Fue brazo derecho de Genaro García Luna en las operaciones de narcotráfico y protección al Cártel de Sinaloa durante el gobierno de Felipe Calderón. Actualmente su calidad es la de prófugo de la justicia estadounidense. De acuerdo con su historial, basado en señalamientos de policías, él era el responsable de controlar el trasiego de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El círculo cercano con el que operó Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón se va cerrando poco a poco; y la justicia alcanza a quienes desde sus puestos principales incurrieron en tortura, abuso de autoridad y protección al narcotráfico, en particular, al Cártel de Sinaloa.

Es el caso de Luis Cárdenas Palomino, quien en el gobierno de Calderón se desempeñó como Jefe de División de la Policía Federal, sobre quien ya pesa una orden de aprehensión –junto con 12 excolaboradores suyos– quienes incurrieron en un caso de tortura.

Según el expediente, radicado en la Causa penal 10/2020 –derivado de la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/126/2012–, Cárdenas Palomino y los imputados habrían cometido violaciones a los derechos humanos en contra de Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortea Vallarta, Ricardo y Eduardo Estrada Granados. Todos ellos están implicados en el caso Florance Cassez.

Estas personas fueron detenidas el 27 de abril de 2012 en la colonia Hank González, alcaldía de Iztapalapa; y actualmente están presos en diversas prisiones del país. Se trata de una banda de secuestradores conocida como “Los Zodiacos”.

El caso tiene historia: Tras la captura de estos presuntos secuestradores, los mismos presentaron una denuncia ante las autoridades en la que acusaron a Luis Cárdenas Palomino y a sus colaboradores de haberles propinado golpes con sus armas. La denuncia asegura que también les golpearon con las manos y les colocaron bolsas de plástico en la cabeza. Todos estos golpes y vejaciones tenían como objeto –según dijeron los detenidos– que ellos mismos se autoincriminaran.

La Resolución judicial es clara: “Está demostrado que Luis Cárdenas Palomino, en su carácter superior jerárquico, de los elementos de la Policía Federal antes señalados, les autorizó para inflingir sufrimientos graves físicos, con el fin de obtener de la torturada una confesión”.

Cárdenas Palomino es investigado por la Fiscalía General de la República por diversos delitos. Entre otros: protección al crimen organizado durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón.

Fue brazo derecho de Genaro García Luna junto con Ramón Pequeño. Ambos son acusados en Estados Unidos dentro del juicio que enfrenta García Luna por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, García Luna y sus presuntos cómplices cooperaron con protección para que el Cártel que entonces encabezaba Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, introdujera varias toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Hasta principios de este año, Ramón Pequeño se desempeñaba como asesor de Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad Pública Ciudadana. Después de la captura de García Luna, en Texas, en diciembre de 2019, varios funcionarios ligados a este grupo fueron destituidos; sin embargo, un gran número de policías relacionados con García Luna siguen operando en diversos estados.

Cabe recordar que Luis Cárdenas Palomino fue acusado en 2012 de estar detrás de las operaciones de narcotráfico que se realizaban en el aeropuerto de la Ciudad de México.

En marzo de 2012, mientras se pelaban un botín, se desató una balacera en la Terminal ll del aeropuerto capitalino debido a las diferencias que surgieron entre agentes federales tras el arribo de un avión comercial de Aeroméxico, que aterrizó con una tonelada de cocaína procedente de Lima, Perú.

La balacera dejó varios muertos y heridos. Una parte de los agentes federales aseguraron que la gente de Cárdenas Palomino los presionaron para ligarse al narcotráfico y, por ello, aseguraron que el funcionario federal era el responsable de las operaciones de tráfico de drogas a través de la terminal aérea. En ese tiempo, el Cártel de Sinaloa tenía el control del aeropuerto. Rey Zambada, hermano de “El Mayo” Zambada, era el capo que mandaba al interior de la terminal.

Ahora estos vínculos salieron a flote en el juicio que García Luna enfrenta en Nueva York, donde enfrentará a la justicia estadounidense para demostrar su inocencia ante la acusación que le hicieron agentes de la DEA y del Departamento de Justicia por brindar protección y facilidades para que el Cártel de Sinaloa introdujera drogas a territorio estadounidense durante el gobierno de Felipe Calderón. Periodo en el cual se desató una guerra contra el crimen que, al parecer, fue una simulación porque, en el fondo, protegieron al narcotráfico.

 

Preso en Estados Unidos por servir a los intereses del Cártel de Sinaloa; acusado de brindar protección a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo –quien compurga una cadena perpetua en Estados Unidos por delincuencia organizada–, Genaro García Luna empezó a ser cuestionado en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón por sus nexos con el narcotráfico. En particular, con el cártel mencionado. De acuerdo con la DEA, el más poderoso del mundo.

Desde la cárcel donde está recluido ha ofrecido en un par de ocasiones pagar una fianza de dos millones de dólares –la primera oferta fue de un millón de dólares– para que el fiscal de su causa lo dejara en libertad, ya que argumenta que puede contagiarse del coronavirus. Ambas solicitudes le fueron negadas.

Las razones: es considerado un personaje peligroso que puede fugarse, ya que tiene amplios contactos políticos y criminales que lo pueden ayudar a evadir la acción de la justicia, según el criterio de las autoridades estadunidenses.

A continuación se relatan las acusaciones que en su momento le fueron hechas tanto a él mismo como a sus colaboradores más cercanos que lo acompañaron desde que fue Director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el gobierno de Vicente Fox, y posteriormente como Secretario de Seguridad Pública, en la administración de Felipe Calderón. Tales acusaciones  salieron a flote en el sexenio de Fox, donde García Luna fue un estratega policíaco. Ocupó la titularidad de la Agencia Federal de Investigaciones, una copia bastante degradada del FBI. Nadie imaginaba entonces que el funcionario federal ya tenía nexos criminales, de acuerdo con los expedientes consultados.

Y es que varios de sus colaboradores cercanos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron acusados de corrupción y de tener ligas con el narco desde el año 2008. Sin embargo, García Luna nunca destituyó a ninguno de ellos, por el contrario, los cobijó y los mantuvo en sus respectivos cargos.

Por ejemplo, Mario Velarde Martínez, quien durante el gobierno de Vicente Fox fungió como secretario particular de García Luna en la AFI, tuvo tratos con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. De acuerdo con las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República, este personaje era parte de la red de funcionarios que colaboraba con el crimen organizado.

En aquel momento, Velarde era el quinto hombre cercano al entonces Secretario de Seguridad Pública que era investigado por la PGR. Entonces estaba adscrito a la División Antidrogas de la Policía Federal en la SSP.

En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, integrada durante la llamada “Operación Limpieza” –que permitió la captura de altos funcionarios de la SSP y de la PGR por servir al crimen organizado, en particular al Cártel de Sinaloa–, Alberto Pérez Guerrero, identificado como testigo protegido con el nombre de “Felipe”, pormenorizó las complicidades de exfuncionarios policíacos con el narco:

Según “Felipe”, Velarde Martínez y Ricardo Gutiérrez –exdirector de la Interpol México y quien fue arraigado durante el gobierno de Calderón por sus presuntos nexos con el narco– tenían en común su amistad y presuntos negocios de venta de información con José Antonio Cueto, señalado en ese tiempo como responsable de reclutar e infiltrar a funcionarios para brindarle información a los hermanos Beltrán Leyva sobre operativos, órdenes de aprehensión, investigaciones y extradiciones.

Narra el testigo protegido “Felipe”:

“A principios del año 2007, el licenciado Mario Arturo Velarde Martínez se desempeñaba como director de área y es amigo cercano de Cueto, de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Me pidió información sobre dos asuntos de los cuales no recuerdo en las oficinas de Interpol, en los que tenía conocimiento Cueto, por los cuales me dio Velarde Martínez la cantidad de 4 mil dólares, de los cuales 2 mil entregué a Cueto”.

El mismo día de esta declaración ministerial, realizada en la Embajada de México en Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA) entregó a la PGR una fotografía del cercano colaborador de García Luna, quien ya formaba parte de las investigaciones y de los expedientes oficiales.

La imagen fue presentada al testigo, quien lo identificó de entre cinco fotografías de otros funcionarios que ya estaban siendo investigados tanto en México como en Estados Unidos por servir al crimen organizado.

“Felipe” tenía información sensible, había sido agente de la PGR y su último cargo fue haber sido Comisionado de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: e identificó el rostro de Velarde Martínez.

Por ello, conocía a los colaboradores ligados al narcotráfico cercanos a García Luna. Entre otros, a Ricardo Gutiérrez, director de Interpol-México; Ricardo de la Guardia, exdirector de Despliegue Regional e Interpol; Miguel Colorado, ex coordinador de Servicios Técnicos de la SIEDO –hoy SEIDO– y al Capitán Fernando Rivera, exdirector adjunto de Servicios Técnicos de SIEDO.

Otros fueron arraigados, pues ya se tenían datos y evidencias de sus vínculos con el Cártel de Sinaloa y, en particular, con la célula de los hermanos Beltrán Leyva. Sus nombres: Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP; Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de Operaciones de la PFP –éste fue ejecutado durante su etapa como testigo colaborador, mientras tomaba café en un Starbucks en la colonia Del Valle de la Ciudad de México–; Gerardo Garay Cadena, entonces jefe de la Policía Federal Preventiva y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol-México.

 

La red criminal

Mario Velarde negó los cargos y los nexos que le imputaron con el narcotráfico. Pero no fue suficiente: un testigo protegido de la DEA y de la PGR reveló que servía a los intereses del Cártel de Sinaloa.

El testigo lo describió tal cual es físicamente. Dijo: “Mario Velarde Martínez es de tez blanca, cabello negro corto y ondulado, mide un metro con 65 centímetros de estatura, tiene entre 38 y 40 años de edad, es de ojos color negro, nariz regular, con frente un poco pronunciada”.

Y añadió: … “Tiene un tic nervioso de estarse jalando los pellejos de los dedos pulgares y que casi siempre tiene curitas en los dedos por ello y que cuando lo conoció el declarante, era el secretario particular del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, pero después se fue como director de Enlace Externo en Interpol y más tarde quedó bajo las órdenes de la licenciada Maribel Cervantes, en la Policía Federal”.

Otro de los colaboradores de García Luna –Ricardo Gutiérrez– fue indiciado porque dos testigos protegidos lo acusaron de proteger los movimientos de Rey Zambada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El testigo también dijo que le vendía información a los Beltrán Leyva.

De acuerdo con el testigo y las investigaciones que entonces realizó la PGR, el exmilitar Roberto García –quien estaba adscrito a la Coordinación Técnica de la SIEDO– fue comprado por el Cártel de Sinaloa, pero cuando lo detuvieron pidió acogerse al Programa de testigos protegidos y fue identificado con el nombre de “David”.

En aquella ocasión, el testigo relató que once años atrás “El Rey Zambada” –hermano de Ismael Zambada García– era conocido como “El licenciado Óscar” para tratar con comandantes y funcionarios federales. Conocía a José Antonio Cueto desde los tiempos de la Fiscalía Antidrogas (FEADS).

Dijo el testigo: “Cueto conoció a todos los comandantes de la Policía Judicial Antidrogas, esos comandantes le presentaron al licenciado ´Oscar´ –o sea Rey Zambada– y añadió el testigo ´David´”.

“Óscar o el licenciado Óscar cuando utilizaba el Aeropuerto para viajar le hablaba a Cueto y él llamaba a Ricardo Gutiérrez, que era titular de Interpol México para que no pasara por ningún filtro de revisión; en específico, se trataba de gente que venía de Colombia, aunque no sé los nombres, pero se venían a ver con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”.

Por otra parte Alberto Pérez Guerrero, como testigo protegido “Felipe”, relató que el director de Interpol tenía problemas económicos y por eso vendían información al crimen organizado. e  incluso le llegó a pedir un préstamo de 300 mil pesos a Cueto, enlace de los Beltrán Leyva.

Según “Felipe”, un abogado de narcotraficantes que tiene su despacho en Guadalajara, de apellido Valenzuela o Valencia, le pagó dos asesorías que le brindó Cueto para elaborar unos amparos. Primero pagó 30 mil pesos y en otra ocasión le dio de 4 a 6 mil dólares.

Dijo: “Al pretender entregarle ese dinero (a Cueto) me pidió que le entregara 2 mil dólares a Ricardo Gutiérrez Vargas, director General de Interpol, lo que realicé directamente en su oficina ubicada en Torre Pedregal sobre Periférico Sur, enfrente del hotel Camino Real por el Pedregal y al recibir este dinero Gutiérrez Vargas me dijo que gracias, este ya sabía que esto era de parte de José Antonio Cueto; oficinas donde el emitente prestaba sus servicios.”

“Esta entrega de dinero a Gutiérrez se repitió en una segunda ocasión sin saber qué cantidad, ya que era un sobre que Cueto me entregó y me dijo que se lo diera al director de Interpol refiriéndome que era dinero”.

“Felipe” también expuso en aquel testimonio que entre abril y mayo de 2007 Gutiérrez le dio un sobre cerrado con información que le pidió llevar al domicilio de Cueto en Valle Escondido, Atizapán, y así lo hizo.

Estos excolaboradores de García Luna fueron procesados por sus nexos con el crimen organizado. Cuando estaban en funciones fueron protegidos por García Luna. Todos ellos tenían nexos con Rey Zambada, quien ahora es uno de los testigos clave en el juicio que enfrentará el exsecretario de Seguridad Pública en Nueva York.

Cabe aclarar que todos los señalamientos incriminatorios en contra de los exfuncionarios –tanto los que operaban con García Luna como los que despachaban en la extinta PGR– formaron parte del expediente conocido como “Operación Limpieza”.

La mayoría de ellos, sin embargo, fueron exonerados aparentemente por falta de pruebas. Otros fueron encarcelados y recobraron su libertad. Ahora los testigos protegidos que hicieron las acusaciones testificarán en contra de García Luna. Es el caso de Rey Zambada y otros que dicen conocer detalles sobre la forma en que el exsecretario de Seguridad Pública brindó protección al crimen organizado, en particular, el Cártel de Sinaloa.

 

Como jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera expandió sus redes a varios países del mundo. Hoy, a pesar de estar preso, su organización es líder mundial en el tráfico de drogas. Durante su etapa de esplendor la DEA documentó sus andanzas en México y fuera de México, como cuando un día se montó en una cuatrimoto y transitó por céntricas calles de la ciudad de Durango. Las Cámaras de Seguridad filmaron al hombre más poderoso del narco y las autoridades pudieron conocer que “El Chapo” se había hecho una cirugía plástica que lo hacía lucir más joven. La extinta PGR logró hacer un retrato psicológico del narcotraficante, el único que se conoce, y cuyos pormenores aquí se describen. Así fue la vida de Guzmán Loera, el narcoempresario más poderoso de los últimos veinte años, cuyo legado –el cártel de Sinaloa– sigue de pie ahora liderado por sus hijos Jesús Alfredo, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. Sinaloa actualmente es el cártel menos molestado por el gobierno federal, a tal grado, que se afirma que es el grupo criminal consentido del poder central.

 

Desde su captura, en 1993, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, arrastró la mala fama de ser traicionero, amante del dinero y de las mujeres hermosas, pero lo cierto es que el exjefe del Cártel de Sinaloa también resultó ser un empresario boyante en el mundo del narcotráfico, posición que consolidó de 2002 a 2014.

Desde que se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, de donde se escapó con una peluca rubia y lentes oscuros, El Chapo Guzmán se trazó la meta de consolidar al Cártel de Sinaloa como la organización criminal más importante del continente. Y lo logró.

Ninguno de los capos que lo antecedieron alcanzaron tal posición: Miguel Ángel Félix Gallardo –mentor de Guzmán Loera– llamado en los años ochenta el capo de capos, se conformó con dirigir al Cártel de Guadalajara y alcanzó notoriedad por su gran poder corruptor y su capacidad para establecer alianzas entre grupos antagónicos. Sin embargo, cayó en desgracia al arrancar el sexenio de Carlos Salinas en 1989: fue detenido junto con Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, y acusados de narcotráfico y del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. En este crimen también participó Rafael Caro Quintero, quien fue capturado en Costa Rica, a donde había huido junto con su amante Sara Cosio, sobrina de Guillermo Cosio Vidaurri, exgobernador de Jalisco.

Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, fue el capo más aventajado en el último sexenio priísta, el que encabezó Ernesto Zedillo, pero sucumbió en su intento por internacionalizar al Cártel de Juárez, cuyas raíces llegaron a Sudamérica. Carrillo Fuentes fue declarado oficialmente muerto en 1997. Hasta la fecha se duda que haya fallecido, como se dijo, tras someterse a una cirugía plástica y una liposucción en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México porque, extrañamente, los médicos que lo operaron aparecieron muertos en la carretera que lleva a Acapulco, conocida como autopista del Sol. La policía halló los cuerpos dentro de unos tambos. Estaban descuartizados. ¿Por qué fueron asesinados? ¿Acaso Amado Carrillo sobrevivió y ellos eran los únicos testigos?

En la era panista, que comenzó en el año 2000 con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales, Joaquín Guzmán Loera trazó su ruta de éxito en el mundo criminal desde los primeros meses de libertad, allá por el mes de abril del año 2001.

Tan pronto se sintió libre y protegido, El Chapo convocó a una cumbre de capos en Monterrey, Nuevo León, a la que asistieron los hermanos Beltrán Leyva, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Ignacio Nacho Coronel, e Ismael Zambada García, El Mayo, entre otros.

El objetivo: planear la expansión del Cártel de Sinaloa en todo el territorio nacional y más allá de éste. Aquel plan, el cual está detallado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, tenía como puntos torales acabar con la hegemonía de la familia Carrillo Fuentes, exterminar al Cártel de Tijuana y debilitar al grupo armado Los Zetas. Dos décadas después, el proyecto está consolidado: los Carrillo Fuentes y el Cártel de Tijuana están debilitados y su radio de acción se limita a una pequeña región del norte del país, en tanto que el debilitamiento de Los Zetas –hoy Cártel del Noreste– llega al grado de que ese grupo está casi extinguido debido a los embates del Ejército Mexicano y la Marina.

En esta guerra también fue determinante la participación de Los Mata Zetas, grupo paramilitar que presuntamente forma parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación –el que encabeza “El Mencho”, quien actualmente es el amo y señor en una veintena de estados en la República mexicana y controla, además, las rutas del “huachicol”, el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos–.

Este grupo de Los Mata Zetas, de acuerdo con versiones extraoficiales, pudo haber sido creado por las propias fuerzas del Estado. El objetivo: limpiar las plazas que el Cártel de Sinaloa pretendía ocupar desde entonces.         

 

Las debilidades de El Chapo

En su nueva y más boyante etapa como capo, Guzmán Loera dio rienda suelta a sus placeres, los cuales disfrutó tanto como la impunidad que lo cobijó durante varios años.

A Guzmán Loera le gustaba la buena vida, el dinero y las mujeres, según está asentado en la averiguación referida. Pero su gusto por esos placeres no era nuevo en la personalidad de quien por doce años fue el jefe del Cártel de Sinaloa. Tales características salieron a relucir en el perfil psicológico elaborado en 1993 por la PGR, en cuyo estudio destaca que “es proclive a la traición, le gusta el poder y ejercerlo, aunque presenta baja tolerancia a la frustración”.

Por ejemplo, tras ser detenido en 1993 –en medio del escándalo por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo– salió a flote información respecto a que El Chapo Guzmán poseía en ese tiempo unas 27 cuentas bancarias, tres aviones ejecutivos, múltiples empresas operadas con testaferros, y varias mujeres.

Aunque en 1977 se había casado con María Alejandrina Guadalupe Salazar Hernández, también conocida como Lucía Silva Muñoz, o con los nombres de Mayra Alejandra Casas Saldaña, Alexis García de Alba Michel y/o Isela Lomeli de León. Con ella procreó cinco hijos: César, Alejandrina Gisell, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Claudete Ilene, según establece una ficha criminal elaborada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

En los gobiernos panistas Guzmán Loera tuvo, como pocos, la libertad de acción. Actualmente el Cártel de Sinaloa, la empresa criminal que impulsó, tiene ramificaciones por todas partes. Dentro del territorio nacional, El Chapo Guzmán aplicó la estrategia, cuando estaba en libertad, de aliarse con otros grupos para ir alcanzando mayor poder y eliminó a los rivales que le estorbaban en sus planes de crecimiento.

Tanto la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas estadunidense, como la extinta PGR, documentan que la llamada narcoempresa encabezada Guzmán Loera es tan poderosa como grande en su estructura.

El Cártel de Sinaloa no es una empresa criminal piramidal sino horizontal: está asociado a La Familia Michoacana, al Cártel del Golfo desde 2007, y en su momento se alió con dos ramajes que hicieron las veces de grupo armado –La Residencia y el Cártel de Guadalajara Nueva Generación– con asiento en el Estado de Jalisco. Todo el corporativo Sinaloa domina 25 estados de la República. Y en el mundo está presente en más de cien países.

Pero eso no es todo: El Cártel de Sinaloa también se afincó en Centro y Sudamérica, hacia donde ha exportado violencia e inestabilidad, pero también ha inyectado buena parte de su capital financiero en bienes raíces y compra de tierras, entre otros negocios.

Desde el 2005, el Cártel de Sinaloa y sus aliados comenzaron a controlar el negocio del transporte de drogas desde Colombia hacia México, pues los capos colombianos abandonaron esa actividad y prefirieron quedarse con el suministro de drogas, el cual realizan desde Colombia. Pero también desde Perú, Venezuela, Panamá o Costa Rica, países en donde están diseminados varios cárteles.

De acuerdo con la DEA, El Chapo Guzmán controlaba todo el transporte de drogas –y precursores químicos– que eran traídos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia; y a lo largo de la región dispuso de varias bodegas para almacenar estupefacientes. Las últimas terminales están en Costa Rica y Guatemala. De ahí cruzaban los cargamentos por Chiapas hacia cualquier punto del país para luego ser introducidos a Estados Unidos. Esta ruta está vigente y sigue siendo muy explotada por los cárteles, en particular, Sinaloa y Golfo.

Pero la visión empresarial de Guzmán Loera apuntó más lejos. Reportes de inteligencia mexicanos y estadunidenses no sólo lo ubicaron en Argentina, donde vivió algún tiempo, sino también en Europa. Particularmente en Reino Unido y España, hasta donde el Cártel de Sinaloa exporta sus productos: cocaína y drogas sintéticas, entre ellas, el Fentanilo.

Joaquín Guzmán Loera, quizá la versión mejor moldeada del llamado narcoempresario, bien pudo ser considerado, con base en antecedentes, como el capo que más aprovechó la dinámica de la globalización del tráfico de drogas en el mundo.

 

Dominio territorial

Después de varios años de batalla por parte del gobierno contra el crimen organizado, la organización de Sinaloa controla casi todo el territorio nacional y sus principales rivales son Los Zetas, ahora autodenominados Cártel del Noreste. Con el resto de los grupos criminales –incluido el de Juárez, su acérrimo rival– cesó la confrontación desatada por la disputa de Ciudad Juárez, la frontera más codiciada.

Actualmente, los hombres que dirigen al Cártel de Sinaloa son sus hijos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán; así como Ismael Zambada García, “El Mayo”, el verdadero jefe del grupo criminal según la DEA. Siguen teniendo refugios en Centroamérica. La mayoría de los actuales operadores, quienes lo sustituyeron tras su aprehensión en 2014, se mueven por los estados de Coahuila, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas; sin que ninguna autoridad los pueda detener.

El Chapo se dio varios lujos cuando gozaba de libertad y uno de ellos fue la impunidad, con la que disfrutada al máximo.  Tal era la protección que tenía del gobierno que hasta se exhibió, en una ocasión, montado en una cuatrimoto y transitar por céntricas calles de la ciudad de Durango.      

Este hecho fue filmado por las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública, con cuyas imágenes la extinta PGR pudo confirmar que el entonces jefe del Cártel de Sinaloa, con una edad entre los 53 y 55 años, tenía una fisonomía fresca, sin arrugas, producto de las cirugías plásticas a las que se había sometido.

Boyante como empresario del narco y poderoso en el mundo criminal, Guzmán Loera tenía puestos los reflectores internacionales y hasta se dio como un hecho que pronto podía terminar su hegemonía. Sin embargo, mientras más se especulaba respecto a su presunta caída, el Cártel de Sinaloa se afianzaba como el grupo criminal no sólo más poderoso de México, sino uno de los mejor consolidados en el mundo. Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón –ambos panistas– el capo no fue perseguido.

Tuvieron que pasar varios años para que El Chapo fuera capturado. Y ello se pudo lograr debido a la presión internacional, particularmente del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, ahora que está preso, su organización criminal sigue tan próspera como cuando él era libre y era el jefe máximo.

Cabe recordar una frase que “El Mayo” Zambada le dijo a Julio Scherer cuando el fundador del semanario Proceso y uno de los periodistas más influyentes de la última mitad del siglo XX lo entrevistó en la Sierra de Sinaloa:

Si yo muero o me detienen, todo seguiría igual.

 

Guzmán Loera purga hoy una cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos.                                                  

 

           

Primero lo investigaron por la compra de una residencia, luego por un enriquecimiento de poco más de 34 millones de pesos –incremento en su patrimonio que, según la Secretaría de la Función Pública, no declaró–. Y ahora, diecinueve de sus más cercanos colaboradores, que lo acompañaron en la Secretaría de Gobernación y en las tareas de seguridad, son buscados por la justicia dentro y fuera de México.

Las órdenes de aprehensión libradas son por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La lista de exfuncionarios alcanzó a Jesús Orta Martínez, quien fungió como Secretario de Seguridad Pública Ciudadana en la Ciudad de México –sustituido por Omar García Harfuch–; también a Frida Martínez Zamora, quien durante el gobierno de Enrique Peña Nieto despachó como Secretaria General de la Policía Federal.

Sin duda, en estos casos también se investigan nexos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Es público que, cuando Osorio Chong fue Gobernador de Hidalgo, el Cártel de Los Zetas se posicionó en ese y otros estados de la República. En esa entidad vivía nada más y nada menos que Heriberto Lazcano Lazcano, el jefe máximo de Los Zetas, durante años brazo armado del Cártel del Golfo.

El caso de Orta Martínez es significativo. Según la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desde hace tiempo se sabía que el entonces funcionario era investigado a nivel federal por presuntos nexos con el crimen organizado. Por esa razón –dijo– se le pidió la renuncia. Su lugar fue ocupado por Omar García Harfuch, otro personaje plagado de claroscuros que también ha sido señalado de tener nexos con el crimen organizado. El 26 de junio pasado fue atacado a tiros por un comando que, según el propio funcionario, forma parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Las investigaciones sobre los excolaboradores de Osorio Chong, de acuerdo con datos consultados en la Fiscalía General de la República, son por la presunta responsabilidad en el manejo de contratos y servicios, y por la compra con sobreprecio de equipo de espionaje en la ya desaparecida Comisión Nacional de Seguridad, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

También existen faltantes de dinero detectados, en su momento, por la Auditoría Superior de la Federación. Las denuncias fueron presentadas por el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, y en ellas se incluyen datos y evidencias respecto a irregularidades en la adquisición de vehículos, uniformes, armas y tecnología.

Ahora que las órdenes de aprehensión ya fueron libradas, se sabe que la mayoría de los exservidores públicos ya no están en el país: presuntamente huyeron cuando se enteraron de que el gobierno de la Cuarta Trasformación iba por ellos.

La lista de imputados es la siguiente: Carlos Hipólito Rivera, elemento de la Guardia Nacional hasta hace unos días; Eleuterio Enríquez Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares y Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, éste también vinculado a Osorio Chong.

Otros imputados son: Francisco Javier Cruz Rosas, Oswaldo Martínez Hernández, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge Carlos Ruiz Alavez, Édgar Ulises Calderón Luna, Israel Luna Espinoza, José Manuel Correa Flores, María Eldy Sosa Calderón, Verónica Tlahuitza Pérez, Carmen Patricia Quiñones Piña y Mercedes Hernández Rodríguez.

El único que falta en la lista es el senador Miguel Ángel Osorio Chong, personaje que, por ahora, sólo está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública por un incremento patrimonial, hasta ahora no justificado –según la versión oficial– de 34 millones de pesos y la compra de una residencia cuyos fondos, de acuerdo con la indagación, presuntamente no fueron reportados.

 

AMLO, sin política criminal, no puede frente al narco

 

Falto de una estrategia eficaz, el gobierno de la Cuarta Transformación no tiene cómo parar al crimen organizado, el flagelo que más violencia y muertos genera en el país.

El presidente, en un alarde insultante de su irresponsabilidad, sigue diciendo que no utilizará la fuerza del Estado para enfrentar a los cárteles.

Y lo volvió a repetir ahora que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizó un desfile en el que exhibió parte de su poderío: sus armas, sus hombres y su gran nivel de organización; el evento, efectuado a propósito del cumpleaños de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue aprovechado también para lanzar serias amenazas en contra de José Antonio Yépez, “El Marro”, su rival más acérrimo, quien es el líder del Cártel Santa Rosa de Lima, el que opera el tráfico de combustible robado en Guanajuato.

Los dos videos, difundidos el fin de semana pasado a través de las redes sociales, es a todas luces una provocación. El CJNG exhibe armamento de alto poder, fusiles de asalto, lanza-granadas, carros tanques, fusiles Barret, entre otros, y hombres uniformados que la Secretaría de la Defensa Nacional calculó que eran unos ochenta que, ataviados con uniformes militares, mostraban su poder.

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo a la ligera que se trataba de un montaje; sin embargo, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval detalló que no se trataba de un montaje sino de un video auténtico y enseguida dio cuenta del armamento que fue exhibido en el mismo.

No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró asombro por la difusión que han tenido los videos en las redes y en los medios de comunicación; después dijo que seguiría con su política de abrazos y no balazos. Una verdadera vacilada.

La falta de seriedad del presidente frente al problema del crimen organizado ha rebasado todas las consideraciones. Al principio de su gobierno se pensó que se trataba de una postura que resultaría eficaz, sobre todo después de seis años de guerra con Felipe Calderón y el sexenio fallido de Enrique Peña Nieto. En este último periodo gubernamental el crimen gozó de impunidad.

Ante la ineficacia del gobierno de la Cuarta Transformación frente al crimen organizado las críticas dentro y fuera de México han sido muy fuertes, incluso, descalificativas, ante una política errática que no ha dado resultados y, pese a ello, el presidente se empeña en mantenerla.

Se asegura que si una estrategia no arroja resultados, entonces es momento de cambiar la estrategia. Pero en el caso del gobierno mexicano se hace todo lo contrario: entre más falla la estrategia más se empeñan en seguirla utilizando.

Es por ello que el crimen –y en particular el CJNG –sigue generando violencia y muerte en México. La ausencia de una política anticrimen muestra a un gobierno débil, a pesar de que no lo es. El gobierno de México dispone de un Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y un marco legal que le dota del monopolio de la ley y de la fuerza para usarse, pero no lo hace, de tal suerte que frente a la ola de muertes el gobierno de López Obrador se erige como un mero espectador de la desgracia.

La crisis de inseguridad es muy grave. Existen catorce cárteles disputándose el control territorial y el boyante mercado de las drogas. Y lo peor es que ninguna autoridad les impide enfrentarse ni ajustar sus cuentas ni amenazarse a través de las redes.

La amenaza del CJNG en contra de José Antonio Yépez, “El Marro”, es clara: Irán por sus hombres para asesinarlos y seguramente por él, ya que el cártel de “El Mencho” está afincado en el estado de Guanajuato desde el año 2014. Desde entonces opera en robo de combustibles, el tráfico de drogas, las extorsiones, secuestros, control de giros negros, piratería, entre otros delitos que les reditúan cuantiosas ganancias.

Ante las amenazas difundidas, todo indica que la violencia tanto en El Bajío como en el Occidente continuará. Y mientras el crimen organizado puede ajustar sus cuentas pendientes con sus rivales, el gobierno sigue sumido en su política fallida.

La frase de abrazos y no balazos es tan ridícula que al presidente no se le puede tomar en serio, pues es claro que esa postura no es la que debe asumir un gobierno que se ve avasallado por el crimen organizado y ni siquiera las manos mete.

           

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