Las declaraciones rendidas por Emilio Lozoya, la denuncia de hechos en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el excanciller Luis Videgaray, presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), exhiben el lado más sucio de la política mexicana.

Las prácticas perversas utilizadas durante el gobierno de Peña Nieto, son lo más alejado de la política en estricto sentido y exhiben el retroceso de ciertos hombres del poder; a grado tal, que parece que vivían en el Neolítico, cuando la sociedad comenzó a organizarse.

En aquella época prehistórica –plagada de abusos donde se imponía la ley del más fuerte o mejor preparado– se comprendían los abusos porque no había marcos legales ni sistemas de organización social, todo estaba por construirse; lejos, muy lejos estaba la democracia, sistema que, a decir verdad, ni en Grecia se utilizó en todas las Polis –su práctica fue parcial y no total– como sí ocurrió después de la Revolución Francesa.

Lo que declaró Emilio Lozoya ante la FGR es una revelación que en realidad no debe escandalizar. No dice nada nuevo, ni un pedazo de verdad que no conozcamos respecto de cómo ha funcionado el sistema político mexicano, regido por el compadrazgo y la corrupción, una suerte de asalto en pandilla sexenal, cobijado por el pacto de impunidad, ley no escrita que rige el ejercicio de la política y del poder en México.

Resulta curioso adentrarse a los detalles desgranados por Lozoya, por ejemplo, cuando afirma que se utilizaron unos cien millones de pesos para sobornar a legisladores –diputados y senadores– a fin de que, sin cortapisas, aprobaran la Reforma Energética, el marco regulatorio e instrumento para que el gobierno de Peña Nieto entregara la riqueza energética mediante contratos amañados a los intereses de empresas privadas extranjeras.

La entrega de dichos fondos, según su dicho, fueron acordados por el entonces presidente Peña, Luis Videgaray –y el mismo Lozoya como titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX)– para acelerar la aprobación del paquete de reformas que el entonces mandatario festinó a boca llena como un gran paso a la modernización del país. Y felicitó a los legisladores por pensar en los intereses nacionales. Aquello fue el cinismo sin fronteras.

Cuando afirmo que, fuera de estos detalles, no hay nada nuevo en las declaraciones de Lozoya, es porque a muy pocos sorprende que desde la presidencia de la República se haya sobornado al Congreso –o a buena parte de los legisladores que conformaban la pasada Legislatura– porque ha sido una práctica recurrente en México.           

En los estados, por ejemplo, es posible que haya ocurrido lo mismo para que los diputados locales ratificaran la Reforma Energética, pues es ampliamente conocido que en cada entidad el gobernador en turno designa al líder del Congreso y éste recibe órdenes del mandatario estatal en turno. Si hay una oposición numerosa, recurren a la práctica de lubricar la tarea legislativa con dinero para que los legisladores voten los proyectos de ley con base en “los intereses nacionales”. Nada más alejado de la política, distante del llamado “bien común” que consigna la ciencia política en su esencia y/o teoría.

Un ejemplo más que claro de la corrupción legislativa es la polémica Ley Bonilla, anulada por la Suprema Corte, que impulsó en Baja California el entonces gobernador Francisco Vega Lamadrid, según denuncias públicas, mediante sobornos millonarios a los diputados locales.

La historia que nos cuenta Emilio Lozoya, con independencia de algunas revelaciones, lo exhiben como un verdadero títere. Fue la marioneta, el cómplice de Enrique Peña Nieto para cometer los actos de corrupción que ahora denuncia –el caso Odebrecht y la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados– y, por si fuera poco, ahora se pone en manos de su nuevo titiritero –el gobierno de la Cuarta Transformación– para denunciar actos de corrupción a cambio de salvar su pellejo y el de su familia; no obstante que la FGR y él como testigo saben de antemano que los delitos de que acusa a Peña y a Videgaray ya están prescritos.

Esto no quiere decir que no se hayan cometido. ¡Claro que se cometieron! Pero de lo que se trata es de desenredar los detalles y tender una enorme cortina de humo que acompañará al gobierno de López Obrador de aquí hasta el 2 de julio de 2021, cuando se celebren las elecciones intermedias.

Y es que un gobierno que carece de resultados y navega entre las arenas movedizas de enormes crisis como la violencia del crimen organizado, el oscuro trance de la economía, la pobreza y la imparable mortandad causada por el COVID-19 –un verdadero cataclismo–; un gobierno así: el de López Obrador, tiene que recurrir forzosamente a un teatro de marionetas como el que se ha montado con Lozoya.

Como show es bastante divertido, aunque muchos medios de comunicación creen a pie juntillas que esta investigación va en serio y hasta alucinan con ver a Enrique Peña Nieto en la cárcel. Que no se nos olvide que la política es un teatro, un juego y en estricto sentido un arte que consiste en negociar. Hasta los próximos encarcelados ya están negociados de antemano. Y aquí vale la pena citar al dramaturgo irlandés Oscar Wilde, quien en los tiempos aciagos que vivió, cuando fue perseguido por su homosexualidad, expresó: “… Ni lo fortuito me sorprende”.

Peña Nieto no irá a la cárcel. Pero seguramente alguien que formó parte de su equipo podría pisarla. Sin embargo, esto no sería nada fortuito sino producto de una negociación incluso con el futuro encarcelado. En política, como en el crimen organizado, todo es posible.

Basta recordar una historia que le pone sentido a esta reflexión: cuando Miguel de la Madrid fue ungido candidato a la presidencia de la República, a principios de 1982, se reunió con Joaquín Hernández Galicia, La Quina, entonces poderoso líder del sindicato petrolero.

Hábil en la marrullería, La Quina siempre ablandó a los candidatos presidenciales –desde Luis Echeverría hasta José López Portillo– con el cuento de que ya estaba cansado y pensaba dejar el poder. Todos, sin excepción, le dijeron: “No, Joaquín, espérate un poco más”. Y él, obediente, respondía: “Lo que usted mande, señor Presidente”.

Tocó el turno a Miguel de la Madrid. Hernández Galicia lo invitó a Ciudad Madero, Tamaulipas, su feudo. En una caminata, La Quina –quien no quería dejar el sindicato– soltó el ardid: “Señor Presidente, quiero comentarle en confianza que ya he pensado en retirarme, ya estoy muy cansado y creo que es tiempo de dejar el gremio”.

De la Madrid guardó silencio. La Quina retomó el tema con la voz tan suave como un minué, la humildad fingida. El abanderado del PRI siguió sumido en el mutismo. Por la mente del líder petrolero desfilaron, en tropel, negros presagios. Corrió a comentarle lo sucedido a Salvador Barragán Camacho, su hombre de confianza, y rápido urdieron otro plan. La construcción imaginativa de que venía lo peor los enloqueció.

Sabían que la llamada Renovación Moral era el arma fuerte de Miguel de la Madrid –al final de ese sexenio la llamada Renovación Moral resultó una gran farsa, un teatro– y era posible que empezara por el sindicato petrolero, considerado entonces un nido de corrupción. Barragán Camacho mandó llamar con urgencia al Tesorero del sindicato, Héctor García Hernández, “El Trampas”, uno de los hombres más corruptos de la historia de ese gremio, quien por cierto falleció el pasado 27 de abril en Coatzacoalcos, Veracruz.

Le dijo: –Tú serás ejemplo de la renovación moral de nuestro Sindicato, nos vamos a adelantar. Y le contó: –Te vamos a ofrecer en holocausto para aparentar la renovación moral en nuestro gremio. Y enseguida le detalló el plan: –Te destituimos, te acusamos ante las autoridades, huyes, le echamos tierra al asunto y en dos años vuelves.

Y “El Trampas” aceptó.

Era una Regla de oro en el sistema priista; y en el actual no parece haber cambios. Este gobierno es una continuidad maquillada del pasado. López Obrador es un hombre del sistema: el sistema lo hizo, le permitió crecer y llegar al poder. Él conoce esta Regla de oro. Seguramente habrá presos por la corrupción orquestada durante el gobierno de Peña Nieto, por citar sólo al penúltimo Presidente; pero si eso ocurre ya es un tema acordado. Por eso Peña Nieto ordenó a los gobernadores no meter las manos en el proceso electoral del 2018 y, así, le abrió el camino a López Obrador. ¿Esto quiere decir que Peña Nieto resultó un demócrata? ¿O hubo pacto?

La Cuarta Transformación necesita vida y el show es vida, de otro modo sería muy aburrido seguir escuchando “Las Mañaneras” con el mismo sonsonete. Tienen que variar ese bajo obstinato y el caso Lozoya les permite cambiar la tonada.

 

Como en los gobiernos del PRI y del PAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza a la Fiscalía General de la República (FGR) –cuya autonomía pregona– y al testigo “convenido” Emilio Lozoya para montar una estrategia política y mediática de cara a las elecciones del 2021. El escándalo, todos los días atizado desde el púlpito presidencial, también sirve a la 4T para tender una espesa neblina frente a la escandalosa caída del empleo, la imparable pandemia de la COVID-19 y la violencia del crimen organizado, donde el gobierno federal ha fracasado hasta ahora. Más allá de lo que Lozoya declare sobre la corrupción, lo cierto es que el expresidente Enrique Peña Nieto puede estar muy tranquilo: su mejor defensor es López Obrador, quien ha dicho que no enjuiciará a los exmandatarios “si no lo pide la gente mediante una consulta”. En resumen, eso nunca ocurrirá porque las consultas ciudadanas son otro instrumento del mandatario para jugar a la democracia.  

 

El retorno de Emilio Lozoya encierra una trama, cuyas partes medulares empiezan a conocerse debido a las filtraciones informativas del gobierno: se trata de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) desenrede la madeja de corrupción tejida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en particular, los sobornos entregados por Odebrecht, el financiamiento de la campaña del PRI en 2012, los contratos amañados que se operaron en la paraestatal, el huachicol, el fructífero negocio de los altos mandos de la empresa gubernamental que era operado desde Los Pinos.

Ahora, ¿para qué negoció la Fiscalía General de la República (FGR) con Emilio Lozoya? Todo el mundo supuso que para conocer el intríngulis de este entramado de corrupción y castigar a los responsables. Sin embargo, se trata de utilizar a Lozoya –y todo lo que sabe sobre el saqueo del país– como instrumento de una campaña mediática de la Cuarta Transformación y cuyo objetivo es ondear la bandera del combate a la corrupción, sacarle raja política al tema y, así, construir una inmensa cortina de humo.

Se trata de que haya una espesa neblina frente a los problemas torales: la quiebra financiera del país, la bancarrota de las empresas, el escandaloso desempleo, por todos lados preocupante, y la imparable violencia del narcotráfico, temas en los que el gobierno de López Obrador ha fracasado absolutamente.

El caso Lozoya tiene mucha cuerda. De aquí hasta mediados del año entrante, por lo menos, habrá mucha tela por donde cortar para mantener una campaña política con un asunto legal, en la que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se presta como instrumento del presidente, tal y como ha ocurrido en los gobiernos del PRI y del PAN, tan criticados por López Obrador. Él mismo es una copia de lo que critica.

Los objetivos políticos de la Cuarta Trasformación son muy claros:

–Amortiguar el impacto de la violencia de alto voltaje perpetrada por el crimen organizado, para lo que no existe una política clara. El gobierno está avasallado por la violencia criminal y el Presidente sigue enfrascado en dar abrazos a los delincuentes. Se niega, como un burro rebelde frente a su jinete, a utilizar las facultades que le confiere la ley.

–Los estragos de la COVID-19, en gran medida recrudecidos por el manejo irresponsable del gobierno, cuyas cifras ya superan los 40 mil muertos. Las cifras y decesos aumentan y aquí hay dos responsables: el mal manejo oficial y la irresponsabilidad social: la gente no toma consciencia de que el coronavirus es mortal y hasta los miembros de la clase pudiente exhiben sus carencias educativas, aunque se sienten europeos, al no utilizar las medidas de rigor ante la pandemia. No aprenden estos ignorantes ataviados con trajes Hugo Boss.

–El derrumbe económico del país, lo que ha derivado en una de las crisis económicas más severas desde aquel amargo 1994, cuando Carlos Salinas entregó un país maquillado como de primer mundo y, en realidad, iba en caída libre. Ahora la COVID-19 ha contribuido al derrumbe económico en todo el mundo, más en algunos países que en otros, pero pocos han escapado a la ruina del desempleo. En Europa, la Unión Europea fondeó millones de euros para impedir una crisis mayor con repercusiones sociales. En México, al Presidente no le importa la debacle: le importa el poder, mucho poder, todo el poder, a grado tal que desde Palacio Nacional ya está de nuevo en campaña; rumbo al 2021.

 

El regreso de Lozoya  cayó como “anillo al dedo”, como dijo el presidente al referirse a la pandemia, pues el exfuncionario federal, convertido en un instrumento, en un ariete gubernamental, confesará lo que sabe sobre la corrupción pero está muy claro que López Obrador no permitirá que la FGR –que no parece autónoma– integre una carpeta en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, pues también es muy evidente que entre el presidente y Peña Nieto existe un pacto de impunidad, regla de oro en el sistema político que el mandatario conoce muy bien porque fue y es un hombre del sistema. La Cuarta Transformación, emprendida por el actual gobierno, es una continuidad maquillada del pasado, plegada a los intereses de Estados Unidos.

Lo que ha desatado muchas críticas es el trato y la deferencia de que goza Lozoya, quien saltó de su condición de prófugo de la justicia para convertirse en el testigo estelar de la FGR. Tan pronto arribó a Ciudad de México, en vuelo especial, el exfuncionario no fue llevado a una prisión, como se esperaba: lo internaron en el Hospital “Ángeles” del Pedregal bajo el argumento de que padece anemia aguda y otros males de salud. Y desde su habitación rindió su primera declaración, el martes 28, en la que se declaró inocente del fraude causado a Petróleos Mexicanos por la compra de la empresa Agro Nitrogenados, por la que la paraestatal pagó casi 700 millones de dólares.

No sólo eso: dijo también que fue presionado y objeto de intimidación, aunque no precisó de quién o quiénes. Se entiende que de sus jefes inmediatos, el entonces Presidente Enrique Peña y Luis Videgaray, quien fungía como Secretario de Hacienda.

Nunca antes el Ministerio Público Federal había dispensado trato tan especial a un testigo colaborador, ni siquiera en los tiempos en que se utilizó la figura del testigo protegido, aquel instrumento que fue operado perversamente por el poder político para denostar y encarcelar a los enemigos.

Y es que muchos testigos del crimen organizado fueron abandonados a su suerte después que declararon lo que sabían. Algunos casos ilustran lo anterior:

–Tomás Colsa McGregor, el joyero del narco, pieza del Cártel de Juárez, fue asesinado al bajar de un autobús del transporte público. Había confesado muchos secretos sobre Amado Carrillo y su red de protección. Dispuso de una escolta cuando fue útil a la extinta Procuraduría General de la República, pero después le retiraron la seguridad y fue abatido por sus enemigos.

–La misma suerte corrió Jaime Olvera Olvera, otro miembro del Cártel de Juárez, quien incluso incriminó a Liébano Sáenz cuando fungía como secretario particular de Ernesto Zedillo, al señalarlo como un hombre clave en las negociaciones entre el Cártel de Juárez y el gobierno para dejar de perseguir a Amado Carrillo. El señalamiento fue descalificado por la PGR al declarar al testigo enfermo de sus facultades mentales y proclive a la mitomanía. La locura, sin embargo, se hizo valer sólo en este caso porque, extrañamente, el resto de sus declaraciones fueron consideradas válidas.

–La muerte más reciente de un testigo protegido ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón: se trató de Edgar Bayardo del Villar, cómplice de Genaro García Luna en la protección al Cártel de Sinaloa. Este personaje fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública. Conocía como nadie a Ismael “El Mayo” Zambada porque era su protector y operador en el tráfico de drogas que se realizaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue detenido por esos nexos y se acogió al programa de testigos protegidos. Cuando decidió confesar lo que sabía sobre Zambada, la PGR le asignó una escolta, luego le fue retirada. Abandonado a su suerte, un día acudió al café Starbucks de la Colonia Del Valle. Cuando degustaba su espresso fue ejecutado por hombres armados.

Otros testigos que tuvieron tratos especiales –que terminó en corrupción– se dieron en tiempos de Ernesto Zedillo, quien encarceló a Raúl Salinas de Gortari por el asesinato del entonces diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha.

En ese tiempo, la PGR encabezada por Antonio Lozano Gracia contrató los servicios de una vidente –Francisca Zedina, “La Paca”– para que colaborara con la PGR en la búsqueda y localización de Muñoz Rocha. El fiscal del caso era Pablo Chapa Bezanilla, quien terminó enredado en esa madeja de corrupción y mentiras a tal grado que tuvo que huir a España, de donde fue extraditado. Luego se descubrió que utilizó los sistemas de inteligencia de la PGR para espiar a personas de su círculo íntimo.

“La Paca” procedió a exhumar unos restos humanos del panteón de Tláhuac y los inhumaron en la finca “El Encanto”, propiedad de Raúl Salinas; luego le dijo a Chapa Bezanilla que, según le habían informado los espíritus, el cuerpo de Muñoz Rocha estaba enterrado en ese rancho. Se realizó la búsqueda del cadáver y, en efecto, fueron sacados unos restos humanos que, en realidad, se trataba de una pedacería humana que nunca arrojó ninguna conclusión: aquello fue todo un montaje que sirvió para que “La Paca” y su cómplice Ramiro Aguilar Lucero cobraran más de un millón de pesos que, supuestamente, terminaron en manos de los funcionarios de la PGR.

En este asunto, el entonces procurador Lozano Gracia y su sucesor Jorge Madrazo Cuéllar fueron criticados duramente porque, a fin de incriminar a Raúl Salinas por el crimen de José Francisco Ruiz Massieu, le pagaron dos millones de pesos a Fernando Rodríguez González, secretario particular de Muñoz Rocha, para que incriminara a Raúl Salinas por el asesinato de su cuñado.

La defensa del hermano del expresidente declaró que la PGR pagó por el testimonio incriminatorio; los fiscales del caso dijeron que al testigo sólo se le estimuló para que dijera la verdad. Toda esta maraña quedó como una historia de corrupción, mentiras y excesos que evidenciaron los perversos alcances de la PGR en el manejo de los llamados testigos protegidos o convenidos.

La situación de Lozoya rememora aquellos casos escandalosos. Al exdirector de PEMEX se le protege porque temen que lo maten por lo que sabe y puede declarar. Es un juego de intereses: la FGR obtendrá los testimonios incriminatorios contra Videgaray, Peña Nieto y otros. A cambio, Lozoya resultará beneficiado al quitarle dos delitos graves –lavado de dinero y delincuencia organizada– dejándole sólo el de cohecho; y así evitará pisar la cárcel. En resumen, Lozoya fue llevado a México para liberarlo.

A todas luces, este caso se trata de una negociación. De ser un tránsfuga, Lozoya le aportará a la Cuarta Transformación la información que requiere, ya sea para enderezar las carpetas contra Peña Nieto y otros cómplices –lo que se duda– o bien para robustecer la campaña mediática que prepara de cara a las elecciones intermedias del 2021.

El combate a la corrupción le importa muy poco a AMLO. Es una bandera política, pues como ningún otro presidente en la historia se ha erigido como principal defensor de Peña Nieto. Antes, al menos, se guardaban las formas. Ahora se impone el descaro sin rubor.

Recientemente, el Presidente López Obrador alzó la voz por la difusión que se le dio, en casi todos los medios, a los videos donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación exhibe su poderío bélico. Dijo que le sorprendía la enorme difusión de esas imágenes –un exceso–, pero no utiliza el mismo criterio si se trata de su testigo convenido, Emilio Lozoya, a quien se refiere como un personaje al que se le debe cuidar porque –asegura– ya está hablando y acusando a políticos corruptos. Eso sí hay que difundirlo y sin medida, porque es lo que conviene a sus intereses; incluso, ha pedido públicamente que la gente siga la audiencia virtual en la que Lozoya comparece ante el juez de la causa. Así de clara es la incongruencia del mandatario: se molesta por lo que no le gusta y él mismo atiza, desde su púlpito, lo que va acorde con sus conveniencias personales y políticas.

Así de claro el doble discurso de AMLO. 

                  

Al rendir su primera declaración judicial, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, se declaró inocente por la compra fraudulenta de la empresa Agro Nitrogenados, por la que Pemex pagó unos 700 millones de dólares en 2015, cuando transcurría el tercer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso hubo un fraude que derivó en un grave quebranto en perjuicio del erario público.

Sin embargo, Lozoya, quien está acusado de operar este fraude, se declaró inocente; sin mencionar nombres todavía, sólo dijo que en este caso fue presionado e intimidado.

Lozoya compareció ante el juez José Artemio Zúñiga Mendoza de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus; el exfuncionario federal, quien fue extraditado hace doce días de España luego de allanarse, rindió su declaración desde su cómoda habitación en el hospital Ángeles del Pedregal, donde se encuentra internado desde su arribo a México.

Este miércoles 29, Lozoya comparecerá nuevamente ante el juzgador, ésta vez para declarar sobre los sobornos que le entregaron directivos de la empresa Odebrecht.

Se afirma que Odebrecht pagó unos diez millones de dólares para financiar la campaña de Peña Nieto, además de otros sobornos para obtener contratos en Pemex.

El caso Lozoya ha sido fuertemente cuestionado porque se asegura que es un instrumento político del presidente López Obrador, el cual tiene una vertiente mediática, por lo que corre el riesgo de politizarse.

La extradición de Emilio Lozoya parece que le vino como anillo al dedo al gobierno, pues se trata del primer juicio de alto perfil que persigue el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien es autónomo.

Lozoya, según se sabe, negoció con el gobierno venir a México y enfrentar a la justicia. Se habla de la posibilidad de acogerse al programa de oportunidad, una suerte de beneficio como el que se le otorgaba a los testigos protegidos en el pasado.

En este caso, el llamado criterio de oportunidad estaría en duda que se le otorgue a Emilio Lozoya –salvo lo que decida el juez Zúñiga Mendoza– ya que existe un daño patrimonial cuantioso y en estos casos el beneficio podría ser negado al testigo colaborador.

Pero todo está por verse en este caso. Todo indica que está dispuesto a hablar todo lo que sabe sobre la corrupción en Pemex durante el gobierno de Peña Nieto, en cuyos enjuagues también estaría implicado Luis Videgaray Caso, quien fungió como secretario de Hacienda.

Recientemente, durante una charla en el ITAM, un alumno cuestionó a Videgaray sobre la corrupción que lo implica. El exfuncionario sólo reconoció que cometió errores y no explicó en qué consistieron dichos errores.

Este miércoles 29, Lozoya continuará con sus declaraciones ante el juez de la causa, ahora para hablar sobre la corrupción tejida por el gobierno de Peña Nieto y la empresa Odebrecht, la compañía que operó uno de los casos de corrupción más escandalosos, pues se acusa a sus directivos de pagar sobornos millonarios para obtener contratos en varios países. En otras naciones, como Brasil y Perú, muchos exfuncionarios y hasta expresidentes han terminado en la cárcel o muertos por suicidio ante el descubrimiento de la corrupción en la que incurrieron.

 

Caso Agro-Nitrogenados

En el caso de la compra de Agro-Nitrogenados la denuncia  fue presentada el 9 de marzo de 2019 por la apoderada legal de Pemex, Martha Edith Rodríguez Acosta. En el expediente del caso se menciona que el 26 de octubre de 2015 el Consejo de Administración de Pemex realizó una sesión extraordinaria en la que se aprobó el proyecto de inversión para financiar y concretar la compra de la empresa Fertinal hasta por un monto de 635 millones de dólares. El dueño de Fertinal era Alonso Ancira Elizondo.

La compra de acciones –según las indagaciones– se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2015. Figuró como comprador Pemex-Fertilizantes Pacífico, y como vendedor Banco Azteca, institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 470.

Según la FGR, en esta maniobra hubo corrupción, un fraude, ya que la empresa Fertinal fue sobrevaluada, por lo que se generó un quebranto financiero a Pemex, delito que se le imputa a Emilio Lozoya, quien al declarar hoy sobre este caso dijo haber sido presionado e intimidado, supuestamente, por funcionarios que fungían como jefes suyos, en este caso, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.

           

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