– llega al grado de que ese grupo está casi extinguido debido a los embates del Ejército Mexicano y la Marina.

En esta guerra también fue determinante la participación de Los Mata Zetas, grupo paramilitar que presuntamente forma parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación –el que encabeza “El Mencho”, quien actualmente es el amo y señor en una veintena de estados en la República mexicana y controla, además, las rutas del “huachicol”, el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos–.

Este grupo de Los Mata Zetas, de acuerdo con versiones extraoficiales, pudo haber sido creado por las propias fuerzas del Estado. El objetivo: limpiar las plazas que el Cártel de Sinaloa pretendía ocupar desde entonces.         

 

Las debilidades de El Chapo

En su nueva y más boyante etapa como capo, Guzmán Loera dio rienda suelta a sus placeres, los cuales disfrutó tanto como la impunidad que lo cobijó durante varios años.

A Guzmán Loera le gustaba la buena vida, el dinero y las mujeres, según está asentado en la averiguación referida. Pero su gusto por esos placeres no era nuevo en la personalidad de quien por doce años fue el jefe del Cártel de Sinaloa. Tales características salieron a relucir en el perfil psicológico elaborado en 1993 por la PGR, en cuyo estudio destaca que “es proclive a la traición, le gusta el poder y ejercerlo, aunque presenta baja tolerancia a la frustración”.

Por ejemplo, tras ser detenido en 1993 –en medio del escándalo por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo– salió a flote información respecto a que El Chapo Guzmán poseía en ese tiempo unas 27 cuentas bancarias, tres aviones ejecutivos, múltiples empresas operadas con testaferros, y varias mujeres.

Aunque en 1977 se había casado con María Alejandrina Guadalupe Salazar Hernández, también conocida como Lucía Silva Muñoz, o con los nombres de Mayra Alejandra Casas Saldaña, Alexis García de Alba Michel y/o Isela Lomeli de León. Con ella procreó cinco hijos: César, Alejandrina Gisell, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Claudete Ilene, según establece una ficha criminal elaborada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

En los gobiernos panistas Guzmán Loera tuvo, como pocos, la libertad de acción. Actualmente el Cártel de Sinaloa, la empresa criminal que impulsó, tiene ramificaciones por todas partes. Dentro del territorio nacional, El Chapo Guzmán aplicó la estrategia, cuando estaba en libertad, de aliarse con otros grupos para ir alcanzando mayor poder y eliminó a los rivales que le estorbaban en sus planes de crecimiento.

Tanto la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas estadunidense, como la extinta PGR, documentan que la llamada narcoempresa encabezada Guzmán Loera es tan poderosa como grande en su estructura.

El Cártel de Sinaloa no es una empresa criminal piramidal sino horizontal: está asociado a La Familia Michoacana, al Cártel del Golfo desde 2007, y en su momento se alió con dos ramajes que hicieron las veces de grupo armado –La Residencia y el Cártel de Guadalajara Nueva Generación– con asiento en el Estado de Jalisco. Todo el corporativo Sinaloa domina 25 estados de la República. Y en el mundo está presente en más de cien países.

Pero eso no es todo: El Cártel de Sinaloa también se afincó en Centro y Sudamérica, hacia donde ha exportado violencia e inestabilidad, pero también ha inyectado buena parte de su capital financiero en bienes raíces y compra de tierras, entre otros negocios.

Desde el 2005, el Cártel de Sinaloa y sus aliados comenzaron a controlar el negocio del transporte de drogas desde Colombia hacia México, pues los capos colombianos abandonaron esa actividad y prefirieron quedarse con el suministro de drogas, el cual realizan desde Colombia. Pero también desde Perú, Venezuela, Panamá o Costa Rica, países en donde están diseminados varios cárteles.

De acuerdo con la DEA, El Chapo Guzmán controlaba todo el transporte de drogas –y precursores químicos– que eran traídos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia; y a lo largo de la región dispuso de varias bodegas para almacenar estupefacientes. Las últimas terminales están en Costa Rica y Guatemala. De ahí cruzaban los cargamentos por Chiapas hacia cualquier punto del país para luego ser introducidos a Estados Unidos. Esta ruta está vigente y sigue siendo muy explotada por los cárteles, en particular, Sinaloa y Golfo.

Pero la visión empresarial de Guzmán Loera apuntó más lejos. Reportes de inteligencia mexicanos y estadunidenses no sólo lo ubicaron en Argentina, donde vivió algún tiempo, sino también en Europa. Particularmente en Reino Unido y España, hasta donde el Cártel de Sinaloa exporta sus productos: cocaína y drogas sintéticas, entre ellas, el Fentanilo.

Joaquín Guzmán Loera, quizá la versión mejor moldeada del llamado narcoempresario, bien pudo ser considerado, con base en antecedentes, como el capo que más aprovechó la dinámica de la globalización del tráfico de drogas en el mundo.

 

Dominio territorial

Después de varios años de batalla por parte del gobierno contra el crimen organizado, la organización de Sinaloa controla casi todo el territorio nacional y sus principales rivales son Los Zetas, ahora autodenominados Cártel del Noreste. Con el resto de los grupos criminales –incluido el de Juárez, su acérrimo rival– cesó la confrontación desatada por la disputa de Ciudad Juárez, la frontera más codiciada.

Actualmente, los hombres que dirigen al Cártel de Sinaloa son sus hijos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán; así como Ismael Zambada García, “El Mayo”, el verdadero jefe del grupo criminal según la DEA. Siguen teniendo refugios en Centroamérica. La mayoría de los actuales operadores, quienes lo sustituyeron tras su aprehensión en 2014, se mueven por los estados de Coahuila, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas; sin que ninguna autoridad los pueda detener.

El Chapo se dio varios lujos cuando gozaba de libertad y uno de ellos fue la impunidad, con la que disfrutada al máximo.  Tal era la protección que tenía del gobierno que hasta se exhibió, en una ocasión, montado en una cuatrimoto y transitar por céntricas calles de la ciudad de Durango.      

Este hecho fue filmado por las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública, con cuyas imágenes la extinta PGR pudo confirmar que el entonces jefe del Cártel de Sinaloa, con una edad entre los 53 y 55 años, tenía una fisonomía fresca, sin arrugas, producto de las cirugías plásticas a las que se había sometido.

Boyante como empresario del narco y poderoso en el mundo criminal, Guzmán Loera tenía puestos los reflectores internacionales y hasta se dio como un hecho que pronto podía terminar su hegemonía. Sin embargo, mientras más se especulaba respecto a su presunta caída, el Cártel de Sinaloa se afianzaba como el grupo criminal no sólo más poderoso de México, sino uno de los mejor consolidados en el mundo. Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón –ambos panistas– el capo no fue perseguido.

Tuvieron que pasar varios años para que El Chapo fuera capturado. Y ello se pudo lograr debido a la presión internacional, particularmente del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, ahora que está preso, su organización criminal sigue tan próspera como cuando él era libre y era el jefe máximo.

Cabe recordar una frase que “El Mayo” Zambada le dijo a Julio Scherer cuando el fundador del semanario Proceso y uno de los periodistas más influyentes de la última mitad del siglo XX lo entrevistó en la Sierra de Sinaloa:

Si yo muero o me detienen, todo seguiría igual.

 

Guzmán Loera purga hoy una cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos.                                                  

 

           

Primero lo investigaron por la compra de una residencia, luego por un enriquecimiento de poco más de 34 millones de pesos –incremento en su patrimonio que, según la Secretaría de la Función Pública, no declaró–. Y ahora, diecinueve de sus más cercanos colaboradores, que lo acompañaron en la Secretaría de Gobernación y en las tareas de seguridad, son buscados por la justicia dentro y fuera de México.

Las órdenes de aprehensión libradas son por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La lista de exfuncionarios alcanzó a Jesús Orta Martínez, quien fungió como Secretario de Seguridad Pública Ciudadana en la Ciudad de México –sustituido por Omar García Harfuch–; también a Frida Martínez Zamora, quien durante el gobierno de Enrique Peña Nieto despachó como Secretaria General de la Policía Federal.

Sin duda, en estos casos también se investigan nexos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Es público que, cuando Osorio Chong fue Gobernador de Hidalgo, el Cártel de Los Zetas se posicionó en ese y otros estados de la República. En esa entidad vivía nada más y nada menos que Heriberto Lazcano Lazcano, el jefe máximo de Los Zetas, durante años brazo armado del Cártel del Golfo.

El caso de Orta Martínez es significativo. Según la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desde hace tiempo se sabía que el entonces funcionario era investigado a nivel federal por presuntos nexos con el crimen organizado. Por esa razón –dijo– se le pidió la renuncia. Su lugar fue ocupado por Omar García Harfuch, otro personaje plagado de claroscuros que también ha sido señalado de tener nexos con el crimen organizado. El 26 de junio pasado fue atacado a tiros por un comando que, según el propio funcionario, forma parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Las investigaciones sobre los excolaboradores de Osorio Chong, de acuerdo con datos consultados en la Fiscalía General de la República, son por la presunta responsabilidad en el manejo de contratos y servicios, y por la compra con sobreprecio de equipo de espionaje en la ya desaparecida Comisión Nacional de Seguridad, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

También existen faltantes de dinero detectados, en su momento, por la Auditoría Superior de la Federación. Las denuncias fueron presentadas por el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, y en ellas se incluyen datos y evidencias respecto a irregularidades en la adquisición de vehículos, uniformes, armas y tecnología.

Ahora que las órdenes de aprehensión ya fueron libradas, se sabe que la mayoría de los exservidores públicos ya no están en el país: presuntamente huyeron cuando se enteraron de que el gobierno de la Cuarta Trasformación iba por ellos.

La lista de imputados es la siguiente: Carlos Hipólito Rivera, elemento de la Guardia Nacional hasta hace unos días; Eleuterio Enríquez Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares y Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, éste también vinculado a Osorio Chong.

Otros imputados son: Francisco Javier Cruz Rosas, Oswaldo Martínez Hernández, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge Carlos Ruiz Alavez, Édgar Ulises Calderón Luna, Israel Luna Espinoza, José Manuel Correa Flores, María Eldy Sosa Calderón, Verónica Tlahuitza Pérez, Carmen Patricia Quiñones Piña y Mercedes Hernández Rodríguez.

El único que falta en la lista es el senador Miguel Ángel Osorio Chong, personaje que, por ahora, sólo está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública por un incremento patrimonial, hasta ahora no justificado –según la versión oficial– de 34 millones de pesos y la compra de una residencia cuyos fondos, de acuerdo con la indagación, presuntamente no fueron reportados.

 

AMLO, sin política criminal, no puede frente al narco

 

Falto de una estrategia eficaz, el gobierno de la Cuarta Transformación no tiene cómo parar al crimen organizado, el flagelo que más violencia y muertos genera en el país.

El presidente, en un alarde insultante de su irresponsabilidad, sigue diciendo que no utilizará la fuerza del Estado para enfrentar a los cárteles.

Y lo volvió a repetir ahora que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizó un desfile en el que exhibió parte de su poderío: sus armas, sus hombres y su gran nivel de organización; el evento, efectuado a propósito del cumpleaños de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue aprovechado también para lanzar serias amenazas en contra de José Antonio Yépez, “El Marro”, su rival más acérrimo, quien es el líder del Cártel Santa Rosa de Lima, el que opera el tráfico de combustible robado en Guanajuato.

Los dos videos, difundidos el fin de semana pasado a través de las redes sociales, es a todas luces una provocación. El CJNG exhibe armamento de alto poder, fusiles de asalto, lanza-granadas, carros tanques, fusiles Barret, entre otros, y hombres uniformados que la Secretaría de la Defensa Nacional calculó que eran unos ochenta que, ataviados con uniformes militares, mostraban su poder.

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo a la ligera que se trataba de un montaje; sin embargo, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval detalló que no se trataba de un montaje sino de un video auténtico y enseguida dio cuenta del armamento que fue exhibido en el mismo.

No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró asombro por la difusión que han tenido los videos en las redes y en los medios de comunicación; después dijo que seguiría con su política de abrazos y no balazos. Una verdadera vacilada.

La falta de seriedad del presidente frente al problema del crimen organizado ha rebasado todas las consideraciones. Al principio de su gobierno se pensó que se trataba de una postura que resultaría eficaz, sobre todo después de seis años de guerra con Felipe Calderón y el sexenio fallido de Enrique Peña Nieto. En este último periodo gubernamental el crimen gozó de impunidad.

Ante la ineficacia del gobierno de la Cuarta Transformación frente al crimen organizado las críticas dentro y fuera de México han sido muy fuertes, incluso, descalificativas, ante una política errática que no ha dado resultados y, pese a ello, el presidente se empeña en mantenerla.

Se asegura que si una estrategia no arroja resultados, entonces es momento de cambiar la estrategia. Pero en el caso del gobierno mexicano se hace todo lo contrario: entre más falla la estrategia más se empeñan en seguirla utilizando.

Es por ello que el crimen –y en particular el CJNG –sigue generando violencia y muerte en México. La ausencia de una política anticrimen muestra a un gobierno débil, a pesar de que no lo es. El gobierno de México dispone de un Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y un marco legal que le dota del monopolio de la ley y de la fuerza para usarse, pero no lo hace, de tal suerte que frente a la ola de muertes el gobierno de López Obrador se erige como un mero espectador de la desgracia.

La crisis de inseguridad es muy grave. Existen catorce cárteles disputándose el control territorial y el boyante mercado de las drogas. Y lo peor es que ninguna autoridad les impide enfrentarse ni ajustar sus cuentas ni amenazarse a través de las redes.

La amenaza del CJNG en contra de José Antonio Yépez, “El Marro”, es clara: Irán por sus hombres para asesinarlos y seguramente por él, ya que el cártel de “El Mencho” está afincado en el estado de Guanajuato desde el año 2014. Desde entonces opera en robo de combustibles, el tráfico de drogas, las extorsiones, secuestros, control de giros negros, piratería, entre otros delitos que les reditúan cuantiosas ganancias.

Ante las amenazas difundidas, todo indica que la violencia tanto en El Bajío como en el Occidente continuará. Y mientras el crimen organizado puede ajustar sus cuentas pendientes con sus rivales, el gobierno sigue sumido en su política fallida.

La frase de abrazos y no balazos es tan ridícula que al presidente no se le puede tomar en serio, pues es claro que esa postura no es la que debe asumir un gobierno que se ve avasallado por el crimen organizado y ni siquiera las manos mete.

           

El nivel de violencia que enfrenta el país, la capacidad bélica de los cárteles muestran que el crimen organizado ya escaló al nivel del terrorismo.

Las matanzas de los últimos meses, ocurridas en Michoacán, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, entre otros estados en Guerra, demuestran que el crimen organizado gobierna en buena parte del territorio nacional y que le disputa al Estado mexicano el control del país.

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