Con un trato privilegiado nunca antes visto en la extinta Procuraduría General de la República desde 1996 a la fecha, cuando se creó el programa de testigos protegidos, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) decide no pisar la cárcel y mantenerse a salvo de cualquier reclusión. La Fiscalía tampoco está obligada ni presionada por tiempos para ponerlo a disposición de un juez.

La vida de Lozoya puede transcurrir sin mayores contratiempos. Es más, si fuera el caso, podría solicitar el cambio de identidad, ponerse a salvo junto con su familia, si así lo desea, pues se trata de un testigo colaborador especial que, según se asegura, declarará todo lo que sabe ante el Ministerio Público Federal sobre los sobornos de Odebrech, los desvíos de recursos de Pemex, el robo de combustibles y los negocios fraguados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tras su llegada a México, la semana pasada, procedente de España, Lozoya estuvo por lapso de tres horas en las instalaciones de la FGR en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez; protegido por un fuerte equipo de seguridad, fue sacado de esas instalaciones, pero la prensa fue engañada: el vehículo en que fue filmado y fotografiado no era el que transportaba al exdirector de Pemex. Los reporteros se confundieron: pensaban que el exfuncionario sería llevado al Reclusorio Sur, pero no fue así. El exdirectivo de Pemex fue internado en el hospital Ángeles del Pedregal.

La razón: Lozoya presentaba un cuadro de anemia aguda, entre otros problemas, aunque otros datos señalan que las autoridades españolas lo entregaron con un reporte de salud que lo declaraba en perfectas condiciones de salud.

Emilio Lozoya se mantiene internado en el hospital y no existe fecha para ponerlo a disposición de un juez y menos para recluirlo en una prisión. Como se trata de un testigo colaborador, la FGR está obligada a darle todas las atenciones y, sobre todo, resguardar su seguridad.

Nunca antes en la historia de los testigos protegidos un personaje, por muy estelar que fuera, ha recibido trato tan especial como lo está recibiendo Lozoya. Es más, algunos testigos colaboradores, ligados a la delincuencia organizada, fueron asesinados inclusive porque la PGR les retiró la seguridad que les había asignado.

Lozoya, según la FGR, tiene información relacionada con la corrupción perpetrada durante el sexenio de Peña Nieto, sobre todo en Pemex. La información que dispone Lozoya tiene que ver con la compra de la planta Agronitrogenados, la cual fue adquirida a sobreprecio y que fue vendida a Pemex por el empresario Alonso Ancira Elizondo, quien se encuentra detenido en España y sujeto a un proceso de extradición porque decidió pelear hasta el último recurso para evitar ser regresado a México.

El de Lozoya fue, a todas luces, un caso negociado con el gobierno. Fue por ello que aceptó allanarse y aceptar ser presentado ante la justicia mexicana, aunque en realidad no ha sido presentado ante ningún juez: sigue en manos del Ministerio Público Federal y recibiendo un trato privilegiado.

Para presentarlo ante un juzgado no existe una fecha precisa. La FGR no está sujeta a tiempos. Tiene toda libertad para tomar las declaraciones de Lozoya y, así, poder construir la verdad histórica sobre la corrupción en el sexenio de Peña Nieto.

 

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, sigue envuelto en líos y no sólo eso: su familia, particularmente su madre, hermana y esposa, enfrentan acusaciones graves a nivel federal que las vincula con los sobornos que repartió la empresa Odebrecht a cambio de contratos millonarios. 

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