Las declaraciones rendidas por Emilio Lozoya, la denuncia de hechos en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el excanciller Luis Videgaray, presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), exhiben el lado más sucio de la política mexicana.

Las prácticas perversas utilizadas durante el gobierno de Peña Nieto, son lo más alejado de la política en estricto sentido y exhiben el retroceso de ciertos hombres del poder; a grado tal, que parece que vivían en el Neolítico, cuando la sociedad comenzó a organizarse.

En aquella época prehistórica –plagada de abusos donde se imponía la ley del más fuerte o mejor preparado– se comprendían los abusos porque no había marcos legales ni sistemas de organización social, todo estaba por construirse; lejos, muy lejos estaba la democracia, sistema que, a decir verdad, ni en Grecia se utilizó en todas las Polis –su práctica fue parcial y no total– como sí ocurrió después de la Revolución Francesa.

Lo que declaró Emilio Lozoya ante la FGR es una revelación que en realidad no debe escandalizar. No dice nada nuevo, ni un pedazo de verdad que no conozcamos respecto de cómo ha funcionado el sistema político mexicano, regido por el compadrazgo y la corrupción, una suerte de asalto en pandilla sexenal, cobijado por el pacto de impunidad, ley no escrita que rige el ejercicio de la política y del poder en México.

Resulta curioso adentrarse a los detalles desgranados por Lozoya, por ejemplo, cuando afirma que se utilizaron unos cien millones de pesos para sobornar a legisladores –diputados y senadores– a fin de que, sin cortapisas, aprobaran la Reforma Energética, el marco regulatorio e instrumento para que el gobierno de Peña Nieto entregara la riqueza energética mediante contratos amañados a los intereses de empresas privadas extranjeras.

La entrega de dichos fondos, según su dicho, fueron acordados por el entonces presidente Peña, Luis Videgaray –y el mismo Lozoya como titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX)– para acelerar la aprobación del paquete de reformas que el entonces mandatario festinó a boca llena como un gran paso a la modernización del país. Y felicitó a los legisladores por pensar en los intereses nacionales. Aquello fue el cinismo sin fronteras.

Cuando afirmo que, fuera de estos detalles, no hay nada nuevo en las declaraciones de Lozoya, es porque a muy pocos sorprende que desde la presidencia de la República se haya sobornado al Congreso –o a buena parte de los legisladores que conformaban la pasada Legislatura– porque ha sido una práctica recurrente en México.           

En los estados, por ejemplo, es posible que haya ocurrido lo mismo para que los diputados locales ratificaran la Reforma Energética, pues es ampliamente conocido que en cada entidad el gobernador en turno designa al líder del Congreso y éste recibe órdenes del mandatario estatal en turno. Si hay una oposición numerosa, recurren a la práctica de lubricar la tarea legislativa con dinero para que los legisladores voten los proyectos de ley con base en “los intereses nacionales”. Nada más alejado de la política, distante del llamado “bien común” que consigna la ciencia política en su esencia y/o teoría.

Un ejemplo más que claro de la corrupción legislativa es la polémica Ley Bonilla, anulada por la Suprema Corte, que impulsó en Baja California el entonces gobernador Francisco Vega Lamadrid, según denuncias públicas, mediante sobornos millonarios a los diputados locales.

La historia que nos cuenta Emilio Lozoya, con independencia de algunas revelaciones, lo exhiben como un verdadero títere. Fue la marioneta, el cómplice de Enrique Peña Nieto para cometer los actos de corrupción que ahora denuncia –el caso Odebrecht y la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados– y, por si fuera poco, ahora se pone en manos de su nuevo titiritero –el gobierno de la Cuarta Transformación– para denunciar actos de corrupción a cambio de salvar su pellejo y el de su familia; no obstante que la FGR y él como testigo saben de antemano que los delitos de que acusa a Peña y a Videgaray ya están prescritos.

Esto no quiere decir que no se hayan cometido. ¡Claro que se cometieron! Pero de lo que se trata es de desenredar los detalles y tender una enorme cortina de humo que acompañará al gobierno de López Obrador de aquí hasta el 2 de julio de 2021, cuando se celebren las elecciones intermedias.

Y es que un gobierno que carece de resultados y navega entre las arenas movedizas de enormes crisis como la violencia del crimen organizado, el oscuro trance de la economía, la pobreza y la imparable mortandad causada por el COVID-19 –un verdadero cataclismo–; un gobierno así: el de López Obrador, tiene que recurrir forzosamente a un teatro de marionetas como el que se ha montado con Lozoya.

Como show es bastante divertido, aunque muchos medios de comunicación creen a pie juntillas que esta investigación va en serio y hasta alucinan con ver a Enrique Peña Nieto en la cárcel. Que no se nos olvide que la política es un teatro, un juego y en estricto sentido un arte que consiste en negociar. Hasta los próximos encarcelados ya están negociados de antemano. Y aquí vale la pena citar al dramaturgo irlandés Oscar Wilde, quien en los tiempos aciagos que vivió, cuando fue perseguido por su homosexualidad, expresó: “… Ni lo fortuito me sorprende”.

Peña Nieto no irá a la cárcel. Pero seguramente alguien que formó parte de su equipo podría pisarla. Sin embargo, esto no sería nada fortuito sino producto de una negociación incluso con el futuro encarcelado. En política, como en el crimen organizado, todo es posible.

Basta recordar una historia que le pone sentido a esta reflexión: cuando Miguel de la Madrid fue ungido candidato a la presidencia de la República, a principios de 1982, se reunió con Joaquín Hernández Galicia, La Quina, entonces poderoso líder del sindicato petrolero.

Hábil en la marrullería, La Quina siempre ablandó a los candidatos presidenciales –desde Luis Echeverría hasta José López Portillo– con el cuento de que ya estaba cansado y pensaba dejar el poder. Todos, sin excepción, le dijeron: “No, Joaquín, espérate un poco más”. Y él, obediente, respondía: “Lo que usted mande, señor Presidente”.

Tocó el turno a Miguel de la Madrid. Hernández Galicia lo invitó a Ciudad Madero, Tamaulipas, su feudo. En una caminata, La Quina –quien no quería dejar el sindicato– soltó el ardid: “Señor Presidente, quiero comentarle en confianza que ya he pensado en retirarme, ya estoy muy cansado y creo que es tiempo de dejar el gremio”.

De la Madrid guardó silencio. La Quina retomó el tema con la voz tan suave como un minué, la humildad fingida. El abanderado del PRI siguió sumido en el mutismo. Por la mente del líder petrolero desfilaron, en tropel, negros presagios. Corrió a comentarle lo sucedido a Salvador Barragán Camacho, su hombre de confianza, y rápido urdieron otro plan. La construcción imaginativa de que venía lo peor los enloqueció.

Sabían que la llamada Renovación Moral era el arma fuerte de Miguel de la Madrid –al final de ese sexenio la llamada Renovación Moral resultó una gran farsa, un teatro– y era posible que empezara por el sindicato petrolero, considerado entonces un nido de corrupción. Barragán Camacho mandó llamar con urgencia al Tesorero del sindicato, Héctor García Hernández, “El Trampas”, uno de los hombres más corruptos de la historia de ese gremio, quien por cierto falleció el pasado 27 de abril en Coatzacoalcos, Veracruz.

Le dijo: –Tú serás ejemplo de la renovación moral de nuestro Sindicato, nos vamos a adelantar. Y le contó: –Te vamos a ofrecer en holocausto para aparentar la renovación moral en nuestro gremio. Y enseguida le detalló el plan: –Te destituimos, te acusamos ante las autoridades, huyes, le echamos tierra al asunto y en dos años vuelves.

Y “El Trampas” aceptó.

Era una Regla de oro en el sistema priista; y en el actual no parece haber cambios. Este gobierno es una continuidad maquillada del pasado. López Obrador es un hombre del sistema: el sistema lo hizo, le permitió crecer y llegar al poder. Él conoce esta Regla de oro. Seguramente habrá presos por la corrupción orquestada durante el gobierno de Peña Nieto, por citar sólo al penúltimo Presidente; pero si eso ocurre ya es un tema acordado. Por eso Peña Nieto ordenó a los gobernadores no meter las manos en el proceso electoral del 2018 y, así, le abrió el camino a López Obrador. ¿Esto quiere decir que Peña Nieto resultó un demócrata? ¿O hubo pacto?

La Cuarta Transformación necesita vida y el show es vida, de otro modo sería muy aburrido seguir escuchando “Las Mañaneras” con el mismo sonsonete. Tienen que variar ese bajo obstinato y el caso Lozoya les permite cambiar la tonada.

La crisis financiera causada por el COVID-19, la falta de planeación y de estrategia para amortiguar sus embates, la ausencia de apoyos a las empresas –que están quebrando en cascada–, ha provocado una recesión sin precedentes en México que ha impactado al Gobierno Federal; pues ahora resulta que no tienen dinero para continuar sosteniendo los programas sociales, el instrumento electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde que inició el actual gobierno, bien o mal llamado “La Cuarta Transformación” –que no es otra cosa más que una versión mal maquillada del pasado– el Gobierno Federal emprendió el proyecto de repartir dinero entre la clase más desprotegida. Según López Obrador, se trata de unos 30 millones de personas en situación de extrema pobreza los que reciben apoyos del gobierno. También se incluye a los adultos mayores, a quienes les otorga unos 2, 500 pesos bimestrales.

En este proyecto se suma, además, el apoyo a los jóvenes, a fin de que puedan trabajar como aprendices o bien puedan terminar sus estudios. Según el Presidente, esta es la forma adecuada de luchar contra el crimen organizado, que ya domina en más de la mitad del territorio nacional y que también dispone de sus propios apoyos sociales, como se ha visto con el reparto de despensas que realiza el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, la falta de recursos comenzó a preocupar al gobierno, pues no podrá sostener los programas sociales como lo venía haciendo, lo que coloca a la llamada 4T en serios problemas frente al escenario electoral del próximo año, cuando se renueven varias gubernaturas, congresos locales, alcaldías y el Congreso de la Unión. La elección intermedia es la más importante, pues de este resultado dependerá el futuro de la 4T hacia el año 2024, cuando se realicen las elecciones presidenciales.

Ante este escenario, López Obrador apuesta por el escándalo mediático. De ahí la urgencia por traer a México –vía la extradición– a Emilio Lozoya; exdirector de Petróleos Mexicanos detenido en España a principios de año, quien ya hizo sus dos primeras declaraciones judiciales sin que, hasta el momento, haya incriminado a nadie en particular.

Lozoya conoce como nadie el intríngulis de la corrupción que se fraguó en PEMEX durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; los sobornos otorgados por Odebrecht para conseguir contratos en la paraestatal. Pero también surgieron algunas versiones –y este es el sentido de la investigación contra Lozoya y la importancia de su extradición a México– en el sentido de que Odebrecht también financió la campaña de Peña Nieto en el 2012.

Según se ha dicho, Lozoya había pactado con la Cuarta Transformación aceptar ser extraditado a cambio de un juicio justo –¿lo pondrán en libertad?– y qué mejor momento que el actual, cuando se sientan las bases del proyecto electoral hacia el 2021, donde MORENA pretende mantener la mayoría en el Congreso. Lo que se ve difícil, porque el actual régimen no ha concretado resultados a casi dos años de gobierno.

Ahí siguen pendientes grandes temas como la crisis financiera, la delincuencia y la violencia atroz que enfrenta el país; y ni se diga el tema del combate a la corrupción, que ha sido una bandera que López Obrador ha ondeado sin resultados firmes.

Es cierto que encarcelaron a Rosario Robles, a Juan Collado, y que aseguraron cuentas de empresas ligadas al Cártel de Jalisco. Pero estos casos todavía no han sido juzgados. Falta que haya sentencias firmes. Sin embargo, le perdonaron todas sus tropelías a Carlos Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero, uno de los más corruptos y cabeza –se asegura– de una amplia red de corrupción que operó el “huachicoleo”.

Ante las complicaciones financieras causadas por la pandemia, el gobierno también incluyó en su lista de extraditables a Tomás Zerón, exfuncionario de la PGR, autor de la llamada “Verdad Histórica” construida en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la cual se ha echado abajo por inconsistente. De acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, el caso de los estudiantes fue una desaparición forzada. Falta ver cuál es la relatoría criminal del actual gobierno.

También se comenzaron los trámites para extraditar a México al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido la semana pasada en Miami, Florida, precisamente el día que López Obrador visitó a Donald Trump en Washington.

Duarte es un personaje clave para conocer el desvío de dinero del erario público para financiar las campañas del PRI, cuando ese partido era dirigido por Manlio Fabio Beltrones. Este caso podría robustecerse y alcanzar el nivel de delito electoral, pues César Duarte le entregó 250 millones de pesos al PRI, a través de Alejandro Gutiérrez, hombre de confianza de Beltrones, quien en 2016 fungía como Secretario General del PRI.

Otro personaje que se sumaría a la lista de extraditables y, por ende, al proyecto del escándalo mediático rumbo a las elecciones del 2021, es Kamel Nacif. Empresario de origen libanés, implicado en la red de pederastia denunciada por la activista y periodista Lydia Cacho, quien enfrentó serias consecuencias –amenazas, una detención ilegal, entre otros perjuicios– por parte del llamado “Rey de la Mezclilla”, confabulado con Mario Marín, entonces gobernador de Puebla.

Estos casos, sin duda, serán carne de cañón para la Cuarta Transformación, pues alimentarán el escándalo mediático necesario. También servirán para robustecer el discurso del combate a la corrupción y a la impunidad, bandera que ha ondeado López Obrador, pero que ahora aprovechará en la coyuntura electoral.

¿Justicia o negocio electoral?

Más lo segundo que lo primero.

En tan sólo seis años, de 2014 a la fecha, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, quien hasta el domingo 2 era el líder del Cártel Santa Rosa de Lima, construyó un emporio criminal dedicado al robo de combustibles, al secuestro, la extorsión y la distribución de drogas sintéticas. A base de violencia y amenazas, se apoderó de la vida pública y privada de Guanajuato, poder que alcanzó a base de corrupción, pues se afirma que la policía de esa entidad lo protegían. Tan sólo el “Huachicol” le dejaba ganancias superiores al millón y medio de pesos diarios, pues se estima que movía entre 40 y 50 pipas todos los días. La guerra en El Bajío, una de las zonas con más muertos, obedece al enfrentamiento con el Cártel de Jalisco que, a base de metralla, ya se apoderó de El Bajío y tomó el control del robo de combustibles y otros que explotaba El Marro.

Se extinguió la buena estrella del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz –“El Marro”–. Las Fuerzas Federales lo detuvieron la madrugada  del domingo 2 de agosto en Guanajuato, al implementar un operativo que puso fin a su carrera delictiva. En el momento de su captura, también fue liberada una mujer empresaria, quien llevaba varios días en cautiverio.

“El Marro” llevaba cinco años explotando jugosos negocios en Guanajuato. Operaba el robo de combustibles, las extorsiones, secuestros, distribución de droga a granel, entre otros; su Cártel lo conformaban particularmente miembros de su familia, de donde ahora podría emerger el relevo de Yépez Ortiz, quien continúa detenido en Guanajuato pero será internado en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

La historia negra de “El Marro”

De la mano de policías estatales y bajo el cobijo de políticos y empresarios guanajuatenses, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro” –jefe del Cártel Santa Rosa de Lima, convertido en una pesadilla en la región de El Bajío durante casi un lustro– se abrió paso en el mundo del hampa hasta consolidar una de las organizaciones criminales más poderosas dedicadas al robo de hidrocarburos en Petróleos Mexicanos.

Su carrera criminal ha sido vertiginosa, pero fulgurante su ascenso en el mundo del hampa, pues apenas en el año 2014 figuró como lugarteniente de David Rogel Figueroa, “El Güero”, un agente estatal en Chiapas. Después se entronizó en la jefatura del Cártel Santa Rosa de Lima, uno de los más violentos del país.

De acuerdo con los expedientes de este caso y los informes policíacos, a este personaje se le atribuye la fundación del denominado Cártel Guanajuatense. La organización lleva el nombre del pueblo donde “El Marro” nació, localizada en el municipio de Villagrán.

Pero el salto que dio “El Marro” en el mundo criminal fue enorme, pues tres años después, en 2017, se entronizó como jefe del cártel, el cual está exclusivamente dedicado al robo de combustibles, aunque informes de inteligencia indican que también comercializa drogas sintéticas, particularmente metanfetaminas, otro de sus negocios más rentables.

Ya como jefe del cártel, Yépez Ortiz creó un emporio criminal, apoyado principalmente por sus hermanos, creó una red para extraer gasolinas de los ductos de PEMEX.

Según estimaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la organización liderada por “El Marro” operaba entre 40 y 50 pipas de combustible. Esto le representaba una ganancia de 1.5 millones de pesos diarios. El decomiso de varias flotillas de camiones y barrilles –efectuados en los últimos diez meses–, así como unos 200 automóviles, entre otras pertenencias, dan cuenta del poderío de la organización encabezada por “El Marro”, quien en su etapa de esplendor llegó a lanzar amenazas de muerte en contra de las autoridades, incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así fue perseguido

El 31 de enero de 2019, poco después de que tomara posesión como Presidente, López Obrador diseñó una cruzada para desmantelar las redes dedicadas al robo de combustibles. Para ello, se prepararon varios operativos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, respectivamente.

Una de las regiones más críticas debido al robo de gasolina era, entonces, Guanajuato; lo sigue siendo, entre otras razones, por el poderío que desplegó Yépez Ortiz, quien de inmediato reaccionó con una abierta amenaza a través de una manta colocada muy cerca de una refinería de PEMEX:

“Andrés Manuel López Obrador, te exijo que saques a la Marina, Sedena y Fuerzas Federales del Estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es juego y que en Guanajuato no los necesitamos”.

Este mensaje amenazador apareció precisamente dos días después de que la Marina y el Ejército habían asegurado un predio en la comunidad de San Salvador Torrecillas, en el municipio de Villagrán, donde confiscaron unos 40 vehículos que eran parte de la infraestructura que utilizaba el Cártel Santa Rosa de Lima para el robo de gasolina.

El origen

De origen humilde, José Antonio Yépez Ortiz nació en la comunidad que lleva el mismo nombre que la organización que encabeza. Existen pocos datos respecto de cómo incursionó en el crimen organizado, pero se afirma que fue enganchado por grupos locales que, desde hace tiempo, se dedican a la extracción de combustibles en los ductos de PEMEX.

Hacia el año 2010, por ejemplo, los grupos dedicados a ese negocio operaban con el apoyo de las policías municipales y estatales; las zonas de extracción se asignaban como los territorios que utiliza el narcotráfico. Había en todo el país una amplia red que, por décadas, sangró a PEMEX.

Según sus antecedentes penales, Yépez Ortiz fue encarcelado en el año 2008 por robo y delincuencia organizada. Sin embargo, las autoridades lo dejaron ir mediante el pago de una cuantiosa fianza.

En el caso de “El Marro”, su organización criminal está conformada, en su mayoría, por sus propios familiares –su madre, hermanos, primos y cuñados, de acuerdo con las autoridades–: algunos de ellos se encargan, por ejemplo, de conseguir información y pagar la protección de las autoridades, mientras otros operan las finanzas.

Por ejemplo, una de las hermanas de Yépez Ortiz, identificada por las autoridades como operadora de la plaza de Celaya, Guanajuato, se llama Lizbeth Yépez Ortiz.

Con la red conformada por sus familiares y otra adicional compuesta por socios, “El Marro” ha construido un imperio en Guanajuato. Según el mapa criminal, ya controlaba municipios completos, entre otros, Celaya y Villagrán, donde empezó a operar. Otros informes indican que después comenzó a dominar en Cortázar, Santa Cruz de Juventino Rosas, Irapuato, El Valle de Santiago y Salamanca. En ésta última demarcación se ubica la refinería de PEMEX, una de las más productivas que, por cierto, en marzo de este año amenazó con hacerla estallar si el gobierno no paraba la persecución en su contra.

Para las autoridades ha resultado una verdadera pesadilla la persecución y la captura de “El Marro”. Las autoridades detectaron que, en su etapa de esplendor, llegó a tener siete domicilios, los cuales utilizó como refugios. Todos han sido confiscados. A este grupo criminal se le atribuye todo tipo de fechorías en Guanajuato: con frecuencia, “El Marro” ordenaba bloqueos de carreteras, ejecuciones, incendio de automóviles en la carretera federal, a lo que se suman balaceras tanto de día como de noche, secuestros, levantones, además de persecuciones. Nadie lo había podido detener, entre diversas razones, porque la policía de Guanajuato y otras autoridades estaban ligadas a la organización.

La violencia se ha extendido a lo largo y ancho de Guanajuato. En 2017, por ejemplo, se registraron 3  mil 290 crímenes, en 2018 más de 4 mil, y a la fecha se están presentando entre 10 y 15 ejecuciones diarias.

La guerra

Este elevado nivel de violencia en “El Bajío” obedece, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, a que “El Marro” le declaró la guerra al Cártel de Jalisco Nueva Generación –que incursionó en Guanajuato– con el objetivo de desplazar al Cártel Santa Rosa de Lima y, en particular, a “El Marro”.

Esta lucha por el control del territorio ha ocasionado balaceras y muertes. “El Marro” le ha mandado a decir a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, a través de videos y “narcomantas” que lo va a sacar del Estado si no se sale de su territorio.

Pero eso no es todo: esta guerra atrajo la atención del Cártel de Sinaloa, rival del Cártel de Jalisco. Informes policíacos establecen que Ismael “El Mayo” Zambada le habría otorgado su apoyo a “El Marro” para enfrentarse al Cártel de Jalisco, el grupo criminal que más ha crecido en los últimos años y que ya domina en una veintena de entidades federativas. Esta expansión, sin duda, significa una amenaza para Sinaloa, de ahí que pretendan eliminar a “El Mencho” o al menos restarle poder. Pero tras su captura, la madrugada del domingo último, no aparecieron indicios de vínculo alguno con Zambada García.

Esta guerra data del año 2017 y tiende a complicarse debido a que “El Marro” sigue sumando aliados para enfrentar a Nemesio Oseguera, pues ahora a esta lucha se han aliado “Los Viagras”, quienes operan en Michoacán pero se asegura que ya están afincados en Guanajuato.

El viernes 20 de junio pasado, el Cártel Santa Rosa de Lima sufrió un duro golpe. Ese día, la Sedena y la Marina realizaron un operativo, las Fuerzas Armadas acudieron al poblado de San Isidro Elguera, Guanajuato, para cumplimentar una orden de cateo.

Se trata de uno de los refugios que tiene “El Marro” y su familia. Al ingresar a los domicilios, se encontraron con varios operadores del Cártel Sana Rosa de Lima y procedieron a detener a 26 personas. En ese grupo se encontraban María Ortiz –Madre de Yépez Ortiz–, Juana Yépez, hermano del capo, y Rosalba, una de sus primas.

De acuerdo con la Sedena, los detenidos son presuntos operadores financieros del Cártel Santa Rosa de Lima. En las casas cateadas fue decomisado un kilo de metanfetaminas y dos millones de pesos en efectivo.

En respuesta, “El Marro”, todavía como líder del grupo criminal, ordenó el bloqueo de vías de comunicación en Celaya, una de sus reacciones más conocidas, pero las Fuerzas Armadas lograron controlar el desorden.

A través de sendos videos, difundidos a partir de la tarde del sábado 20, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, apareció llorando y quejándose por la captura de su madre, de su hermana y otros familiares.

En el mensaje, el líder del Cártel Santa Rosa de Lima expresa:

“Como quiera, entre cabrones no pasa nada, pero son mamadas esas las de andarse metiendo con mujeres. Los hijos de su puta madre las tienen amenazadas con audios y golpes, pero no hay pedo”.

Aunque López Obrador ha dicho que ya no hay guerra contra los cárteles, la persecución de “El Marro” indica todo lo contrario: le han asegurado cuentas, decomisado propiedades y ahora le detienen a 26 miembros de su organización, entre otros, su madre.

Como en los gobiernos del PRI y del PAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza a la Fiscalía General de la República (FGR) –cuya autonomía pregona– y al testigo “convenido” Emilio Lozoya para montar una estrategia política y mediática de cara a las elecciones del 2021. El escándalo, todos los días atizado desde el púlpito presidencial, también sirve a la 4T para tender una espesa neblina frente a la escandalosa caída del empleo, la imparable pandemia de la COVID-19 y la violencia del crimen organizado, donde el gobierno federal ha fracasado hasta ahora. Más allá de lo que Lozoya declare sobre la corrupción, lo cierto es que el expresidente Enrique Peña Nieto puede estar muy tranquilo: su mejor defensor es López Obrador, quien ha dicho que no enjuiciará a los exmandatarios “si no lo pide la gente mediante una consulta”. En resumen, eso nunca ocurrirá porque las consultas ciudadanas son otro instrumento del mandatario para jugar a la democracia.  

El retorno de Emilio Lozoya encierra una trama, cuyas partes medulares empiezan a conocerse debido a las filtraciones informativas del gobierno: se trata de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) desenrede la madeja de corrupción tejida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en particular, los sobornos entregados por Odebrecht, el financiamiento de la campaña del PRI en 2012, los contratos amañados que se operaron en la paraestatal, el huachicol, el fructífero negocio de los altos mandos de la empresa gubernamental que era operado desde Los Pinos.

Ahora, ¿para qué negoció la Fiscalía General de la República (FGR) con Emilio Lozoya? Todo el mundo supuso que para conocer el intríngulis de este entramado de corrupción y castigar a los responsables. Sin embargo, se trata de utilizar a Lozoya –y todo lo que sabe sobre el saqueo del país– como instrumento de una campaña mediática de la Cuarta Transformación y cuyo objetivo es ondear la bandera del combate a la corrupción, sacarle raja política al tema y, así, construir una inmensa cortina de humo.

Se trata de que haya una espesa neblina frente a los problemas torales: la quiebra financiera del país, la bancarrota de las empresas, el escandaloso desempleo, por todos lados preocupante, y la imparable violencia del narcotráfico, temas en los que el gobierno de López Obrador ha fracasado absolutamente.

El caso Lozoya tiene mucha cuerda. De aquí hasta mediados del año entrante, por lo menos, habrá mucha tela por donde cortar para mantener una campaña política con un asunto legal, en la que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se presta como instrumento del presidente, tal y como ha ocurrido en los gobiernos del PRI y del PAN, tan criticados por López Obrador. Él mismo es una copia de lo que critica.

Los objetivos políticos de la Cuarta Trasformación son muy claros:

–Amortiguar el impacto de la violencia de alto voltaje perpetrada por el crimen organizado, para lo que no existe una política clara. El gobierno está avasallado por la violencia criminal y el Presidente sigue enfrascado en dar abrazos a los delincuentes. Se niega, como un burro rebelde frente a su jinete, a utilizar las facultades que le confiere la ley.

–Los estragos de la COVID-19, en gran medida recrudecidos por el manejo irresponsable del gobierno, cuyas cifras ya superan los 40 mil muertos. Las cifras y decesos aumentan y aquí hay dos responsables: el mal manejo oficial y la irresponsabilidad social: la gente no toma consciencia de que el coronavirus es mortal y hasta los miembros de la clase pudiente exhiben sus carencias educativas, aunque se sienten europeos, al no utilizar las medidas de rigor ante la pandemia. No aprenden estos ignorantes ataviados con trajes Hugo Boss.

–El derrumbe económico del país, lo que ha derivado en una de las crisis económicas más severas desde aquel amargo 1994, cuando Carlos Salinas entregó un país maquillado como de primer mundo y, en realidad, iba en caída libre. Ahora la COVID-19 ha contribuido al derrumbe económico en todo el mundo, más en algunos países que en otros, pero pocos han escapado a la ruina del desempleo. En Europa, la Unión Europea fondeó millones de euros para impedir una crisis mayor con repercusiones sociales. En México, al Presidente no le importa la debacle: le importa el poder, mucho poder, todo el poder, a grado tal que desde Palacio Nacional ya está de nuevo en campaña; rumbo al 2021.

El regreso de Lozoya  cayó como “anillo al dedo”, como dijo el presidente al referirse a la pandemia, pues el exfuncionario federal, convertido en un instrumento, en un ariete gubernamental, confesará lo que sabe sobre la corrupción pero está muy claro que López Obrador no permitirá que la FGR –que no parece autónoma– integre una carpeta en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, pues también es muy evidente que entre el presidente y Peña Nieto existe un pacto de impunidad, regla de oro en el sistema político que el mandatario conoce muy bien porque fue y es un hombre del sistema. La Cuarta Transformación, emprendida por el actual gobierno, es una continuidad maquillada del pasado, plegada a los intereses de Estados Unidos.

Lo que ha desatado muchas críticas es el trato y la deferencia de que goza Lozoya, quien saltó de su condición de prófugo de la justicia para convertirse en el testigo estelar de la FGR. Tan pronto arribó a Ciudad de México, en vuelo especial, el exfuncionario no fue llevado a una prisión, como se esperaba: lo internaron en el Hospital “Ángeles” del Pedregal bajo el argumento de que padece anemia aguda y otros males de salud. Y desde su habitación rindió su primera declaración, el martes 28, en la que se declaró inocente del fraude causado a Petróleos Mexicanos por la compra de la empresa Agro Nitrogenados, por la que la paraestatal pagó casi 700 millones de dólares.

No sólo eso: dijo también que fue presionado y objeto de intimidación, aunque no precisó de quién o quiénes. Se entiende que de sus jefes inmediatos, el entonces Presidente Enrique Peña y Luis Videgaray, quien fungía como Secretario de Hacienda.

Nunca antes el Ministerio Público Federal había dispensado trato tan especial a un testigo colaborador, ni siquiera en los tiempos en que se utilizó la figura del testigo protegido, aquel instrumento que fue operado perversamente por el poder político para denostar y encarcelar a los enemigos.

Y es que muchos testigos del crimen organizado fueron abandonados a su suerte después que declararon lo que sabían. Algunos casos ilustran lo anterior:

–Tomás Colsa McGregor, el joyero del narco, pieza del Cártel de Juárez, fue asesinado al bajar de un autobús del transporte público. Había confesado muchos secretos sobre Amado Carrillo y su red de protección. Dispuso de una escolta cuando fue útil a la extinta Procuraduría General de la República, pero después le retiraron la seguridad y fue abatido por sus enemigos.

–La misma suerte corrió Jaime Olvera Olvera, otro miembro del Cártel de Juárez, quien incluso incriminó a Liébano Sáenz cuando fungía como secretario particular de Ernesto Zedillo, al señalarlo como un hombre clave en las negociaciones entre el Cártel de Juárez y el gobierno para dejar de perseguir a Amado Carrillo. El señalamiento fue descalificado por la PGR al declarar al testigo enfermo de sus facultades mentales y proclive a la mitomanía. La locura, sin embargo, se hizo valer sólo en este caso porque, extrañamente, el resto de sus declaraciones fueron consideradas válidas.

–La muerte más reciente de un testigo protegido ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón: se trató de Edgar Bayardo del Villar, cómplice de Genaro García Luna en la protección al Cártel de Sinaloa. Este personaje fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública. Conocía como nadie a Ismael “El Mayo” Zambada porque era su protector y operador en el tráfico de drogas que se realizaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue detenido por esos nexos y se acogió al programa de testigos protegidos. Cuando decidió confesar lo que sabía sobre Zambada, la PGR le asignó una escolta, luego le fue retirada. Abandonado a su suerte, un día acudió al café Starbucks de la Colonia Del Valle. Cuando degustaba su espresso fue ejecutado por hombres armados.

Otros testigos que tuvieron tratos especiales –que terminó en corrupción– se dieron en tiempos de Ernesto Zedillo, quien encarceló a Raúl Salinas de Gortari por el asesinato del entonces diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha.

En ese tiempo, la PGR encabezada por Antonio Lozano Gracia contrató los servicios de una vidente –Francisca Zedina, “La Paca”– para que colaborara con la PGR en la búsqueda y localización de Muñoz Rocha. El fiscal del caso era Pablo Chapa Bezanilla, quien terminó enredado en esa madeja de corrupción y mentiras a tal grado que tuvo que huir a España, de donde fue extraditado. Luego se descubrió que utilizó los sistemas de inteligencia de la PGR para espiar a personas de su círculo íntimo.

“La Paca” procedió a exhumar unos restos humanos del panteón de Tláhuac y los inhumaron en la finca “El Encanto”, propiedad de Raúl Salinas; luego le dijo a Chapa Bezanilla que, según le habían informado los espíritus, el cuerpo de Muñoz Rocha estaba enterrado en ese rancho. Se realizó la búsqueda del cadáver y, en efecto, fueron sacados unos restos humanos que, en realidad, se trataba de una pedacería humana que nunca arrojó ninguna conclusión: aquello fue todo un montaje que sirvió para que “La Paca” y su cómplice Ramiro Aguilar Lucero cobraran más de un millón de pesos que, supuestamente, terminaron en manos de los funcionarios de la PGR.

En este asunto, el entonces procurador Lozano Gracia y su sucesor Jorge Madrazo Cuéllar fueron criticados duramente porque, a fin de incriminar a Raúl Salinas por el crimen de José Francisco Ruiz Massieu, le pagaron dos millones de pesos a Fernando Rodríguez González, secretario particular de Muñoz Rocha, para que incriminara a Raúl Salinas por el asesinato de su cuñado.

La defensa del hermano del expresidente declaró que la PGR pagó por el testimonio incriminatorio; los fiscales del caso dijeron que al testigo sólo se le estimuló para que dijera la verdad. Toda esta maraña quedó como una historia de corrupción, mentiras y excesos que evidenciaron los perversos alcances de la PGR en el manejo de los llamados testigos protegidos o convenidos.

La situación de Lozoya rememora aquellos casos escandalosos. Al exdirector de PEMEX se le protege porque temen que lo maten por lo que sabe y puede declarar. Es un juego de intereses: la FGR obtendrá los testimonios incriminatorios contra Videgaray, Peña Nieto y otros. A cambio, Lozoya resultará beneficiado al quitarle dos delitos graves –lavado de dinero y delincuencia organizada– dejándole sólo el de cohecho; y así evitará pisar la cárcel. En resumen, Lozoya fue llevado a México para liberarlo.

A todas luces, este caso se trata de una negociación. De ser un tránsfuga, Lozoya le aportará a la Cuarta Transformación la información que requiere, ya sea para enderezar las carpetas contra Peña Nieto y otros cómplices –lo que se duda– o bien para robustecer la campaña mediática que prepara de cara a las elecciones intermedias del 2021.

El combate a la corrupción le importa muy poco a AMLO. Es una bandera política, pues como ningún otro presidente en la historia se ha erigido como principal defensor de Peña Nieto. Antes, al menos, se guardaban las formas. Ahora se impone el descaro sin rubor.

Recientemente, el Presidente López Obrador alzó la voz por la difusión que se le dio, en casi todos los medios, a los videos donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación exhibe su poderío bélico. Dijo que le sorprendía la enorme difusión de esas imágenes –un exceso–, pero no utiliza el mismo criterio si se trata de su testigo convenido, Emilio Lozoya, a quien se refiere como un personaje al que se le debe cuidar porque –asegura– ya está hablando y acusando a políticos corruptos. Eso sí hay que difundirlo y sin medida, porque es lo que conviene a sus intereses; incluso, ha pedido públicamente que la gente siga la audiencia virtual en la que Lozoya comparece ante el juez de la causa. Así de clara es la incongruencia del mandatario: se molesta por lo que no le gusta y él mismo atiza, desde su púlpito, lo que va acorde con sus conveniencias personales y políticas.

Así de claro el doble discurso de AMLO. 

AMLO, sin política criminal, no puede frente al narco

Falto de una estrategia eficaz, el gobierno de la Cuarta Transformación no tiene cómo parar al crimen organizado, el flagelo que más violencia y muertos genera en el país.

El presidente, en un alarde insultante de su irresponsabilidad, sigue diciendo que no utilizará la fuerza del Estado para enfrentar a los cárteles.

Y lo volvió a repetir ahora que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizó un desfile en el que exhibió parte de su poderío: sus armas, sus hombres y su gran nivel de organización; el evento, efectuado a propósito del cumpleaños de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue aprovechado también para lanzar serias amenazas en contra de José Antonio Yépez, “El Marro”, su rival más acérrimo, quien es el líder del Cártel Santa Rosa de Lima, el que opera el tráfico de combustible robado en Guanajuato.

Los dos videos, difundidos el fin de semana pasado a través de las redes sociales, es a todas luces una provocación. El CJNG exhibe armamento de alto poder, fusiles de asalto, lanza-granadas, carros tanques, fusiles Barret, entre otros, y hombres uniformados que la Secretaría de la Defensa Nacional calculó que eran unos ochenta que, ataviados con uniformes militares, mostraban su poder.

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo a la ligera que se trataba de un montaje; sin embargo, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval detalló que no se trataba de un montaje sino de un video auténtico y enseguida dio cuenta del armamento que fue exhibido en el mismo.

No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró asombro por la difusión que han tenido los videos en las redes y en los medios de comunicación; después dijo que seguiría con su política de abrazos y no balazos. Una verdadera vacilada.

La falta de seriedad del presidente frente al problema del crimen organizado ha rebasado todas las consideraciones. Al principio de su gobierno se pensó que se trataba de una postura que resultaría eficaz, sobre todo después de seis años de guerra con Felipe Calderón y el sexenio fallido de Enrique Peña Nieto. En este último periodo gubernamental el crimen gozó de impunidad.

Ante la ineficacia del gobierno de la Cuarta Transformación frente al crimen organizado las críticas dentro y fuera de México han sido muy fuertes, incluso, descalificativas, ante una política errática que no ha dado resultados y, pese a ello, el presidente se empeña en mantenerla.

Se asegura que si una estrategia no arroja resultados, entonces es momento de cambiar la estrategia. Pero en el caso del gobierno mexicano se hace todo lo contrario: entre más falla la estrategia más se empeñan en seguirla utilizando.

Es por ello que el crimen –y en particular el CJNG –sigue generando violencia y muerte en México. La ausencia de una política anticrimen muestra a un gobierno débil, a pesar de que no lo es. El gobierno de México dispone de un Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y un marco legal que le dota del monopolio de la ley y de la fuerza para usarse, pero no lo hace, de tal suerte que frente a la ola de muertes el gobierno de López Obrador se erige como un mero espectador de la desgracia.

La crisis de inseguridad es muy grave. Existen catorce cárteles disputándose el control territorial y el boyante mercado de las drogas. Y lo peor es que ninguna autoridad les impide enfrentarse ni ajustar sus cuentas ni amenazarse a través de las redes.

La amenaza del CJNG en contra de José Antonio Yépez, “El Marro”, es clara: Irán por sus hombres para asesinarlos y seguramente por él, ya que el cártel de “El Mencho” está afincado en el estado de Guanajuato desde el año 2014. Desde entonces opera en robo de combustibles, el tráfico de drogas, las extorsiones, secuestros, control de giros negros, piratería, entre otros delitos que les reditúan cuantiosas ganancias.

Ante las amenazas difundidas, todo indica que la violencia tanto en El Bajío como en el Occidente continuará. Y mientras el crimen organizado puede ajustar sus cuentas pendientes con sus rivales, el gobierno sigue sumido en su política fallida.

La frase de abrazos y no balazos es tan ridícula que al presidente no se le puede tomar en serio, pues es claro que esa postura no es la que debe asumir un gobierno que se ve avasallado por el crimen organizado y ni siquiera las manos mete.