La crisis financiera causada por el COVID-19, la falta de planeación y de estrategia para amortiguar sus embates, la ausencia de apoyos a las empresas –que están quebrando en cascada–, ha provocado una recesión sin precedentes en México que ha impactado al Gobierno Federal; pues ahora resulta que no tienen dinero para continuar sosteniendo los programas sociales, el instrumento electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde que inició el actual gobierno, bien o mal llamado “La Cuarta Transformación” –que no es otra cosa más que una versión mal maquillada del pasado– el Gobierno Federal emprendió el proyecto de repartir dinero entre la clase más desprotegida. Según López Obrador, se trata de unos 30 millones de personas en situación de extrema pobreza los que reciben apoyos del gobierno. También se incluye a los adultos mayores, a quienes les otorga unos 2, 500 pesos bimestrales.

En este proyecto se suma, además, el apoyo a los jóvenes, a fin de que puedan trabajar como aprendices o bien puedan terminar sus estudios. Según el Presidente, esta es la forma adecuada de luchar contra el crimen organizado, que ya domina en más de la mitad del territorio nacional y que también dispone de sus propios apoyos sociales, como se ha visto con el reparto de despensas que realiza el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, la falta de recursos comenzó a preocupar al gobierno, pues no podrá sostener los programas sociales como lo venía haciendo, lo que coloca a la llamada 4T en serios problemas frente al escenario electoral del próximo año, cuando se renueven varias gubernaturas, congresos locales, alcaldías y el Congreso de la Unión. La elección intermedia es la más importante, pues de este resultado dependerá el futuro de la 4T hacia el año 2024, cuando se realicen las elecciones presidenciales.

Ante este escenario, López Obrador apuesta por el escándalo mediático. De ahí la urgencia por traer a México –vía la extradición– a Emilio Lozoya; exdirector de Petróleos Mexicanos detenido en España a principios de año, quien ya hizo sus dos primeras declaraciones judiciales sin que, hasta el momento, haya incriminado a nadie en particular.

Lozoya conoce como nadie el intríngulis de la corrupción que se fraguó en PEMEX durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; los sobornos otorgados por Odebrecht para conseguir contratos en la paraestatal. Pero también surgieron algunas versiones –y este es el sentido de la investigación contra Lozoya y la importancia de su extradición a México– en el sentido de que Odebrecht también financió la campaña de Peña Nieto en el 2012.

Según se ha dicho, Lozoya había pactado con la Cuarta Transformación aceptar ser extraditado a cambio de un juicio justo –¿lo pondrán en libertad?– y qué mejor momento que el actual, cuando se sientan las bases del proyecto electoral hacia el 2021, donde MORENA pretende mantener la mayoría en el Congreso. Lo que se ve difícil, porque el actual régimen no ha concretado resultados a casi dos años de gobierno.

Ahí siguen pendientes grandes temas como la crisis financiera, la delincuencia y la violencia atroz que enfrenta el país; y ni se diga el tema del combate a la corrupción, que ha sido una bandera que López Obrador ha ondeado sin resultados firmes.

Es cierto que encarcelaron a Rosario Robles, a Juan Collado, y que aseguraron cuentas de empresas ligadas al Cártel de Jalisco. Pero estos casos todavía no han sido juzgados. Falta que haya sentencias firmes. Sin embargo, le perdonaron todas sus tropelías a Carlos Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero, uno de los más corruptos y cabeza –se asegura– de una amplia red de corrupción que operó el “huachicoleo”.

Ante las complicaciones financieras causadas por la pandemia, el gobierno también incluyó en su lista de extraditables a Tomás Zerón, exfuncionario de la PGR, autor de la llamada “Verdad Histórica” construida en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la cual se ha echado abajo por inconsistente. De acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, el caso de los estudiantes fue una desaparición forzada. Falta ver cuál es la relatoría criminal del actual gobierno.

También se comenzaron los trámites para extraditar a México al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido la semana pasada en Miami, Florida, precisamente el día que López Obrador visitó a Donald Trump en Washington.

Duarte es un personaje clave para conocer el desvío de dinero del erario público para financiar las campañas del PRI, cuando ese partido era dirigido por Manlio Fabio Beltrones. Este caso podría robustecerse y alcanzar el nivel de delito electoral, pues César Duarte le entregó 250 millones de pesos al PRI, a través de Alejandro Gutiérrez, hombre de confianza de Beltrones, quien en 2016 fungía como Secretario General del PRI.

Otro personaje que se sumaría a la lista de extraditables y, por ende, al proyecto del escándalo mediático rumbo a las elecciones del 2021, es Kamel Nacif. Empresario de origen libanés, implicado en la red de pederastia denunciada por la activista y periodista Lydia Cacho, quien enfrentó serias consecuencias –amenazas, una detención ilegal, entre otros perjuicios– por parte del llamado “Rey de la Mezclilla”, confabulado con Mario Marín, entonces gobernador de Puebla.

Estos casos, sin duda, serán carne de cañón para la Cuarta Transformación, pues alimentarán el escándalo mediático necesario. También servirán para robustecer el discurso del combate a la corrupción y a la impunidad, bandera que ha ondeado López Obrador, pero que ahora aprovechará en la coyuntura electoral.

¿Justicia o negocio electoral?

Más lo segundo que lo primero.

 

Como en los gobiernos del PRI y del PAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza a la Fiscalía General de la República (FGR) –cuya autonomía pregona– y al testigo “convenido” Emilio Lozoya para montar una estrategia política y mediática de cara a las elecciones del 2021. El escándalo, todos los días atizado desde el púlpito presidencial, también sirve a la 4T para tender una espesa neblina frente a la escandalosa caída del empleo, la imparable pandemia de la COVID-19 y la violencia del crimen organizado, donde el gobierno federal ha fracasado hasta ahora. Más allá de lo que Lozoya declare sobre la corrupción, lo cierto es que el expresidente Enrique Peña Nieto puede estar muy tranquilo: su mejor defensor es López Obrador, quien ha dicho que no enjuiciará a los exmandatarios “si no lo pide la gente mediante una consulta”. En resumen, eso nunca ocurrirá porque las consultas ciudadanas son otro instrumento del mandatario para jugar a la democracia.  

 

El retorno de Emilio Lozoya encierra una trama, cuyas partes medulares empiezan a conocerse debido a las filtraciones informativas del gobierno: se trata de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) desenrede la madeja de corrupción tejida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en particular, los sobornos entregados por Odebrecht, el financiamiento de la campaña del PRI en 2012, los contratos amañados que se operaron en la paraestatal, el huachicol, el fructífero negocio de los altos mandos de la empresa gubernamental que era operado desde Los Pinos.

Ahora, ¿para qué negoció la Fiscalía General de la República (FGR) con Emilio Lozoya? Todo el mundo supuso que para conocer el intríngulis de este entramado de corrupción y castigar a los responsables. Sin embargo, se trata de utilizar a Lozoya –y todo lo que sabe sobre el saqueo del país– como instrumento de una campaña mediática de la Cuarta Transformación y cuyo objetivo es ondear la bandera del combate a la corrupción, sacarle raja política al tema y, así, construir una inmensa cortina de humo.

Se trata de que haya una espesa neblina frente a los problemas torales: la quiebra financiera del país, la bancarrota de las empresas, el escandaloso desempleo, por todos lados preocupante, y la imparable violencia del narcotráfico, temas en los que el gobierno de López Obrador ha fracasado absolutamente.

El caso Lozoya tiene mucha cuerda. De aquí hasta mediados del año entrante, por lo menos, habrá mucha tela por donde cortar para mantener una campaña política con un asunto legal, en la que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se presta como instrumento del presidente, tal y como ha ocurrido en los gobiernos del PRI y del PAN, tan criticados por López Obrador. Él mismo es una copia de lo que critica.

Los objetivos políticos de la Cuarta Trasformación son muy claros:

–Amortiguar el impacto de la violencia de alto voltaje perpetrada por el crimen organizado, para lo que no existe una política clara. El gobierno está avasallado por la violencia criminal y el Presidente sigue enfrascado en dar abrazos a los delincuentes. Se niega, como un burro rebelde frente a su jinete, a utilizar las facultades que le confiere la ley.

–Los estragos de la COVID-19, en gran medida recrudecidos por el manejo irresponsable del gobierno, cuyas cifras ya superan los 40 mil muertos. Las cifras y decesos aumentan y aquí hay dos responsables: el mal manejo oficial y la irresponsabilidad social: la gente no toma consciencia de que el coronavirus es mortal y hasta los miembros de la clase pudiente exhiben sus carencias educativas, aunque se sienten europeos, al no utilizar las medidas de rigor ante la pandemia. No aprenden estos ignorantes ataviados con trajes Hugo Boss.

–El derrumbe económico del país, lo que ha derivado en una de las crisis económicas más severas desde aquel amargo 1994, cuando Carlos Salinas entregó un país maquillado como de primer mundo y, en realidad, iba en caída libre. Ahora la COVID-19 ha contribuido al derrumbe económico en todo el mundo, más en algunos países que en otros, pero pocos han escapado a la ruina del desempleo. En Europa, la Unión Europea fondeó millones de euros para impedir una crisis mayor con repercusiones sociales. En México, al Presidente no le importa la debacle: le importa el poder, mucho poder, todo el poder, a grado tal que desde Palacio Nacional ya está de nuevo en campaña; rumbo al 2021.

 

El regreso de Lozoya  cayó como “anillo al dedo”, como dijo el presidente al referirse a la pandemia, pues el exfuncionario federal, convertido en un instrumento, en un ariete gubernamental, confesará lo que sabe sobre la corrupción pero está muy claro que López Obrador no permitirá que la FGR –que no parece autónoma– integre una carpeta en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, pues también es muy evidente que entre el presidente y Peña Nieto existe un pacto de impunidad, regla de oro en el sistema político que el mandatario conoce muy bien porque fue y es un hombre del sistema. La Cuarta Transformación, emprendida por el actual gobierno, es una continuidad maquillada del pasado, plegada a los intereses de Estados Unidos.

Lo que ha desatado muchas críticas es el trato y la deferencia de que goza Lozoya, quien saltó de su condición de prófugo de la justicia para convertirse en el testigo estelar de la FGR. Tan pronto arribó a Ciudad de México, en vuelo especial, el exfuncionario no fue llevado a una prisión, como se esperaba: lo internaron en el Hospital “Ángeles” del Pedregal bajo el argumento de que padece anemia aguda y otros males de salud. Y desde su habitación rindió su primera declaración, el martes 28, en la que se declaró inocente del fraude causado a Petróleos Mexicanos por la compra de la empresa Agro Nitrogenados, por la que la paraestatal pagó casi 700 millones de dólares.

No sólo eso: dijo también que fue presionado y objeto de intimidación, aunque no precisó de quién o quiénes. Se entiende que de sus jefes inmediatos, el entonces Presidente Enrique Peña y Luis Videgaray, quien fungía como Secretario de Hacienda.

Nunca antes el Ministerio Público Federal había dispensado trato tan especial a un testigo colaborador, ni siquiera en los tiempos en que se utilizó la figura del testigo protegido, aquel instrumento que fue operado perversamente por el poder político para denostar y encarcelar a los enemigos.

Y es que muchos testigos del crimen organizado fueron abandonados a su suerte después que declararon lo que sabían. Algunos casos ilustran lo anterior:

–Tomás Colsa McGregor, el joyero del narco, pieza del Cártel de Juárez, fue asesinado al bajar de un autobús del transporte público. Había confesado muchos secretos sobre Amado Carrillo y su red de protección. Dispuso de una escolta cuando fue útil a la extinta Procuraduría General de la República, pero después le retiraron la seguridad y fue abatido por sus enemigos.

–La misma suerte corrió Jaime Olvera Olvera, otro miembro del Cártel de Juárez, quien incluso incriminó a Liébano Sáenz cuando fungía como secretario particular de Ernesto Zedillo, al señalarlo como un hombre clave en las negociaciones entre el Cártel de Juárez y el gobierno para dejar de perseguir a Amado Carrillo. El señalamiento fue descalificado por la PGR al declarar al testigo enfermo de sus facultades mentales y proclive a la mitomanía. La locura, sin embargo, se hizo valer sólo en este caso porque, extrañamente, el resto de sus declaraciones fueron consideradas válidas.

–La muerte más reciente de un testigo protegido ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón: se trató de Edgar Bayardo del Villar, cómplice de Genaro García Luna en la protección al Cártel de Sinaloa. Este personaje fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública. Conocía como nadie a Ismael “El Mayo” Zambada porque era su protector y operador en el tráfico de drogas que se realizaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue detenido por esos nexos y se acogió al programa de testigos protegidos. Cuando decidió confesar lo que sabía sobre Zambada, la PGR le asignó una escolta, luego le fue retirada. Abandonado a su suerte, un día acudió al café Starbucks de la Colonia Del Valle. Cuando degustaba su espresso fue ejecutado por hombres armados.

Otros testigos que tuvieron tratos especiales –que terminó en corrupción– se dieron en tiempos de Ernesto Zedillo, quien encarceló a Raúl Salinas de Gortari por el asesinato del entonces diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha.

En ese tiempo, la PGR encabezada por Antonio Lozano Gracia contrató los servicios de una vidente –Francisca Zedina, “La Paca”– para que colaborara con la PGR en la búsqueda y localización de Muñoz Rocha. El fiscal del caso era Pablo Chapa Bezanilla, quien terminó enredado en esa madeja de corrupción y mentiras a tal grado que tuvo que huir a España, de donde fue extraditado. Luego se descubrió que utilizó los sistemas de inteligencia de la PGR para espiar a personas de su círculo íntimo.

“La Paca” procedió a exhumar unos restos humanos del panteón de Tláhuac y los inhumaron en la finca “El Encanto”, propiedad de Raúl Salinas; luego le dijo a Chapa Bezanilla que, según le habían informado los espíritus, el cuerpo de Muñoz Rocha estaba enterrado en ese rancho. Se realizó la búsqueda del cadáver y, en efecto, fueron sacados unos restos humanos que, en realidad, se trataba de una pedacería humana que nunca arrojó ninguna conclusión: aquello fue todo un montaje que sirvió para que “La Paca” y su cómplice Ramiro Aguilar Lucero cobraran más de un millón de pesos que, supuestamente, terminaron en manos de los funcionarios de la PGR.

En este asunto, el entonces procurador Lozano Gracia y su sucesor Jorge Madrazo Cuéllar fueron criticados duramente porque, a fin de incriminar a Raúl Salinas por el crimen de José Francisco Ruiz Massieu, le pagaron dos millones de pesos a Fernando Rodríguez González, secretario particular de Muñoz Rocha, para que incriminara a Raúl Salinas por el asesinato de su cuñado.

La defensa del hermano del expresidente declaró que la PGR pagó por el testimonio incriminatorio; los fiscales del caso dijeron que al testigo sólo se le estimuló para que dijera la verdad. Toda esta maraña quedó como una historia de corrupción, mentiras y excesos que evidenciaron los perversos alcances de la PGR en el manejo de los llamados testigos protegidos o convenidos.

La situación de Lozoya rememora aquellos casos escandalosos. Al exdirector de PEMEX se le protege porque temen que lo maten por lo que sabe y puede declarar. Es un juego de intereses: la FGR obtendrá los testimonios incriminatorios contra Videgaray, Peña Nieto y otros. A cambio, Lozoya resultará beneficiado al quitarle dos delitos graves –lavado de dinero y delincuencia organizada– dejándole sólo el de cohecho; y así evitará pisar la cárcel. En resumen, Lozoya fue llevado a México para liberarlo.

A todas luces, este caso se trata de una negociación. De ser un tránsfuga, Lozoya le aportará a la Cuarta Transformación la información que requiere, ya sea para enderezar las carpetas contra Peña Nieto y otros cómplices –lo que se duda– o bien para robustecer la campaña mediática que prepara de cara a las elecciones intermedias del 2021.

El combate a la corrupción le importa muy poco a AMLO. Es una bandera política, pues como ningún otro presidente en la historia se ha erigido como principal defensor de Peña Nieto. Antes, al menos, se guardaban las formas. Ahora se impone el descaro sin rubor.

Recientemente, el Presidente López Obrador alzó la voz por la difusión que se le dio, en casi todos los medios, a los videos donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación exhibe su poderío bélico. Dijo que le sorprendía la enorme difusión de esas imágenes –un exceso–, pero no utiliza el mismo criterio si se trata de su testigo convenido, Emilio Lozoya, a quien se refiere como un personaje al que se le debe cuidar porque –asegura– ya está hablando y acusando a políticos corruptos. Eso sí hay que difundirlo y sin medida, porque es lo que conviene a sus intereses; incluso, ha pedido públicamente que la gente siga la audiencia virtual en la que Lozoya comparece ante el juez de la causa. Así de clara es la incongruencia del mandatario: se molesta por lo que no le gusta y él mismo atiza, desde su púlpito, lo que va acorde con sus conveniencias personales y políticas.

Así de claro el doble discurso de AMLO. 

                  

Al rendir su primera declaración judicial, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, se declaró inocente por la compra fraudulenta de la empresa Agro Nitrogenados, por la que Pemex pagó unos 700 millones de dólares en 2015, cuando transcurría el tercer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso hubo un fraude que derivó en un grave quebranto en perjuicio del erario público.

Sin embargo, Lozoya, quien está acusado de operar este fraude, se declaró inocente; sin mencionar nombres todavía, sólo dijo que en este caso fue presionado e intimidado.

Lozoya compareció ante el juez José Artemio Zúñiga Mendoza de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus; el exfuncionario federal, quien fue extraditado hace doce días de España luego de allanarse, rindió su declaración desde su cómoda habitación en el hospital Ángeles del Pedregal, donde se encuentra internado desde su arribo a México.

Este miércoles 29, Lozoya comparecerá nuevamente ante el juzgador, ésta vez para declarar sobre los sobornos que le entregaron directivos de la empresa Odebrecht.

Se afirma que Odebrecht pagó unos diez millones de dólares para financiar la campaña de Peña Nieto, además de otros sobornos para obtener contratos en Pemex.

El caso Lozoya ha sido fuertemente cuestionado porque se asegura que es un instrumento político del presidente López Obrador, el cual tiene una vertiente mediática, por lo que corre el riesgo de politizarse.

La extradición de Emilio Lozoya parece que le vino como anillo al dedo al gobierno, pues se trata del primer juicio de alto perfil que persigue el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien es autónomo.

Lozoya, según se sabe, negoció con el gobierno venir a México y enfrentar a la justicia. Se habla de la posibilidad de acogerse al programa de oportunidad, una suerte de beneficio como el que se le otorgaba a los testigos protegidos en el pasado.

En este caso, el llamado criterio de oportunidad estaría en duda que se le otorgue a Emilio Lozoya –salvo lo que decida el juez Zúñiga Mendoza– ya que existe un daño patrimonial cuantioso y en estos casos el beneficio podría ser negado al testigo colaborador.

Pero todo está por verse en este caso. Todo indica que está dispuesto a hablar todo lo que sabe sobre la corrupción en Pemex durante el gobierno de Peña Nieto, en cuyos enjuagues también estaría implicado Luis Videgaray Caso, quien fungió como secretario de Hacienda.

Recientemente, durante una charla en el ITAM, un alumno cuestionó a Videgaray sobre la corrupción que lo implica. El exfuncionario sólo reconoció que cometió errores y no explicó en qué consistieron dichos errores.

Este miércoles 29, Lozoya continuará con sus declaraciones ante el juez de la causa, ahora para hablar sobre la corrupción tejida por el gobierno de Peña Nieto y la empresa Odebrecht, la compañía que operó uno de los casos de corrupción más escandalosos, pues se acusa a sus directivos de pagar sobornos millonarios para obtener contratos en varios países. En otras naciones, como Brasil y Perú, muchos exfuncionarios y hasta expresidentes han terminado en la cárcel o muertos por suicidio ante el descubrimiento de la corrupción en la que incurrieron.

 

Caso Agro-Nitrogenados

En el caso de la compra de Agro-Nitrogenados la denuncia  fue presentada el 9 de marzo de 2019 por la apoderada legal de Pemex, Martha Edith Rodríguez Acosta. En el expediente del caso se menciona que el 26 de octubre de 2015 el Consejo de Administración de Pemex realizó una sesión extraordinaria en la que se aprobó el proyecto de inversión para financiar y concretar la compra de la empresa Fertinal hasta por un monto de 635 millones de dólares. El dueño de Fertinal era Alonso Ancira Elizondo.

La compra de acciones –según las indagaciones– se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2015. Figuró como comprador Pemex-Fertilizantes Pacífico, y como vendedor Banco Azteca, institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 470.

Según la FGR, en esta maniobra hubo corrupción, un fraude, ya que la empresa Fertinal fue sobrevaluada, por lo que se generó un quebranto financiero a Pemex, delito que se le imputa a Emilio Lozoya, quien al declarar hoy sobre este caso dijo haber sido presionado e intimidado, supuestamente, por funcionarios que fungían como jefes suyos, en este caso, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.

           

Tweets al momento

Tijuana: Operadores de Gastélum Buenrostro aprovechan pandemia para defraudar. https://t.co/KHe2O09uoX @Rravelo27
Andrés Manuel: Traiciona A Técnicos y Profesionistas de Pemex. https://t.co/CtclKUa1wE via @Rravelo27
Osvaldo Martínez Gámez, enloquecido por su cargo de regidor en el ayuntamiento de Xalapa planea el asesinato de la… https://t.co/2mqRfFXdVV
¡Perversos!... ¡Sucios¡... ¡Incrédulos!... ¡Uuuleros!... Es Un Honor... Es un... https://t.co/QfMSqBefVk
Follow Contacto Político on Twitter