Ha comenzado en las redes sociales y en los medios de comunicación la guerra política entre el Gobierno de la Cuarta Transformación y la derecha. Desde la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador afinó la estrategia de lanzar los primeros misiles a través del testigo convenido Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para destapar los drenajes de la corrupción que se orquestó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El propósito fue entregar los recursos naturales a los intereses extranjeros a través de la Reforma Energética; la cual se aprobó mediante sobornos a diversos legisladores.

Para eso trajeron a México a Emilio Lozoya, con quien la Fiscalía General de la República (FGR) negoció su allanamiento para que renunciara a la batalla legal que libraba en España; y así poder integrar un expediente que permitiera sacar a la luz pública buena parte del entramado de corrupción tejido durante el sexenio anterior.

Para lograr sus objetivos mediáticos y políticos, López Obrador ha puesto en evidencia que la FGR no es autónoma sino una aliada de su proyecto, pues sin recato alguno –sin considerar las violaciones al debido proceso ni a la secrecía de la investigación– se han filtrado las piezas medulares de la carpeta que se integró tras las primeras declaraciones de Lozoya. En las mismas acusa al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de la planeación estratégica para concretar el saqueo a PEMEX con la compra de la planta Agronitrogenados. Los incrimina en la recepción de los sobornos de Odebrecht y la compra de votos en el Congreso a través de pagos millonarios a los legisladores. Así se logró la aprobación de la Reforma Energética, el instrumento del entreguismo.

Videgaray, además, formaría parte de otra investigación federal: la que implica por delito electoral al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de entregar dinero público para apoyar las campañas de varios candidatos del PRI en 2016.

Según la investigación a cargo de la FGR, el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones, entonces dirigente del PRI, tramaron el plan. El entonces Secretario de Hacienda fondeó dinero en varios estados –Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, por citar sólo tres– y desde esas administraciones estatales se hizo el despliegue de recursos que, supuestamente, se entregaron al PRI para el financiamiento de las campañas de sus candidatos; donde fueron habilitados hasta personajes del crimen organizado como abanderados de ese instituto político.

Sigamos con Lozoya. Al analizar el video con los paquetes de dinero, los cuales se cuentan en una oficina del Senado de la República, se observan bolsas con billetes de 500 y de 200 pesos. Aquí se infiere que esa suma millonaria se entregó a varios legisladores a cambio de su voto, pero lo cierto es que esos legisladores beneficiados nunca aparecen en la videograbación. Aunque Lozoya asegure en su declaración que el dinero fue precisamente para comprar el voto de los senadores, pues en todo caso tendrá que probar su dicho, con otro video, con documentos firmados u otras evidencias que acrediten que los recursos se entregaron directamente a los interesados. Esto será difícil de probar.

Por ello, cobra sentido que un elemento –el video–, que no es contundente para probar un delito, se filtre con tanta facilidad a los medios de comunicación; pues cumple un cometido mediático y político. Dicha filtración se atribuye al hermano de Lozoya. La FGR, por su parte, se deslindó de la filtración e informó que inició investigaciones por ello. Sin embargo, la FGR y Lozoya eran los que contaban con dicha evidencia, a menos que desde Palacio Nacional el Presidente haya solicitado la difusión del video, como lo sugirió al decir que todo México debía ver y escuchar las declaraciones de Lozoya. A López Obrador se le quemaban las habas para que el video acusador fuera difundido y se exhibiera cómo se entregan las bolsas de dinero en el Senado de la República. El video perturba, en efecto. No acredita que se entregó a senadores, pero cualquiera puede imaginar lo que vino después.

Es decir, el Presidente López Obrador –amante del escándalo mediático– era el principal interesado en que se generara este incendio político y exhibir a senadores panitas –hoy flamantes gobernadores– como parte de la corrupción sistémica del poder político. Es el caso del panista Francisco “Pancho” Domínguez, mandatario de Querétaro, quien además arrastra señalamientos, desde meses atrás, por el escándalo de la caja popular La Libertad. En esta,  presuntamente se lavaba dinero del narcotráfico, de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas. El defensor de esa empresa actualmente intervenida por la FGR era Juan Collado –el abogado de la mafia– actualmente preso por ese caso.

Se trataba de exhibirlos con el video, tal y como el propio López Obrador fue exhibido y cuestionado, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando René Bejarano –entonces su secretario particular– fue videograbado recibiendo fajos de dinero. Se los metía en las bolsas de su saco con ligas y todo. Justo cuando el empresario Carlos Ahumada, contratista principal del Gobierno perredista de entonces y novio de Rosario Robles, pagaba sobornos o diezmos a gente de confianza de López Obrador a cambio de millonarios contratos de obra pública. Era evidente que Bejarano cobraba por su jefe, pero esto sólo se infiere del hecho, pues no fue probado fehacientemente. En ese caso, López Obrador fue raspado, aunque pudo librarse de ese escándalo.

No todo termina en el video. Por si fuera poco, algunos días después de rendir sus primeras declaraciones ante la FGR, Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos en la que acusa al expresidente Peña Nieto, Luis Videgaray, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, excandidatos presidenciales, entre otras figuras políticas del pasado, de formar parte de una estructura poderosa para entregar los recursos naturales a intereses extranjeros.

En este grupo también resultó implicado Daniel Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, quien es investigado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Tales vínculos no son nuevos: datan de 2010, cuando quiso ser gobernador. En ese tiempo ya se conocían sus andanzas en Estados Unidos, sus negocios sucios y sus relaciones con el crimen organizado. Sin embargo, el entonces presidente Felipe Calderón lo cobijó.

Lozoya señala a Salinas de Gortari de haber sido asesor para el PAN en todo el proceso de la Reforma Energética; de Anaya, dice que recibió 6 millones de pesos de parte de Videgaray por su silencio y también para operar con los diputados y senadores panistas la aprobación de dicha reforma. Todo esto resultó un verdadero salpicadero de estiércol. Cada uno de los acusados respondieron negando los hechos. Los más elocuentes fueron Francisco Domínguez, Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca y Luis Videgaray. Este último respondió a través de su cuenta de Twitter negando los hechos; y dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades de ser llamado a declarar. Carlos Salinas, quien presuntamente vive en Reino Unido, se ha mantenido hasta ahora replegado del escándalo, agazapado ante la tormenta.

¿Quién filtró la denuncia de hechos íntegra de Emilio Lozoya? Nadie lo sabe. Pudo haber salido de la FGR –donde el exfuncionario federal la presentó– o bien fue una orden del Presidente López Obrador que se filtrara a los medios; para robustecer el escándalo mediático y político.

Ante todo este escenario confuso y revuelto, cabe plantear si las evidencias conocidas hasta ahora le alcanzarán a la FGR para llevar ante los tribunales a todos los implicados en esta madeja de corrupción. Más allá que se puedan probar fehacientemente las acusaciones de Lozoya, sería muy lamentable que este asunto quedara sólo en la denuncia pública, pues el Gobierno de la Cuarta Transformación sería blanco de críticas por mantener en la impunidad a esta cauda de criminales de cuello blanco.

Pero todo indica que en este caso no se aplicarán los “abrazos y no balazos”. Aquí parece que habrá escándalo mediático, linchamiento político y consignación de la carpeta de investigación para que todos sean llamados a cuentas. Mucho dependerá del trabajo que realice el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien no la tiene fácil.

Lo ideal es que el caso llegue a los tribunales, como ya se dijo, y se resuelva en las autoridades judiciales. Los implicados en el escándalo tienen derecho a defenderse y lo harán. Disponen de todos los recursos para ello. Esta será, sin duda, la prueba de fuego para Alejandro Gertz Manero, quien se juega su puesto como Fiscal.

Pero la derecha no se ha quedado paralizada por el golpe de Lozoya. Este jueves comenzó a circular otro video, presuntamente filtrado a las redes sociales, donde aparece Pío López Obrador recibiendo dinero de parte de David León, anterior Coordinador de Protección Civil y en 2018 funcionario del gobierno de Chiapas que encabezaba Manuel Velasco, actual senador de la República. Recientemente David León ha sido nombrado por el presidente López Obrador como responsable de la distribución de medicamentos en el país; pero su toma de posesión se detuvo tras la difusión del video.

La entrega de dinero al hermano del Pesidente –se calcula que esto fue como en el año 2018– fue para reforzar las operaciones de MORENA en Chiapas; previo a la elección presidencial de julio de ese año.

El video muestra que ambos están en un restaurante, donde Pío recibe un paquete de dinero. Otro paquete le es entregado en una casa, presuntamente propiedad de David León, en la que además se escucha que David León le dice a Pío: “—Aquí te traigo 400”. Y añade: “—Hazle saber al licenciado que lo estamos apoyando”. En ese año (2018) Pío era operador de MORENA en Chiapas.

Tras la difusión del video, la respuesta de David León no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter dijo: “Respecto al video, debe tener aprox 5 años de antigüedad. De nov de 2013 a nov de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

Así la guerra de los videos.

 

Las declaraciones rendidas por Emilio Lozoya, la denuncia de hechos en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el excanciller Luis Videgaray, presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), exhiben el lado más sucio de la política mexicana.

Las prácticas perversas utilizadas durante el gobierno de Peña Nieto, son lo más alejado de la política en estricto sentido y exhiben el retroceso de ciertos hombres del poder; a grado tal, que parece que vivían en el Neolítico, cuando la sociedad comenzó a organizarse.

En aquella época prehistórica –plagada de abusos donde se imponía la ley del más fuerte o mejor preparado– se comprendían los abusos porque no había marcos legales ni sistemas de organización social, todo estaba por construirse; lejos, muy lejos estaba la democracia, sistema que, a decir verdad, ni en Grecia se utilizó en todas las Polis –su práctica fue parcial y no total– como sí ocurrió después de la Revolución Francesa.

Lo que declaró Emilio Lozoya ante la FGR es una revelación que en realidad no debe escandalizar. No dice nada nuevo, ni un pedazo de verdad que no conozcamos respecto de cómo ha funcionado el sistema político mexicano, regido por el compadrazgo y la corrupción, una suerte de asalto en pandilla sexenal, cobijado por el pacto de impunidad, ley no escrita que rige el ejercicio de la política y del poder en México.

Resulta curioso adentrarse a los detalles desgranados por Lozoya, por ejemplo, cuando afirma que se utilizaron unos cien millones de pesos para sobornar a legisladores –diputados y senadores– a fin de que, sin cortapisas, aprobaran la Reforma Energética, el marco regulatorio e instrumento para que el gobierno de Peña Nieto entregara la riqueza energética mediante contratos amañados a los intereses de empresas privadas extranjeras.

La entrega de dichos fondos, según su dicho, fueron acordados por el entonces presidente Peña, Luis Videgaray –y el mismo Lozoya como titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX)– para acelerar la aprobación del paquete de reformas que el entonces mandatario festinó a boca llena como un gran paso a la modernización del país. Y felicitó a los legisladores por pensar en los intereses nacionales. Aquello fue el cinismo sin fronteras.

Cuando afirmo que, fuera de estos detalles, no hay nada nuevo en las declaraciones de Lozoya, es porque a muy pocos sorprende que desde la presidencia de la República se haya sobornado al Congreso –o a buena parte de los legisladores que conformaban la pasada Legislatura– porque ha sido una práctica recurrente en México.           

En los estados, por ejemplo, es posible que haya ocurrido lo mismo para que los diputados locales ratificaran la Reforma Energética, pues es ampliamente conocido que en cada entidad el gobernador en turno designa al líder del Congreso y éste recibe órdenes del mandatario estatal en turno. Si hay una oposición numerosa, recurren a la práctica de lubricar la tarea legislativa con dinero para que los legisladores voten los proyectos de ley con base en “los intereses nacionales”. Nada más alejado de la política, distante del llamado “bien común” que consigna la ciencia política en su esencia y/o teoría.

Un ejemplo más que claro de la corrupción legislativa es la polémica Ley Bonilla, anulada por la Suprema Corte, que impulsó en Baja California el entonces gobernador Francisco Vega Lamadrid, según denuncias públicas, mediante sobornos millonarios a los diputados locales.

La historia que nos cuenta Emilio Lozoya, con independencia de algunas revelaciones, lo exhiben como un verdadero títere. Fue la marioneta, el cómplice de Enrique Peña Nieto para cometer los actos de corrupción que ahora denuncia –el caso Odebrecht y la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados– y, por si fuera poco, ahora se pone en manos de su nuevo titiritero –el gobierno de la Cuarta Transformación– para denunciar actos de corrupción a cambio de salvar su pellejo y el de su familia; no obstante que la FGR y él como testigo saben de antemano que los delitos de que acusa a Peña y a Videgaray ya están prescritos.

Esto no quiere decir que no se hayan cometido. ¡Claro que se cometieron! Pero de lo que se trata es de desenredar los detalles y tender una enorme cortina de humo que acompañará al gobierno de López Obrador de aquí hasta el 2 de julio de 2021, cuando se celebren las elecciones intermedias.

Y es que un gobierno que carece de resultados y navega entre las arenas movedizas de enormes crisis como la violencia del crimen organizado, el oscuro trance de la economía, la pobreza y la imparable mortandad causada por el COVID-19 –un verdadero cataclismo–; un gobierno así: el de López Obrador, tiene que recurrir forzosamente a un teatro de marionetas como el que se ha montado con Lozoya.

Como show es bastante divertido, aunque muchos medios de comunicación creen a pie juntillas que esta investigación va en serio y hasta alucinan con ver a Enrique Peña Nieto en la cárcel. Que no se nos olvide que la política es un teatro, un juego y en estricto sentido un arte que consiste en negociar. Hasta los próximos encarcelados ya están negociados de antemano. Y aquí vale la pena citar al dramaturgo irlandés Oscar Wilde, quien en los tiempos aciagos que vivió, cuando fue perseguido por su homosexualidad, expresó: “… Ni lo fortuito me sorprende”.

Peña Nieto no irá a la cárcel. Pero seguramente alguien que formó parte de su equipo podría pisarla. Sin embargo, esto no sería nada fortuito sino producto de una negociación incluso con el futuro encarcelado. En política, como en el crimen organizado, todo es posible.

Basta recordar una historia que le pone sentido a esta reflexión: cuando Miguel de la Madrid fue ungido candidato a la presidencia de la República, a principios de 1982, se reunió con Joaquín Hernández Galicia, La Quina, entonces poderoso líder del sindicato petrolero.

Hábil en la marrullería, La Quina siempre ablandó a los candidatos presidenciales –desde Luis Echeverría hasta José López Portillo– con el cuento de que ya estaba cansado y pensaba dejar el poder. Todos, sin excepción, le dijeron: “No, Joaquín, espérate un poco más”. Y él, obediente, respondía: “Lo que usted mande, señor Presidente”.

Tocó el turno a Miguel de la Madrid. Hernández Galicia lo invitó a Ciudad Madero, Tamaulipas, su feudo. En una caminata, La Quina –quien no quería dejar el sindicato– soltó el ardid: “Señor Presidente, quiero comentarle en confianza que ya he pensado en retirarme, ya estoy muy cansado y creo que es tiempo de dejar el gremio”.

De la Madrid guardó silencio. La Quina retomó el tema con la voz tan suave como un minué, la humildad fingida. El abanderado del PRI siguió sumido en el mutismo. Por la mente del líder petrolero desfilaron, en tropel, negros presagios. Corrió a comentarle lo sucedido a Salvador Barragán Camacho, su hombre de confianza, y rápido urdieron otro plan. La construcción imaginativa de que venía lo peor los enloqueció.

Sabían que la llamada Renovación Moral era el arma fuerte de Miguel de la Madrid –al final de ese sexenio la llamada Renovación Moral resultó una gran farsa, un teatro– y era posible que empezara por el sindicato petrolero, considerado entonces un nido de corrupción. Barragán Camacho mandó llamar con urgencia al Tesorero del sindicato, Héctor García Hernández, “El Trampas”, uno de los hombres más corruptos de la historia de ese gremio, quien por cierto falleció el pasado 27 de abril en Coatzacoalcos, Veracruz.

Le dijo: –Tú serás ejemplo de la renovación moral de nuestro Sindicato, nos vamos a adelantar. Y le contó: –Te vamos a ofrecer en holocausto para aparentar la renovación moral en nuestro gremio. Y enseguida le detalló el plan: –Te destituimos, te acusamos ante las autoridades, huyes, le echamos tierra al asunto y en dos años vuelves.

Y “El Trampas” aceptó.

Era una Regla de oro en el sistema priista; y en el actual no parece haber cambios. Este gobierno es una continuidad maquillada del pasado. López Obrador es un hombre del sistema: el sistema lo hizo, le permitió crecer y llegar al poder. Él conoce esta Regla de oro. Seguramente habrá presos por la corrupción orquestada durante el gobierno de Peña Nieto, por citar sólo al penúltimo Presidente; pero si eso ocurre ya es un tema acordado. Por eso Peña Nieto ordenó a los gobernadores no meter las manos en el proceso electoral del 2018 y, así, le abrió el camino a López Obrador. ¿Esto quiere decir que Peña Nieto resultó un demócrata? ¿O hubo pacto?

La Cuarta Transformación necesita vida y el show es vida, de otro modo sería muy aburrido seguir escuchando “Las Mañaneras” con el mismo sonsonete. Tienen que variar ese bajo obstinato y el caso Lozoya les permite cambiar la tonada.

 

 

La crisis financiera causada por el COVID-19, la falta de planeación y de estrategia para amortiguar sus embates, la ausencia de apoyos a las empresas –que están quebrando en cascada–, ha provocado una recesión sin precedentes en México que ha impactado al Gobierno Federal; pues ahora resulta que no tienen dinero para continuar sosteniendo los programas sociales, el instrumento electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde que inició el actual gobierno, bien o mal llamado “La Cuarta Transformación” –que no es otra cosa más que una versión mal maquillada del pasado– el Gobierno Federal emprendió el proyecto de repartir dinero entre la clase más desprotegida. Según López Obrador, se trata de unos 30 millones de personas en situación de extrema pobreza los que reciben apoyos del gobierno. También se incluye a los adultos mayores, a quienes les otorga unos 2, 500 pesos bimestrales.

En este proyecto se suma, además, el apoyo a los jóvenes, a fin de que puedan trabajar como aprendices o bien puedan terminar sus estudios. Según el Presidente, esta es la forma adecuada de luchar contra el crimen organizado, que ya domina en más de la mitad del territorio nacional y que también dispone de sus propios apoyos sociales, como se ha visto con el reparto de despensas que realiza el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, la falta de recursos comenzó a preocupar al gobierno, pues no podrá sostener los programas sociales como lo venía haciendo, lo que coloca a la llamada 4T en serios problemas frente al escenario electoral del próximo año, cuando se renueven varias gubernaturas, congresos locales, alcaldías y el Congreso de la Unión. La elección intermedia es la más importante, pues de este resultado dependerá el futuro de la 4T hacia el año 2024, cuando se realicen las elecciones presidenciales.

Ante este escenario, López Obrador apuesta por el escándalo mediático. De ahí la urgencia por traer a México –vía la extradición– a Emilio Lozoya; exdirector de Petróleos Mexicanos detenido en España a principios de año, quien ya hizo sus dos primeras declaraciones judiciales sin que, hasta el momento, haya incriminado a nadie en particular.

Lozoya conoce como nadie el intríngulis de la corrupción que se fraguó en PEMEX durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; los sobornos otorgados por Odebrecht para conseguir contratos en la paraestatal. Pero también surgieron algunas versiones –y este es el sentido de la investigación contra Lozoya y la importancia de su extradición a México– en el sentido de que Odebrecht también financió la campaña de Peña Nieto en el 2012.

Según se ha dicho, Lozoya había pactado con la Cuarta Transformación aceptar ser extraditado a cambio de un juicio justo –¿lo pondrán en libertad?– y qué mejor momento que el actual, cuando se sientan las bases del proyecto electoral hacia el 2021, donde MORENA pretende mantener la mayoría en el Congreso. Lo que se ve difícil, porque el actual régimen no ha concretado resultados a casi dos años de gobierno.

Ahí siguen pendientes grandes temas como la crisis financiera, la delincuencia y la violencia atroz que enfrenta el país; y ni se diga el tema del combate a la corrupción, que ha sido una bandera que López Obrador ha ondeado sin resultados firmes.

Es cierto que encarcelaron a Rosario Robles, a Juan Collado, y que aseguraron cuentas de empresas ligadas al Cártel de Jalisco. Pero estos casos todavía no han sido juzgados. Falta que haya sentencias firmes. Sin embargo, le perdonaron todas sus tropelías a Carlos Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero, uno de los más corruptos y cabeza –se asegura– de una amplia red de corrupción que operó el “huachicoleo”.

Ante las complicaciones financieras causadas por la pandemia, el gobierno también incluyó en su lista de extraditables a Tomás Zerón, exfuncionario de la PGR, autor de la llamada “Verdad Histórica” construida en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la cual se ha echado abajo por inconsistente. De acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, el caso de los estudiantes fue una desaparición forzada. Falta ver cuál es la relatoría criminal del actual gobierno.

También se comenzaron los trámites para extraditar a México al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido la semana pasada en Miami, Florida, precisamente el día que López Obrador visitó a Donald Trump en Washington.

Duarte es un personaje clave para conocer el desvío de dinero del erario público para financiar las campañas del PRI, cuando ese partido era dirigido por Manlio Fabio Beltrones. Este caso podría robustecerse y alcanzar el nivel de delito electoral, pues César Duarte le entregó 250 millones de pesos al PRI, a través de Alejandro Gutiérrez, hombre de confianza de Beltrones, quien en 2016 fungía como Secretario General del PRI.

Otro personaje que se sumaría a la lista de extraditables y, por ende, al proyecto del escándalo mediático rumbo a las elecciones del 2021, es Kamel Nacif. Empresario de origen libanés, implicado en la red de pederastia denunciada por la activista y periodista Lydia Cacho, quien enfrentó serias consecuencias –amenazas, una detención ilegal, entre otros perjuicios– por parte del llamado “Rey de la Mezclilla”, confabulado con Mario Marín, entonces gobernador de Puebla.

Estos casos, sin duda, serán carne de cañón para la Cuarta Transformación, pues alimentarán el escándalo mediático necesario. También servirán para robustecer el discurso del combate a la corrupción y a la impunidad, bandera que ha ondeado López Obrador, pero que ahora aprovechará en la coyuntura electoral.

¿Justicia o negocio electoral?

Más lo segundo que lo primero.

 

Como en los gobiernos del PRI y del PAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza a la Fiscalía General de la República (FGR) –cuya autonomía pregona– y al testigo “convenido” Emilio Lozoya para montar una estrategia política y mediática de cara a las elecciones del 2021. El escándalo, todos los días atizado desde el púlpito presidencial, también sirve a la 4T para tender una espesa neblina frente a la escandalosa caída del empleo, la imparable pandemia de la COVID-19 y la violencia del crimen organizado, donde el gobierno federal ha fracasado hasta ahora. Más allá de lo que Lozoya declare sobre la corrupción, lo cierto es que el expresidente Enrique Peña Nieto puede estar muy tranquilo: su mejor defensor es López Obrador, quien ha dicho que no enjuiciará a los exmandatarios “si no lo pide la gente mediante una consulta”. En resumen, eso nunca ocurrirá porque las consultas ciudadanas son otro instrumento del mandatario para jugar a la democracia.  

 

El retorno de Emilio Lozoya encierra una trama, cuyas partes medulares empiezan a conocerse debido a las filtraciones informativas del gobierno: se trata de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) desenrede la madeja de corrupción tejida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en particular, los sobornos entregados por Odebrecht, el financiamiento de la campaña del PRI en 2012, los contratos amañados que se operaron en la paraestatal, el huachicol, el fructífero negocio de los altos mandos de la empresa gubernamental que era operado desde Los Pinos.

Ahora, ¿para qué negoció la Fiscalía General de la República (FGR) con Emilio Lozoya? Todo el mundo supuso que para conocer el intríngulis de este entramado de corrupción y castigar a los responsables. Sin embargo, se trata de utilizar a Lozoya –y todo lo que sabe sobre el saqueo del país– como instrumento de una campaña mediática de la Cuarta Transformación y cuyo objetivo es ondear la bandera del combate a la corrupción, sacarle raja política al tema y, así, construir una inmensa cortina de humo.

Se trata de que haya una espesa neblina frente a los problemas torales: la quiebra financiera del país, la bancarrota de las empresas, el escandaloso desempleo, por todos lados preocupante, y la imparable violencia del narcotráfico, temas en los que el gobierno de López Obrador ha fracasado absolutamente.

El caso Lozoya tiene mucha cuerda. De aquí hasta mediados del año entrante, por lo menos, habrá mucha tela por donde cortar para mantener una campaña política con un asunto legal, en la que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se presta como instrumento del presidente, tal y como ha ocurrido en los gobiernos del PRI y del PAN, tan criticados por López Obrador. Él mismo es una copia de lo que critica.

Los objetivos políticos de la Cuarta Trasformación son muy claros:

–Amortiguar el impacto de la violencia de alto voltaje perpetrada por el crimen organizado, para lo que no existe una política clara. El gobierno está avasallado por la violencia criminal y el Presidente sigue enfrascado en dar abrazos a los delincuentes. Se niega, como un burro rebelde frente a su jinete, a utilizar las facultades que le confiere la ley.

–Los estragos de la COVID-19, en gran medida recrudecidos por el manejo irresponsable del gobierno, cuyas cifras ya superan los 40 mil muertos. Las cifras y decesos aumentan y aquí hay dos responsables: el mal manejo oficial y la irresponsabilidad social: la gente no toma consciencia de que el coronavirus es mortal y hasta los miembros de la clase pudiente exhiben sus carencias educativas, aunque se sienten europeos, al no utilizar las medidas de rigor ante la pandemia. No aprenden estos ignorantes ataviados con trajes Hugo Boss.

–El derrumbe económico del país, lo que ha derivado en una de las crisis económicas más severas desde aquel amargo 1994, cuando Carlos Salinas entregó un país maquillado como de primer mundo y, en realidad, iba en caída libre. Ahora la COVID-19 ha contribuido al derrumbe económico en todo el mundo, más en algunos países que en otros, pero pocos han escapado a la ruina del desempleo. En Europa, la Unión Europea fondeó millones de euros para impedir una crisis mayor con repercusiones sociales. En México, al Presidente no le importa la debacle: le importa el poder, mucho poder, todo el poder, a grado tal que desde Palacio Nacional ya está de nuevo en campaña; rumbo al 2021.

 

El regreso de Lozoya  cayó como “anillo al dedo”, como dijo el presidente al referirse a la pandemia, pues el exfuncionario federal, convertido en un instrumento, en un ariete gubernamental, confesará lo que sabe sobre la corrupción pero está muy claro que López Obrador no permitirá que la FGR –que no parece autónoma– integre una carpeta en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, pues también es muy evidente que entre el presidente y Peña Nieto existe un pacto de impunidad, regla de oro en el sistema político que el mandatario conoce muy bien porque fue y es un hombre del sistema. La Cuarta Transformación, emprendida por el actual gobierno, es una continuidad maquillada del pasado, plegada a los intereses de Estados Unidos.

Lo que ha desatado muchas críticas es el trato y la deferencia de que goza Lozoya, quien saltó de su condición de prófugo de la justicia para convertirse en el testigo estelar de la FGR. Tan pronto arribó a Ciudad de México, en vuelo especial, el exfuncionario no fue llevado a una prisión, como se esperaba: lo internaron en el Hospital “Ángeles” del Pedregal bajo el argumento de que padece anemia aguda y otros males de salud. Y desde su habitación rindió su primera declaración, el martes 28, en la que se declaró inocente del fraude causado a Petróleos Mexicanos por la compra de la empresa Agro Nitrogenados, por la que la paraestatal pagó casi 700 millones de dólares.

No sólo eso: dijo también que fue presionado y objeto de intimidación, aunque no precisó de quién o quiénes. Se entiende que de sus jefes inmediatos, el entonces Presidente Enrique Peña y Luis Videgaray, quien fungía como Secretario de Hacienda.

Nunca antes el Ministerio Público Federal había dispensado trato tan especial a un testigo colaborador, ni siquiera en los tiempos en que se utilizó la figura del testigo protegido, aquel instrumento que fue operado perversamente por el poder político para denostar y encarcelar a los enemigos.

Y es que muchos testigos del crimen organizado fueron abandonados a su suerte después que declararon lo que sabían. Algunos casos ilustran lo anterior:

–Tomás Colsa McGregor, el joyero del narco, pieza del Cártel de Juárez, fue asesinado al bajar de un autobús del transporte público. Había confesado muchos secretos sobre Amado Carrillo y su red de protección. Dispuso de una escolta cuando fue útil a la extinta Procuraduría General de la República, pero después le retiraron la seguridad y fue abatido por sus enemigos.

–La misma suerte corrió Jaime Olvera Olvera, otro miembro del Cártel de Juárez, quien incluso incriminó a Liébano Sáenz cuando fungía como secretario particular de Ernesto Zedillo, al señalarlo como un hombre clave en las negociaciones entre el Cártel de Juárez y el gobierno para dejar de perseguir a Amado Carrillo. El señalamiento fue descalificado por la PGR al declarar al testigo enfermo de sus facultades mentales y proclive a la mitomanía. La locura, sin embargo, se hizo valer sólo en este caso porque, extrañamente, el resto de sus declaraciones fueron consideradas válidas.

–La muerte más reciente de un testigo protegido ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón: se trató de Edgar Bayardo del Villar, cómplice de Genaro García Luna en la protección al Cártel de Sinaloa. Este personaje fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública. Conocía como nadie a Ismael “El Mayo” Zambada porque era su protector y operador en el tráfico de drogas que se realizaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue detenido por esos nexos y se acogió al programa de testigos protegidos. Cuando decidió confesar lo que sabía sobre Zambada, la PGR le asignó una escolta, luego le fue retirada. Abandonado a su suerte, un día acudió al café Starbucks de la Colonia Del Valle. Cuando degustaba su espresso fue ejecutado por hombres armados.

Otros testigos que tuvieron tratos especiales –que terminó en corrupción– se dieron en tiempos de Ernesto Zedillo, quien encarceló a Raúl Salinas de Gortari por el asesinato del entonces diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha.

En ese tiempo, la PGR encabezada por Antonio Lozano Gracia contrató los servicios de una vidente –Francisca Zedina, “La Paca”– para que colaborara con la PGR en la búsqueda y localización de Muñoz Rocha. El fiscal del caso era Pablo Chapa Bezanilla, quien terminó enredado en esa madeja de corrupción y mentiras a tal grado que tuvo que huir a España, de donde fue extraditado. Luego se descubrió que utilizó los sistemas de inteligencia de la PGR para espiar a personas de su círculo íntimo.

“La Paca” procedió a exhumar unos restos humanos del panteón de Tláhuac y los inhumaron en la finca “El Encanto”, propiedad de Raúl Salinas; luego le dijo a Chapa Bezanilla que, según le habían informado los espíritus, el cuerpo de Muñoz Rocha estaba enterrado en ese rancho. Se realizó la búsqueda del cadáver y, en efecto, fueron sacados unos restos humanos que, en realidad, se trataba de una pedacería humana que nunca arrojó ninguna conclusión: aquello fue todo un montaje que sirvió para que “La Paca” y su cómplice Ramiro Aguilar Lucero cobraran más de un millón de pesos que, supuestamente, terminaron en manos de los funcionarios de la PGR.

En este asunto, el entonces procurador Lozano Gracia y su sucesor Jorge Madrazo Cuéllar fueron criticados duramente porque, a fin de incriminar a Raúl Salinas por el crimen de José Francisco Ruiz Massieu, le pagaron dos millones de pesos a Fernando Rodríguez González, secretario particular de Muñoz Rocha, para que incriminara a Raúl Salinas por el asesinato de su cuñado.

La defensa del hermano del expresidente declaró que la PGR pagó por el testimonio incriminatorio; los fiscales del caso dijeron que al testigo sólo se le estimuló para que dijera la verdad. Toda esta maraña quedó como una historia de corrupción, mentiras y excesos que evidenciaron los perversos alcances de la PGR en el manejo de los llamados testigos protegidos o convenidos.

La situación de Lozoya rememora aquellos casos escandalosos. Al exdirector de PEMEX se le protege porque temen que lo maten por lo que sabe y puede declarar. Es un juego de intereses: la FGR obtendrá los testimonios incriminatorios contra Videgaray, Peña Nieto y otros. A cambio, Lozoya resultará beneficiado al quitarle dos delitos graves –lavado de dinero y delincuencia organizada– dejándole sólo el de cohecho; y así evitará pisar la cárcel. En resumen, Lozoya fue llevado a México para liberarlo.

A todas luces, este caso se trata de una negociación. De ser un tránsfuga, Lozoya le aportará a la Cuarta Transformación la información que requiere, ya sea para enderezar las carpetas contra Peña Nieto y otros cómplices –lo que se duda– o bien para robustecer la campaña mediática que prepara de cara a las elecciones intermedias del 2021.

El combate a la corrupción le importa muy poco a AMLO. Es una bandera política, pues como ningún otro presidente en la historia se ha erigido como principal defensor de Peña Nieto. Antes, al menos, se guardaban las formas. Ahora se impone el descaro sin rubor.

Recientemente, el Presidente López Obrador alzó la voz por la difusión que se le dio, en casi todos los medios, a los videos donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación exhibe su poderío bélico. Dijo que le sorprendía la enorme difusión de esas imágenes –un exceso–, pero no utiliza el mismo criterio si se trata de su testigo convenido, Emilio Lozoya, a quien se refiere como un personaje al que se le debe cuidar porque –asegura– ya está hablando y acusando a políticos corruptos. Eso sí hay que difundirlo y sin medida, porque es lo que conviene a sus intereses; incluso, ha pedido públicamente que la gente siga la audiencia virtual en la que Lozoya comparece ante el juez de la causa. Así de clara es la incongruencia del mandatario: se molesta por lo que no le gusta y él mismo atiza, desde su púlpito, lo que va acorde con sus conveniencias personales y políticas.

Así de claro el doble discurso de AMLO. 

                  

Al rendir su primera declaración judicial, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, se declaró inocente por la compra fraudulenta de la empresa Agro Nitrogenados, por la que Pemex pagó unos 700 millones de dólares en 2015, cuando transcurría el tercer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso hubo un fraude que derivó en un grave quebranto en perjuicio del erario público.

Sin embargo, Lozoya, quien está acusado de operar este fraude, se declaró inocente; sin mencionar nombres todavía, sólo dijo que en este caso fue presionado e intimidado.

Lozoya compareció ante el juez José Artemio Zúñiga Mendoza de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus; el exfuncionario federal, quien fue extraditado hace doce días de España luego de allanarse, rindió su declaración desde su cómoda habitación en el hospital Ángeles del Pedregal, donde se encuentra internado desde su arribo a México.

Este miércoles 29, Lozoya comparecerá nuevamente ante el juzgador, ésta vez para declarar sobre los sobornos que le entregaron directivos de la empresa Odebrecht.

Se afirma que Odebrecht pagó unos diez millones de dólares para financiar la campaña de Peña Nieto, además de otros sobornos para obtener contratos en Pemex.

El caso Lozoya ha sido fuertemente cuestionado porque se asegura que es un instrumento político del presidente López Obrador, el cual tiene una vertiente mediática, por lo que corre el riesgo de politizarse.

La extradición de Emilio Lozoya parece que le vino como anillo al dedo al gobierno, pues se trata del primer juicio de alto perfil que persigue el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien es autónomo.

Lozoya, según se sabe, negoció con el gobierno venir a México y enfrentar a la justicia. Se habla de la posibilidad de acogerse al programa de oportunidad, una suerte de beneficio como el que se le otorgaba a los testigos protegidos en el pasado.

En este caso, el llamado criterio de oportunidad estaría en duda que se le otorgue a Emilio Lozoya –salvo lo que decida el juez Zúñiga Mendoza– ya que existe un daño patrimonial cuantioso y en estos casos el beneficio podría ser negado al testigo colaborador.

Pero todo está por verse en este caso. Todo indica que está dispuesto a hablar todo lo que sabe sobre la corrupción en Pemex durante el gobierno de Peña Nieto, en cuyos enjuagues también estaría implicado Luis Videgaray Caso, quien fungió como secretario de Hacienda.

Recientemente, durante una charla en el ITAM, un alumno cuestionó a Videgaray sobre la corrupción que lo implica. El exfuncionario sólo reconoció que cometió errores y no explicó en qué consistieron dichos errores.

Este miércoles 29, Lozoya continuará con sus declaraciones ante el juez de la causa, ahora para hablar sobre la corrupción tejida por el gobierno de Peña Nieto y la empresa Odebrecht, la compañía que operó uno de los casos de corrupción más escandalosos, pues se acusa a sus directivos de pagar sobornos millonarios para obtener contratos en varios países. En otras naciones, como Brasil y Perú, muchos exfuncionarios y hasta expresidentes han terminado en la cárcel o muertos por suicidio ante el descubrimiento de la corrupción en la que incurrieron.

 

Caso Agro-Nitrogenados

En el caso de la compra de Agro-Nitrogenados la denuncia  fue presentada el 9 de marzo de 2019 por la apoderada legal de Pemex, Martha Edith Rodríguez Acosta. En el expediente del caso se menciona que el 26 de octubre de 2015 el Consejo de Administración de Pemex realizó una sesión extraordinaria en la que se aprobó el proyecto de inversión para financiar y concretar la compra de la empresa Fertinal hasta por un monto de 635 millones de dólares. El dueño de Fertinal era Alonso Ancira Elizondo.

La compra de acciones –según las indagaciones– se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2015. Figuró como comprador Pemex-Fertilizantes Pacífico, y como vendedor Banco Azteca, institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 470.

Según la FGR, en esta maniobra hubo corrupción, un fraude, ya que la empresa Fertinal fue sobrevaluada, por lo que se generó un quebranto financiero a Pemex, delito que se le imputa a Emilio Lozoya, quien al declarar hoy sobre este caso dijo haber sido presionado e intimidado, supuestamente, por funcionarios que fungían como jefes suyos, en este caso, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.

           

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