Ha comenzado en las redes sociales y en los medios de comunicación la guerra política entre el Gobierno de la Cuarta Transformación y la derecha. Desde la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador afinó la estrategia de lanzar los primeros misiles a través del testigo convenido Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para destapar los drenajes de la corrupción que se orquestó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El propósito fue entregar los recursos naturales a los intereses extranjeros a través de la Reforma Energética; la cual se aprobó mediante sobornos a diversos legisladores.

Para eso trajeron a México a Emilio Lozoya, con quien la Fiscalía General de la República (FGR) negoció su allanamiento para que renunciara a la batalla legal que libraba en España; y así poder integrar un expediente que permitiera sacar a la luz pública buena parte del entramado de corrupción tejido durante el sexenio anterior.

Para lograr sus objetivos mediáticos y políticos, López Obrador ha puesto en evidencia que la FGR no es autónoma sino una aliada de su proyecto, pues sin recato alguno –sin considerar las violaciones al debido proceso ni a la secrecía de la investigación– se han filtrado las piezas medulares de la carpeta que se integró tras las primeras declaraciones de Lozoya. En las mismas acusa al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de la planeación estratégica para concretar el saqueo a PEMEX con la compra de la planta Agronitrogenados. Los incrimina en la recepción de los sobornos de Odebrecht y la compra de votos en el Congreso a través de pagos millonarios a los legisladores. Así se logró la aprobación de la Reforma Energética, el instrumento del entreguismo.

Videgaray, además, formaría parte de otra investigación federal: la que implica por delito electoral al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de entregar dinero público para apoyar las campañas de varios candidatos del PRI en 2016.

Según la investigación a cargo de la FGR, el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones, entonces dirigente del PRI, tramaron el plan. El entonces Secretario de Hacienda fondeó dinero en varios estados –Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, por citar sólo tres– y desde esas administraciones estatales se hizo el despliegue de recursos que, supuestamente, se entregaron al PRI para el financiamiento de las campañas de sus candidatos; donde fueron habilitados hasta personajes del crimen organizado como abanderados de ese instituto político.

Sigamos con Lozoya. Al analizar el video con los paquetes de dinero, los cuales se cuentan en una oficina del Senado de la República, se observan bolsas con billetes de 500 y de 200 pesos. Aquí se infiere que esa suma millonaria se entregó a varios legisladores a cambio de su voto, pero lo cierto es que esos legisladores beneficiados nunca aparecen en la videograbación. Aunque Lozoya asegure en su declaración que el dinero fue precisamente para comprar el voto de los senadores, pues en todo caso tendrá que probar su dicho, con otro video, con documentos firmados u otras evidencias que acrediten que los recursos se entregaron directamente a los interesados. Esto será difícil de probar.

Por ello, cobra sentido que un elemento –el video–, que no es contundente para probar un delito, se filtre con tanta facilidad a los medios de comunicación; pues cumple un cometido mediático y político. Dicha filtración se atribuye al hermano de Lozoya. La FGR, por su parte, se deslindó de la filtración e informó que inició investigaciones por ello. Sin embargo, la FGR y Lozoya eran los que contaban con dicha evidencia, a menos que desde Palacio Nacional el Presidente haya solicitado la difusión del video, como lo sugirió al decir que todo México debía ver y escuchar las declaraciones de Lozoya. A López Obrador se le quemaban las habas para que el video acusador fuera difundido y se exhibiera cómo se entregan las bolsas de dinero en el Senado de la República. El video perturba, en efecto. No acredita que se entregó a senadores, pero cualquiera puede imaginar lo que vino después.

Es decir, el Presidente López Obrador –amante del escándalo mediático– era el principal interesado en que se generara este incendio político y exhibir a senadores panitas –hoy flamantes gobernadores– como parte de la corrupción sistémica del poder político. Es el caso del panista Francisco “Pancho” Domínguez, mandatario de Querétaro, quien además arrastra señalamientos, desde meses atrás, por el escándalo de la caja popular La Libertad. En esta,  presuntamente se lavaba dinero del narcotráfico, de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas. El defensor de esa empresa actualmente intervenida por la FGR era Juan Collado –el abogado de la mafia– actualmente preso por ese caso.

Se trataba de exhibirlos con el video, tal y como el propio López Obrador fue exhibido y cuestionado, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando René Bejarano –entonces su secretario particular– fue videograbado recibiendo fajos de dinero. Se los metía en las bolsas de su saco con ligas y todo. Justo cuando el empresario Carlos Ahumada, contratista principal del Gobierno perredista de entonces y novio de Rosario Robles, pagaba sobornos o diezmos a gente de confianza de López Obrador a cambio de millonarios contratos de obra pública. Era evidente que Bejarano cobraba por su jefe, pero esto sólo se infiere del hecho, pues no fue probado fehacientemente. En ese caso, López Obrador fue raspado, aunque pudo librarse de ese escándalo.

No todo termina en el video. Por si fuera poco, algunos días después de rendir sus primeras declaraciones ante la FGR, Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos en la que acusa al expresidente Peña Nieto, Luis Videgaray, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, excandidatos presidenciales, entre otras figuras políticas del pasado, de formar parte de una estructura poderosa para entregar los recursos naturales a intereses extranjeros.

En este grupo también resultó implicado Daniel Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, quien es investigado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Tales vínculos no son nuevos: datan de 2010, cuando quiso ser gobernador. En ese tiempo ya se conocían sus andanzas en Estados Unidos, sus negocios sucios y sus relaciones con el crimen organizado. Sin embargo, el entonces presidente Felipe Calderón lo cobijó.

Lozoya señala a Salinas de Gortari de haber sido asesor para el PAN en todo el proceso de la Reforma Energética; de Anaya, dice que recibió 6 millones de pesos de parte de Videgaray por su silencio y también para operar con los diputados y senadores panistas la aprobación de dicha reforma. Todo esto resultó un verdadero salpicadero de estiércol. Cada uno de los acusados respondieron negando los hechos. Los más elocuentes fueron Francisco Domínguez, Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca y Luis Videgaray. Este último respondió a través de su cuenta de Twitter negando los hechos; y dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades de ser llamado a declarar. Carlos Salinas, quien presuntamente vive en Reino Unido, se ha mantenido hasta ahora replegado del escándalo, agazapado ante la tormenta.

¿Quién filtró la denuncia de hechos íntegra de Emilio Lozoya? Nadie lo sabe. Pudo haber salido de la FGR –donde el exfuncionario federal la presentó– o bien fue una orden del Presidente López Obrador que se filtrara a los medios; para robustecer el escándalo mediático y político.

Ante todo este escenario confuso y revuelto, cabe plantear si las evidencias conocidas hasta ahora le alcanzarán a la FGR para llevar ante los tribunales a todos los implicados en esta madeja de corrupción. Más allá que se puedan probar fehacientemente las acusaciones de Lozoya, sería muy lamentable que este asunto quedara sólo en la denuncia pública, pues el Gobierno de la Cuarta Transformación sería blanco de críticas por mantener en la impunidad a esta cauda de criminales de cuello blanco.

Pero todo indica que en este caso no se aplicarán los “abrazos y no balazos”. Aquí parece que habrá escándalo mediático, linchamiento político y consignación de la carpeta de investigación para que todos sean llamados a cuentas. Mucho dependerá del trabajo que realice el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien no la tiene fácil.

Lo ideal es que el caso llegue a los tribunales, como ya se dijo, y se resuelva en las autoridades judiciales. Los implicados en el escándalo tienen derecho a defenderse y lo harán. Disponen de todos los recursos para ello. Esta será, sin duda, la prueba de fuego para Alejandro Gertz Manero, quien se juega su puesto como Fiscal.

Pero la derecha no se ha quedado paralizada por el golpe de Lozoya. Este jueves comenzó a circular otro video, presuntamente filtrado a las redes sociales, donde aparece Pío López Obrador recibiendo dinero de parte de David León, anterior Coordinador de Protección Civil y en 2018 funcionario del gobierno de Chiapas que encabezaba Manuel Velasco, actual senador de la República. Recientemente David León ha sido nombrado por el presidente López Obrador como responsable de la distribución de medicamentos en el país; pero su toma de posesión se detuvo tras la difusión del video.

La entrega de dinero al hermano del Pesidente –se calcula que esto fue como en el año 2018– fue para reforzar las operaciones de MORENA en Chiapas; previo a la elección presidencial de julio de ese año.

El video muestra que ambos están en un restaurante, donde Pío recibe un paquete de dinero. Otro paquete le es entregado en una casa, presuntamente propiedad de David León, en la que además se escucha que David León le dice a Pío: “—Aquí te traigo 400”. Y añade: “—Hazle saber al licenciado que lo estamos apoyando”. En ese año (2018) Pío era operador de MORENA en Chiapas.

Tras la difusión del video, la respuesta de David León no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter dijo: “Respecto al video, debe tener aprox 5 años de antigüedad. De nov de 2013 a nov de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

Así la guerra de los videos.

 

Primero lo investigaron por la compra de una residencia, luego por un enriquecimiento de poco más de 34 millones de pesos –incremento en su patrimonio que, según la Secretaría de la Función Pública, no declaró–. Y ahora, diecinueve de sus más cercanos colaboradores, que lo acompañaron en la Secretaría de Gobernación y en las tareas de seguridad, son buscados por la justicia dentro y fuera de México.

Las órdenes de aprehensión libradas son por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La lista de exfuncionarios alcanzó a Jesús Orta Martínez, quien fungió como Secretario de Seguridad Pública Ciudadana en la Ciudad de México –sustituido por Omar García Harfuch–; también a Frida Martínez Zamora, quien durante el gobierno de Enrique Peña Nieto despachó como Secretaria General de la Policía Federal.

Sin duda, en estos casos también se investigan nexos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Es público que, cuando Osorio Chong fue Gobernador de Hidalgo, el Cártel de Los Zetas se posicionó en ese y otros estados de la República. En esa entidad vivía nada más y nada menos que Heriberto Lazcano Lazcano, el jefe máximo de Los Zetas, durante años brazo armado del Cártel del Golfo.

El caso de Orta Martínez es significativo. Según la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desde hace tiempo se sabía que el entonces funcionario era investigado a nivel federal por presuntos nexos con el crimen organizado. Por esa razón –dijo– se le pidió la renuncia. Su lugar fue ocupado por Omar García Harfuch, otro personaje plagado de claroscuros que también ha sido señalado de tener nexos con el crimen organizado. El 26 de junio pasado fue atacado a tiros por un comando que, según el propio funcionario, forma parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Las investigaciones sobre los excolaboradores de Osorio Chong, de acuerdo con datos consultados en la Fiscalía General de la República, son por la presunta responsabilidad en el manejo de contratos y servicios, y por la compra con sobreprecio de equipo de espionaje en la ya desaparecida Comisión Nacional de Seguridad, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

También existen faltantes de dinero detectados, en su momento, por la Auditoría Superior de la Federación. Las denuncias fueron presentadas por el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, y en ellas se incluyen datos y evidencias respecto a irregularidades en la adquisición de vehículos, uniformes, armas y tecnología.

Ahora que las órdenes de aprehensión ya fueron libradas, se sabe que la mayoría de los exservidores públicos ya no están en el país: presuntamente huyeron cuando se enteraron de que el gobierno de la Cuarta Trasformación iba por ellos.

La lista de imputados es la siguiente: Carlos Hipólito Rivera, elemento de la Guardia Nacional hasta hace unos días; Eleuterio Enríquez Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares y Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, éste también vinculado a Osorio Chong.

Otros imputados son: Francisco Javier Cruz Rosas, Oswaldo Martínez Hernández, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge Carlos Ruiz Alavez, Édgar Ulises Calderón Luna, Israel Luna Espinoza, José Manuel Correa Flores, María Eldy Sosa Calderón, Verónica Tlahuitza Pérez, Carmen Patricia Quiñones Piña y Mercedes Hernández Rodríguez.

El único que falta en la lista es el senador Miguel Ángel Osorio Chong, personaje que, por ahora, sólo está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública por un incremento patrimonial, hasta ahora no justificado –según la versión oficial– de 34 millones de pesos y la compra de una residencia cuyos fondos, de acuerdo con la indagación, presuntamente no fueron reportados.

 

Las declaraciones rendidas por Emilio Lozoya, la denuncia de hechos en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el excanciller Luis Videgaray, presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), exhiben el lado más sucio de la política mexicana.

Las prácticas perversas utilizadas durante el gobierno de Peña Nieto, son lo más alejado de la política en estricto sentido y exhiben el retroceso de ciertos hombres del poder; a grado tal, que parece que vivían en el Neolítico, cuando la sociedad comenzó a organizarse.

En aquella época prehistórica –plagada de abusos donde se imponía la ley del más fuerte o mejor preparado– se comprendían los abusos porque no había marcos legales ni sistemas de organización social, todo estaba por construirse; lejos, muy lejos estaba la democracia, sistema que, a decir verdad, ni en Grecia se utilizó en todas las Polis –su práctica fue parcial y no total– como sí ocurrió después de la Revolución Francesa.

Lo que declaró Emilio Lozoya ante la FGR es una revelación que en realidad no debe escandalizar. No dice nada nuevo, ni un pedazo de verdad que no conozcamos respecto de cómo ha funcionado el sistema político mexicano, regido por el compadrazgo y la corrupción, una suerte de asalto en pandilla sexenal, cobijado por el pacto de impunidad, ley no escrita que rige el ejercicio de la política y del poder en México.

Resulta curioso adentrarse a los detalles desgranados por Lozoya, por ejemplo, cuando afirma que se utilizaron unos cien millones de pesos para sobornar a legisladores –diputados y senadores– a fin de que, sin cortapisas, aprobaran la Reforma Energética, el marco regulatorio e instrumento para que el gobierno de Peña Nieto entregara la riqueza energética mediante contratos amañados a los intereses de empresas privadas extranjeras.

La entrega de dichos fondos, según su dicho, fueron acordados por el entonces presidente Peña, Luis Videgaray –y el mismo Lozoya como titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX)– para acelerar la aprobación del paquete de reformas que el entonces mandatario festinó a boca llena como un gran paso a la modernización del país. Y felicitó a los legisladores por pensar en los intereses nacionales. Aquello fue el cinismo sin fronteras.

Cuando afirmo que, fuera de estos detalles, no hay nada nuevo en las declaraciones de Lozoya, es porque a muy pocos sorprende que desde la presidencia de la República se haya sobornado al Congreso –o a buena parte de los legisladores que conformaban la pasada Legislatura– porque ha sido una práctica recurrente en México.           

En los estados, por ejemplo, es posible que haya ocurrido lo mismo para que los diputados locales ratificaran la Reforma Energética, pues es ampliamente conocido que en cada entidad el gobernador en turno designa al líder del Congreso y éste recibe órdenes del mandatario estatal en turno. Si hay una oposición numerosa, recurren a la práctica de lubricar la tarea legislativa con dinero para que los legisladores voten los proyectos de ley con base en “los intereses nacionales”. Nada más alejado de la política, distante del llamado “bien común” que consigna la ciencia política en su esencia y/o teoría.

Un ejemplo más que claro de la corrupción legislativa es la polémica Ley Bonilla, anulada por la Suprema Corte, que impulsó en Baja California el entonces gobernador Francisco Vega Lamadrid, según denuncias públicas, mediante sobornos millonarios a los diputados locales.

La historia que nos cuenta Emilio Lozoya, con independencia de algunas revelaciones, lo exhiben como un verdadero títere. Fue la marioneta, el cómplice de Enrique Peña Nieto para cometer los actos de corrupción que ahora denuncia –el caso Odebrecht y la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados– y, por si fuera poco, ahora se pone en manos de su nuevo titiritero –el gobierno de la Cuarta Transformación– para denunciar actos de corrupción a cambio de salvar su pellejo y el de su familia; no obstante que la FGR y él como testigo saben de antemano que los delitos de que acusa a Peña y a Videgaray ya están prescritos.

Esto no quiere decir que no se hayan cometido. ¡Claro que se cometieron! Pero de lo que se trata es de desenredar los detalles y tender una enorme cortina de humo que acompañará al gobierno de López Obrador de aquí hasta el 2 de julio de 2021, cuando se celebren las elecciones intermedias.

Y es que un gobierno que carece de resultados y navega entre las arenas movedizas de enormes crisis como la violencia del crimen organizado, el oscuro trance de la economía, la pobreza y la imparable mortandad causada por el COVID-19 –un verdadero cataclismo–; un gobierno así: el de López Obrador, tiene que recurrir forzosamente a un teatro de marionetas como el que se ha montado con Lozoya.

Como show es bastante divertido, aunque muchos medios de comunicación creen a pie juntillas que esta investigación va en serio y hasta alucinan con ver a Enrique Peña Nieto en la cárcel. Que no se nos olvide que la política es un teatro, un juego y en estricto sentido un arte que consiste en negociar. Hasta los próximos encarcelados ya están negociados de antemano. Y aquí vale la pena citar al dramaturgo irlandés Oscar Wilde, quien en los tiempos aciagos que vivió, cuando fue perseguido por su homosexualidad, expresó: “… Ni lo fortuito me sorprende”.

Peña Nieto no irá a la cárcel. Pero seguramente alguien que formó parte de su equipo podría pisarla. Sin embargo, esto no sería nada fortuito sino producto de una negociación incluso con el futuro encarcelado. En política, como en el crimen organizado, todo es posible.

Basta recordar una historia que le pone sentido a esta reflexión: cuando Miguel de la Madrid fue ungido candidato a la presidencia de la República, a principios de 1982, se reunió con Joaquín Hernández Galicia, La Quina, entonces poderoso líder del sindicato petrolero.

Hábil en la marrullería, La Quina siempre ablandó a los candidatos presidenciales –desde Luis Echeverría hasta José López Portillo– con el cuento de que ya estaba cansado y pensaba dejar el poder. Todos, sin excepción, le dijeron: “No, Joaquín, espérate un poco más”. Y él, obediente, respondía: “Lo que usted mande, señor Presidente”.

Tocó el turno a Miguel de la Madrid. Hernández Galicia lo invitó a Ciudad Madero, Tamaulipas, su feudo. En una caminata, La Quina –quien no quería dejar el sindicato– soltó el ardid: “Señor Presidente, quiero comentarle en confianza que ya he pensado en retirarme, ya estoy muy cansado y creo que es tiempo de dejar el gremio”.

De la Madrid guardó silencio. La Quina retomó el tema con la voz tan suave como un minué, la humildad fingida. El abanderado del PRI siguió sumido en el mutismo. Por la mente del líder petrolero desfilaron, en tropel, negros presagios. Corrió a comentarle lo sucedido a Salvador Barragán Camacho, su hombre de confianza, y rápido urdieron otro plan. La construcción imaginativa de que venía lo peor los enloqueció.

Sabían que la llamada Renovación Moral era el arma fuerte de Miguel de la Madrid –al final de ese sexenio la llamada Renovación Moral resultó una gran farsa, un teatro– y era posible que empezara por el sindicato petrolero, considerado entonces un nido de corrupción. Barragán Camacho mandó llamar con urgencia al Tesorero del sindicato, Héctor García Hernández, “El Trampas”, uno de los hombres más corruptos de la historia de ese gremio, quien por cierto falleció el pasado 27 de abril en Coatzacoalcos, Veracruz.

Le dijo: –Tú serás ejemplo de la renovación moral de nuestro Sindicato, nos vamos a adelantar. Y le contó: –Te vamos a ofrecer en holocausto para aparentar la renovación moral en nuestro gremio. Y enseguida le detalló el plan: –Te destituimos, te acusamos ante las autoridades, huyes, le echamos tierra al asunto y en dos años vuelves.

Y “El Trampas” aceptó.

Era una Regla de oro en el sistema priista; y en el actual no parece haber cambios. Este gobierno es una continuidad maquillada del pasado. López Obrador es un hombre del sistema: el sistema lo hizo, le permitió crecer y llegar al poder. Él conoce esta Regla de oro. Seguramente habrá presos por la corrupción orquestada durante el gobierno de Peña Nieto, por citar sólo al penúltimo Presidente; pero si eso ocurre ya es un tema acordado. Por eso Peña Nieto ordenó a los gobernadores no meter las manos en el proceso electoral del 2018 y, así, le abrió el camino a López Obrador. ¿Esto quiere decir que Peña Nieto resultó un demócrata? ¿O hubo pacto?

La Cuarta Transformación necesita vida y el show es vida, de otro modo sería muy aburrido seguir escuchando “Las Mañaneras” con el mismo sonsonete. Tienen que variar ese bajo obstinato y el caso Lozoya les permite cambiar la tonada.

 

Como en los gobiernos del PRI y del PAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza a la Fiscalía General de la República (FGR) –cuya autonomía pregona– y al testigo “convenido” Emilio Lozoya para montar una estrategia política y mediática de cara a las elecciones del 2021. El escándalo, todos los días atizado desde el púlpito presidencial, también sirve a la 4T para tender una espesa neblina frente a la escandalosa caída del empleo, la imparable pandemia de la COVID-19 y la violencia del crimen organizado, donde el gobierno federal ha fracasado hasta ahora. Más allá de lo que Lozoya declare sobre la corrupción, lo cierto es que el expresidente Enrique Peña Nieto puede estar muy tranquilo: su mejor defensor es López Obrador, quien ha dicho que no enjuiciará a los exmandatarios “si no lo pide la gente mediante una consulta”. En resumen, eso nunca ocurrirá porque las consultas ciudadanas son otro instrumento del mandatario para jugar a la democracia.  

 

El retorno de Emilio Lozoya encierra una trama, cuyas partes medulares empiezan a conocerse debido a las filtraciones informativas del gobierno: se trata de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) desenrede la madeja de corrupción tejida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en particular, los sobornos entregados por Odebrecht, el financiamiento de la campaña del PRI en 2012, los contratos amañados que se operaron en la paraestatal, el huachicol, el fructífero negocio de los altos mandos de la empresa gubernamental que era operado desde Los Pinos.

Ahora, ¿para qué negoció la Fiscalía General de la República (FGR) con Emilio Lozoya? Todo el mundo supuso que para conocer el intríngulis de este entramado de corrupción y castigar a los responsables. Sin embargo, se trata de utilizar a Lozoya –y todo lo que sabe sobre el saqueo del país– como instrumento de una campaña mediática de la Cuarta Transformación y cuyo objetivo es ondear la bandera del combate a la corrupción, sacarle raja política al tema y, así, construir una inmensa cortina de humo.

Se trata de que haya una espesa neblina frente a los problemas torales: la quiebra financiera del país, la bancarrota de las empresas, el escandaloso desempleo, por todos lados preocupante, y la imparable violencia del narcotráfico, temas en los que el gobierno de López Obrador ha fracasado absolutamente.

El caso Lozoya tiene mucha cuerda. De aquí hasta mediados del año entrante, por lo menos, habrá mucha tela por donde cortar para mantener una campaña política con un asunto legal, en la que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se presta como instrumento del presidente, tal y como ha ocurrido en los gobiernos del PRI y del PAN, tan criticados por López Obrador. Él mismo es una copia de lo que critica.

Los objetivos políticos de la Cuarta Trasformación son muy claros:

–Amortiguar el impacto de la violencia de alto voltaje perpetrada por el crimen organizado, para lo que no existe una política clara. El gobierno está avasallado por la violencia criminal y el Presidente sigue enfrascado en dar abrazos a los delincuentes. Se niega, como un burro rebelde frente a su jinete, a utilizar las facultades que le confiere la ley.

–Los estragos de la COVID-19, en gran medida recrudecidos por el manejo irresponsable del gobierno, cuyas cifras ya superan los 40 mil muertos. Las cifras y decesos aumentan y aquí hay dos responsables: el mal manejo oficial y la irresponsabilidad social: la gente no toma consciencia de que el coronavirus es mortal y hasta los miembros de la clase pudiente exhiben sus carencias educativas, aunque se sienten europeos, al no utilizar las medidas de rigor ante la pandemia. No aprenden estos ignorantes ataviados con trajes Hugo Boss.

–El derrumbe económico del país, lo que ha derivado en una de las crisis económicas más severas desde aquel amargo 1994, cuando Carlos Salinas entregó un país maquillado como de primer mundo y, en realidad, iba en caída libre. Ahora la COVID-19 ha contribuido al derrumbe económico en todo el mundo, más en algunos países que en otros, pero pocos han escapado a la ruina del desempleo. En Europa, la Unión Europea fondeó millones de euros para impedir una crisis mayor con repercusiones sociales. En México, al Presidente no le importa la debacle: le importa el poder, mucho poder, todo el poder, a grado tal que desde Palacio Nacional ya está de nuevo en campaña; rumbo al 2021.

 

El regreso de Lozoya  cayó como “anillo al dedo”, como dijo el presidente al referirse a la pandemia, pues el exfuncionario federal, convertido en un instrumento, en un ariete gubernamental, confesará lo que sabe sobre la corrupción pero está muy claro que López Obrador no permitirá que la FGR –que no parece autónoma– integre una carpeta en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, pues también es muy evidente que entre el presidente y Peña Nieto existe un pacto de impunidad, regla de oro en el sistema político que el mandatario conoce muy bien porque fue y es un hombre del sistema. La Cuarta Transformación, emprendida por el actual gobierno, es una continuidad maquillada del pasado, plegada a los intereses de Estados Unidos.

Lo que ha desatado muchas críticas es el trato y la deferencia de que goza Lozoya, quien saltó de su condición de prófugo de la justicia para convertirse en el testigo estelar de la FGR. Tan pronto arribó a Ciudad de México, en vuelo especial, el exfuncionario no fue llevado a una prisión, como se esperaba: lo internaron en el Hospital “Ángeles” del Pedregal bajo el argumento de que padece anemia aguda y otros males de salud. Y desde su habitación rindió su primera declaración, el martes 28, en la que se declaró inocente del fraude causado a Petróleos Mexicanos por la compra de la empresa Agro Nitrogenados, por la que la paraestatal pagó casi 700 millones de dólares.

No sólo eso: dijo también que fue presionado y objeto de intimidación, aunque no precisó de quién o quiénes. Se entiende que de sus jefes inmediatos, el entonces Presidente Enrique Peña y Luis Videgaray, quien fungía como Secretario de Hacienda.

Nunca antes el Ministerio Público Federal había dispensado trato tan especial a un testigo colaborador, ni siquiera en los tiempos en que se utilizó la figura del testigo protegido, aquel instrumento que fue operado perversamente por el poder político para denostar y encarcelar a los enemigos.

Y es que muchos testigos del crimen organizado fueron abandonados a su suerte después que declararon lo que sabían. Algunos casos ilustran lo anterior:

–Tomás Colsa McGregor, el joyero del narco, pieza del Cártel de Juárez, fue asesinado al bajar de un autobús del transporte público. Había confesado muchos secretos sobre Amado Carrillo y su red de protección. Dispuso de una escolta cuando fue útil a la extinta Procuraduría General de la República, pero después le retiraron la seguridad y fue abatido por sus enemigos.

–La misma suerte corrió Jaime Olvera Olvera, otro miembro del Cártel de Juárez, quien incluso incriminó a Liébano Sáenz cuando fungía como secretario particular de Ernesto Zedillo, al señalarlo como un hombre clave en las negociaciones entre el Cártel de Juárez y el gobierno para dejar de perseguir a Amado Carrillo. El señalamiento fue descalificado por la PGR al declarar al testigo enfermo de sus facultades mentales y proclive a la mitomanía. La locura, sin embargo, se hizo valer sólo en este caso porque, extrañamente, el resto de sus declaraciones fueron consideradas válidas.

–La muerte más reciente de un testigo protegido ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón: se trató de Edgar Bayardo del Villar, cómplice de Genaro García Luna en la protección al Cártel de Sinaloa. Este personaje fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública. Conocía como nadie a Ismael “El Mayo” Zambada porque era su protector y operador en el tráfico de drogas que se realizaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue detenido por esos nexos y se acogió al programa de testigos protegidos. Cuando decidió confesar lo que sabía sobre Zambada, la PGR le asignó una escolta, luego le fue retirada. Abandonado a su suerte, un día acudió al café Starbucks de la Colonia Del Valle. Cuando degustaba su espresso fue ejecutado por hombres armados.

Otros testigos que tuvieron tratos especiales –que terminó en corrupción– se dieron en tiempos de Ernesto Zedillo, quien encarceló a Raúl Salinas de Gortari por el asesinato del entonces diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha.

En ese tiempo, la PGR encabezada por Antonio Lozano Gracia contrató los servicios de una vidente –Francisca Zedina, “La Paca”– para que colaborara con la PGR en la búsqueda y localización de Muñoz Rocha. El fiscal del caso era Pablo Chapa Bezanilla, quien terminó enredado en esa madeja de corrupción y mentiras a tal grado que tuvo que huir a España, de donde fue extraditado. Luego se descubrió que utilizó los sistemas de inteligencia de la PGR para espiar a personas de su círculo íntimo.

“La Paca” procedió a exhumar unos restos humanos del panteón de Tláhuac y los inhumaron en la finca “El Encanto”, propiedad de Raúl Salinas; luego le dijo a Chapa Bezanilla que, según le habían informado los espíritus, el cuerpo de Muñoz Rocha estaba enterrado en ese rancho. Se realizó la búsqueda del cadáver y, en efecto, fueron sacados unos restos humanos que, en realidad, se trataba de una pedacería humana que nunca arrojó ninguna conclusión: aquello fue todo un montaje que sirvió para que “La Paca” y su cómplice Ramiro Aguilar Lucero cobraran más de un millón de pesos que, supuestamente, terminaron en manos de los funcionarios de la PGR.

En este asunto, el entonces procurador Lozano Gracia y su sucesor Jorge Madrazo Cuéllar fueron criticados duramente porque, a fin de incriminar a Raúl Salinas por el crimen de José Francisco Ruiz Massieu, le pagaron dos millones de pesos a Fernando Rodríguez González, secretario particular de Muñoz Rocha, para que incriminara a Raúl Salinas por el asesinato de su cuñado.

La defensa del hermano del expresidente declaró que la PGR pagó por el testimonio incriminatorio; los fiscales del caso dijeron que al testigo sólo se le estimuló para que dijera la verdad. Toda esta maraña quedó como una historia de corrupción, mentiras y excesos que evidenciaron los perversos alcances de la PGR en el manejo de los llamados testigos protegidos o convenidos.

La situación de Lozoya rememora aquellos casos escandalosos. Al exdirector de PEMEX se le protege porque temen que lo maten por lo que sabe y puede declarar. Es un juego de intereses: la FGR obtendrá los testimonios incriminatorios contra Videgaray, Peña Nieto y otros. A cambio, Lozoya resultará beneficiado al quitarle dos delitos graves –lavado de dinero y delincuencia organizada– dejándole sólo el de cohecho; y así evitará pisar la cárcel. En resumen, Lozoya fue llevado a México para liberarlo.

A todas luces, este caso se trata de una negociación. De ser un tránsfuga, Lozoya le aportará a la Cuarta Transformación la información que requiere, ya sea para enderezar las carpetas contra Peña Nieto y otros cómplices –lo que se duda– o bien para robustecer la campaña mediática que prepara de cara a las elecciones intermedias del 2021.

El combate a la corrupción le importa muy poco a AMLO. Es una bandera política, pues como ningún otro presidente en la historia se ha erigido como principal defensor de Peña Nieto. Antes, al menos, se guardaban las formas. Ahora se impone el descaro sin rubor.

Recientemente, el Presidente López Obrador alzó la voz por la difusión que se le dio, en casi todos los medios, a los videos donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación exhibe su poderío bélico. Dijo que le sorprendía la enorme difusión de esas imágenes –un exceso–, pero no utiliza el mismo criterio si se trata de su testigo convenido, Emilio Lozoya, a quien se refiere como un personaje al que se le debe cuidar porque –asegura– ya está hablando y acusando a políticos corruptos. Eso sí hay que difundirlo y sin medida, porque es lo que conviene a sus intereses; incluso, ha pedido públicamente que la gente siga la audiencia virtual en la que Lozoya comparece ante el juez de la causa. Así de clara es la incongruencia del mandatario: se molesta por lo que no le gusta y él mismo atiza, desde su púlpito, lo que va acorde con sus conveniencias personales y políticas.

Así de claro el doble discurso de AMLO. 

                  

Con un trato privilegiado nunca antes visto en la extinta Procuraduría General de la República desde 1996 a la fecha, cuando se creó el programa de testigos protegidos, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) decide no pisar la cárcel y mantenerse a salvo de cualquier reclusión. La Fiscalía tampoco está obligada ni presionada por tiempos para ponerlo a disposición de un juez.

La vida de Lozoya puede transcurrir sin mayores contratiempos. Es más, si fuera el caso, podría solicitar el cambio de identidad, ponerse a salvo junto con su familia, si así lo desea, pues se trata de un testigo colaborador especial que, según se asegura, declarará todo lo que sabe ante el Ministerio Público Federal sobre los sobornos de Odebrech, los desvíos de recursos de Pemex, el robo de combustibles y los negocios fraguados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tras su llegada a México, la semana pasada, procedente de España, Lozoya estuvo por lapso de tres horas en las instalaciones de la FGR en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez; protegido por un fuerte equipo de seguridad, fue sacado de esas instalaciones, pero la prensa fue engañada: el vehículo en que fue filmado y fotografiado no era el que transportaba al exdirector de Pemex. Los reporteros se confundieron: pensaban que el exfuncionario sería llevado al Reclusorio Sur, pero no fue así. El exdirectivo de Pemex fue internado en el hospital Ángeles del Pedregal.

La razón: Lozoya presentaba un cuadro de anemia aguda, entre otros problemas, aunque otros datos señalan que las autoridades españolas lo entregaron con un reporte de salud que lo declaraba en perfectas condiciones de salud.

Emilio Lozoya se mantiene internado en el hospital y no existe fecha para ponerlo a disposición de un juez y menos para recluirlo en una prisión. Como se trata de un testigo colaborador, la FGR está obligada a darle todas las atenciones y, sobre todo, resguardar su seguridad.

Nunca antes en la historia de los testigos protegidos un personaje, por muy estelar que fuera, ha recibido trato tan especial como lo está recibiendo Lozoya. Es más, algunos testigos colaboradores, ligados a la delincuencia organizada, fueron asesinados inclusive porque la PGR les retiró la seguridad que les había asignado.

Lozoya, según la FGR, tiene información relacionada con la corrupción perpetrada durante el sexenio de Peña Nieto, sobre todo en Pemex. La información que dispone Lozoya tiene que ver con la compra de la planta Agronitrogenados, la cual fue adquirida a sobreprecio y que fue vendida a Pemex por el empresario Alonso Ancira Elizondo, quien se encuentra detenido en España y sujeto a un proceso de extradición porque decidió pelear hasta el último recurso para evitar ser regresado a México.

El de Lozoya fue, a todas luces, un caso negociado con el gobierno. Fue por ello que aceptó allanarse y aceptar ser presentado ante la justicia mexicana, aunque en realidad no ha sido presentado ante ningún juez: sigue en manos del Ministerio Público Federal y recibiendo un trato privilegiado.

Para presentarlo ante un juzgado no existe una fecha precisa. La FGR no está sujeta a tiempos. Tiene toda libertad para tomar las declaraciones de Lozoya y, así, poder construir la verdad histórica sobre la corrupción en el sexenio de Peña Nieto.

 

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