Este miércoles 7 se celebra en Nueva York la primera audiencia para determinar si el exfuncionario mexicano es culpable o inocente de los cargos que se le imputan: haber brindado protección al Cártel de Sinaloa.

 

Este miércoles, por fin, se realizará la primera audiencia en Estados Unidos para enjuiciar a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, quien está acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Cabe recordar que García Luna cumplirá un año de prisión el próximo mes de noviembre, cuando fue detenido en Texas bajo cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y de haber creado una amplia red de protección al cártel que entonces encabezaba Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, amo y señor del tráfico de drogas durante los gobiernos que encabezaron Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa entre el año 2000 y 2012.

Después de su captura en Texas, García Luna fue llevado a Nueva York, al mismo sitio donde fue enjuiciado Guzmán Loera. Hoy el exjefe de Sinaloa purga una cadena perpetua. García Luna parece seguir el mismo camino, según lo que aseguran las autoridades estadounidenses, disponen de suficientes pruebas para encarcelar de por vida al exfuncionario mexicano, el cómplice de Felipe Calderón.

Durante los primeros meses de su encarcelamiento, García Luna ha tenido variantes en su comportamiento frente al juicio que enfrenta: primero se declaró inocente, luego se dijo que intentó negociar con las autoridades a cambio de aportar información sobre lo que sabe sobre el crimen organizado; posteriormente ofreció pagar una fianza de un millón de dólares a cambio de una libertad condicionada –la que le fue negada– e hizo una segunda propuesta, ésta vez de dos millones de dólares para salir de prisión bajo fianza; pero de igual forma rechazaron su propuesta.

El argumento: que García Luna tenía amplias y suficientes relaciones políticas y criminales en México con poder y recursos económicos disponibles para poder facilitar su huida y así escapar de la justicia. El exfuncionario argumentó, además, que su vida corría peligro dentro de la prisión debido a la pandemia causada por el Coronavirus. Pero ninguno de sus argumentos fue aceptado. García Luna se quedó en prisión y a casi un año de su captura, este miércoles 7 se celebra la primera audiencia sobre su caso.

Las autoridades estadounidenses aseguran que cuentan con grabaciones, documentos y amplios y detallados testimonios que incriminan al exsecretario de Seguridad Pública, pues lo relacionan directamente con la protección del narcotráfico, en particular, se refieren al Cártel de Sinaloa que durante el gobierno de Felipe Calderón –quien lo sabía todo y guardó silencio– tuvo a su alcance su etapa de mayor esplendor.

Los sinaloenses controlaban varios estados del país. Y lo grave de todo es que durante la guerra que emprendió Calderón contra el crimen, este cártel en particular no fue tocado. Por el contrario, sus miembros fueron protegidos y de eso se encargó García Luna y sus más cercanos colaboradores, entre otros, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y Ramón Pequeño. Todos ellos tan poderosos como prepotentes, cuando se desempeñaban como flamantes hombres del poder policíaco. Eran unos pillos metidos en el narco.

En el sexenio de Calderón surgieron datos y evidencias de cómo el Cártel de Sinaloa, a través de Rey Zambada, hermano de Ismael Zambada García, “El Mayo”, controlaba el aeropuerto de la Ciudad de México. Operaban con los funcionarios responsables de las aduanas y en la terminal aérea disponían de protección oficial.

En el aeropuerto Benito Juárez –considerado desde hace varios años como un centro de operaciones mafiosas– el responsable de las operaciones del narcotráfico, según el expediente de García Luna, era Luis Cárdenas Palomino, quien actualmente es coacusado en el juicio que enfrenta su exjefe en Estados Unidos. Además, Cárdenas tiene una orden de aprehensión por tortura que recientemente libró un juez federal.

Según Javier Herrera Valle, exfuncionario de la Policía Federal encarcelado por denunciar la corrupción y la protección al narco en tiempos de Felipe Calderón, durante la guerra contra la delincuencia organizada hubo vacíos, omisiones, órdenes, contraórdenes, despidos injustificados de agentes con experiencia, entre otras anomalías que ahora se explican –dice– por la protección que desde entonces estos funcionarios le otorgaban al Cártel de Sinaloa.

El caso de Genaro García Luna puede convertirse en una bomba política. Sólo basta que él quiera hablar y acusar a su entonces jefe, el expresidente Felipe Calderón, de haberle ordenado brindar la protección al Cártel de Sinaloa; o de al menos haber sido cómplice suyo en los negocios con las operaciones de narcotráfico.

Existen dudas de que García Luna guarde silencio si es declarado culpable. El personaje cuenta con mucha información. No es nada menos que haya sido el policía durante dos sexenios panistas –Fox y Calderón–: en el primer caso fue testigo directo, cuando no partícipe clave, de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, del penal de Puente Grande en Jalisco, apenas veinte días después de la toma de posesión de Vicente Fox como presidente de la República. En el segundo, operó como el responsable de brindar la protección al Cártel de Sinaloa. ¿Con la complacencia de Calderón? Sin duda.

También se espera que, al verse hundido por las evidencias, García  Luna arrastre a otros exfuncionarios y excolaboradores suyos. No se descarta, además, que pueda acogerse al programa de testigos protegidos y no se vuelva a saber de él, pues como se sabe, en Estados Unidos dicho programa incluye hasta el cambio de identidad para quienes cooperan con la justicia aportando información sobre las operaciones de la mafia.

Como se sabe, existen varias rutas legales que podría seguir García Luna. La parte acusatoria sostiene que tiene las suficientes pruebas para condenarlo, incluso, a una cadena perpetua; aunque el exfuncionario se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan.

En su  mayoría, los testigos que lo incriminan formaron parte del Cártel de Sinaloa y fueron testigos de cargo en el juicio que enfrentó “El Chapo” y que lo llevó a una prisión de alta seguridad para compurgar una cadena perpetua por narcotráfico.

En resumen, si García Luna es culpable, que pague con una condena ejemplar.

 

Cancún, Quintana Roo. Por más de diez años, el grupo de abogados encabezados por Sidharta "B", sucesor de Gabino "A" en el puesto, ha enseñado muy bien a sus hijos a hacerse de propiedades por medio de trampas legales; en contubernio con los presidentes de las Juntas de conciliación y arbitraje.

Una vez más aplican el “laboralazo”, al financiar el procedimiento legal en el que dos empleados, que nunca trabajaron para “la víctima en turno”, inventaron puestos y salarios de burla con el afán de ganar un juicio para apropiarse de una casa en uno de los residenciales más importantes de la zona hotelera de este destino turístico.

Todo en complicidad con el Presidente de la Junta de Conciliación número 1 de esta ciudad de Cancún: el licenciado Gabriel Alejandro Tadeo Ake Castillo. Este ordenó a su actuario adscrito, Eduardo Jonathan Hernández Rosas, que ejecutara una orden de desalojo excusándose en un procedimiento, a pesar de contar con pago del laudo en cheques, con el objetivo de apropiarse de un inmueble que supera por mucho el valor del laudo.

Con esta violación de la ley, al quebrantar los sellos que de forma autorizada aseguraban la casa, fueron detenidos por elementos de la seguridad pública y de la policía de investigación, quienes reaccionaron contra los delitos cometidos por los representantes de una autoridad fraudulenta y en contubernio con los abogados amos del despojo.

Vuelve a saberse de Sidartha "B", quien se hace llamar “el abogado del diablo” por sus temas relevantes; entre los que se incluyen apropiarse de la famosa discoteca “Basic”, así como de villas en “Solymar”, estar implicado en una balacera y, al poco tiempo, descubrírsele con el expediente original perteneciente a la fiscalía. Con ese expediente, pretendía defenderse mostrándolo ante cualquier autoridad. Por tal motivo, fue puesto a disposición de la ley, al tener en su poder documentos oficiales extraídos de la propia fiscalía.

Además de haber sido protegido por el manto del ex gobernador Roberto Borge, actualmente preso, implicado en famosos despojos en el destino turístico de Tulum; donde sus argucias legales destacan por el tráfico de influencias y corrupción.

 

 

Fue brazo derecho de Genaro García Luna en las operaciones de narcotráfico y protección al Cártel de Sinaloa durante el gobierno de Felipe Calderón. Actualmente su calidad es la de prófugo de la justicia estadounidense. De acuerdo con su historial, basado en señalamientos de policías, él era el responsable de controlar el trasiego de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El círculo cercano con el que operó Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón se va cerrando poco a poco; y la justicia alcanza a quienes desde sus puestos principales incurrieron en tortura, abuso de autoridad y protección al narcotráfico, en particular, al Cártel de Sinaloa.

Es el caso de Luis Cárdenas Palomino, quien en el gobierno de Calderón se desempeñó como Jefe de División de la Policía Federal, sobre quien ya pesa una orden de aprehensión –junto con 12 excolaboradores suyos– quienes incurrieron en un caso de tortura.

Según el expediente, radicado en la Causa penal 10/2020 –derivado de la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/126/2012–, Cárdenas Palomino y los imputados habrían cometido violaciones a los derechos humanos en contra de Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortea Vallarta, Ricardo y Eduardo Estrada Granados. Todos ellos están implicados en el caso Florance Cassez.

Estas personas fueron detenidas el 27 de abril de 2012 en la colonia Hank González, alcaldía de Iztapalapa; y actualmente están presos en diversas prisiones del país. Se trata de una banda de secuestradores conocida como “Los Zodiacos”.

El caso tiene historia: Tras la captura de estos presuntos secuestradores, los mismos presentaron una denuncia ante las autoridades en la que acusaron a Luis Cárdenas Palomino y a sus colaboradores de haberles propinado golpes con sus armas. La denuncia asegura que también les golpearon con las manos y les colocaron bolsas de plástico en la cabeza. Todos estos golpes y vejaciones tenían como objeto –según dijeron los detenidos– que ellos mismos se autoincriminaran.

La Resolución judicial es clara: “Está demostrado que Luis Cárdenas Palomino, en su carácter superior jerárquico, de los elementos de la Policía Federal antes señalados, les autorizó para inflingir sufrimientos graves físicos, con el fin de obtener de la torturada una confesión”.

Cárdenas Palomino es investigado por la Fiscalía General de la República por diversos delitos. Entre otros: protección al crimen organizado durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón.

Fue brazo derecho de Genaro García Luna junto con Ramón Pequeño. Ambos son acusados en Estados Unidos dentro del juicio que enfrenta García Luna por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, García Luna y sus presuntos cómplices cooperaron con protección para que el Cártel que entonces encabezaba Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, introdujera varias toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Hasta principios de este año, Ramón Pequeño se desempeñaba como asesor de Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad Pública Ciudadana. Después de la captura de García Luna, en Texas, en diciembre de 2019, varios funcionarios ligados a este grupo fueron destituidos; sin embargo, un gran número de policías relacionados con García Luna siguen operando en diversos estados.

Cabe recordar que Luis Cárdenas Palomino fue acusado en 2012 de estar detrás de las operaciones de narcotráfico que se realizaban en el aeropuerto de la Ciudad de México.

En marzo de 2012, mientras se pelaban un botín, se desató una balacera en la Terminal ll del aeropuerto capitalino debido a las diferencias que surgieron entre agentes federales tras el arribo de un avión comercial de Aeroméxico, que aterrizó con una tonelada de cocaína procedente de Lima, Perú.

La balacera dejó varios muertos y heridos. Una parte de los agentes federales aseguraron que la gente de Cárdenas Palomino los presionaron para ligarse al narcotráfico y, por ello, aseguraron que el funcionario federal era el responsable de las operaciones de tráfico de drogas a través de la terminal aérea. En ese tiempo, el Cártel de Sinaloa tenía el control del aeropuerto. Rey Zambada, hermano de “El Mayo” Zambada, era el capo que mandaba al interior de la terminal.

Ahora estos vínculos salieron a flote en el juicio que García Luna enfrenta en Nueva York, donde enfrentará a la justicia estadounidense para demostrar su inocencia ante la acusación que le hicieron agentes de la DEA y del Departamento de Justicia por brindar protección y facilidades para que el Cártel de Sinaloa introdujera drogas a territorio estadounidense durante el gobierno de Felipe Calderón. Periodo en el cual se desató una guerra contra el crimen que, al parecer, fue una simulación porque, en el fondo, protegieron al narcotráfico.

 

Se le acusa de la desaparición, en 2012, del policía de la SSP David Lara Cruz

 

Un juez de distrito en materia federal giró una nueva orden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el delito de desaparición forzada en agravio del expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública David Lara Cruz.

Preso desde 2016 luego de huir del país para refugiarse en un hotel en Guatemala, Duarte de Ochoa fue repatriado a México para enfrentar a la justicia por varios cargos, entre otros, lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude.

El entonces gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, exigió a partir de 2016 que las propiedades de Duarte de Ochoa fueran incautadas, lo mismo que sus cuentas bancarias, para que fueran devueltas al gobierno de Veracruz a fin de devolverle al pueblo lo robado, lo que en estricto sentido no ocurrió.

Varias propiedades fueron aseguradas, localizadas tanto en Veracruz, Ciudad de México y Texas. Sin embargo, éstas no fueron incorporadas como propiedad del gobierno de Veracruz para ser vendidas y así recuperar el dinero desviado en la adquisición de estos bienes. Por el contrario, existen evidencias de que tanto el exmandatario panista como algunos de sus colaboradores se habrían quedado con dichos bienes.

Después de aceptar ser repatriado a México tras una negociación con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Duarte de Ochoa enfrentó a la justicia y fue sentenciado a nueve años de cárcel, los cuales está compurgando en el reclusorio Norte.

Su esposa, Karime Macías, refugiada en Londres, Inglaterra, enfrenta un juicio de extradición para responder ante la justicia mexicana –y en particular a la de Veracruz– por el desvío de poco más de 100 millones de pesos del DIF que ella presidió cuando su esposo fungió como gobernador de aquella entidad entre los años 2011 y 2016.

Javier Duarte se fugó de la justicia faltando tres meses para que concluyera su mandato. Lo hizo a través de un helicóptero propiedad del gobierno del estado que el entonces secretario general de gobierno, Flavino Ríos Alvarado, le envió. Con ello, quien posteriormente fue el gobernador suplente, incurrió en el delito de facilitar la fuga de Duarte, quien entonces ya era perseguido por la justicia. Por esa razón, Flavino Ríos terminó encarcelado tras terminar su periodo de tres meses como mandatario.

Ahora el exgobernador de Veracruz –la herencia de Fidel Herrera a los veracruzanos, quien le cubrió las espaldas– enfrenta un nuevo proceso. Se trata de una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. El exmandatario veracruzano se enteró de la nueva orden de captura en su contra porque interpuso, a través de sus abogados, un recurso o juicio de garantías con el que buscó confirmar si había nuevas órdenes de aprehensión en su contra, lo que finalmente pudo confirmar.

El amparo lo interpuso en julio de este año. De acuerdo con la nueva acusación, el policía David Lara Cruz desapareció el 12 de enero de 2016. Según el resultado del amparo interpuesto, “en el expediente de amparo 212/2020 el juzgado de Veracruz confirmó la existencia de la causa penal 103/2018 por la que Javier Duarte está señalado del delito de desaparición forzada”, por la que existe una orden de aprehensión.

El gobernador de Veracruz fue secretario de finanzas de Fidel Herrera Beltrán, su padrino e impulsor político. En 2010 lo impulsó como candidato del PRI al gobierno veracruzano. A lo largo de seis años, Duarte fue objeto de serios cuestionamientos por el atroz desvío de recursos públicos que, de acuerdo con las acusaciones que pesan en su contra, terminaron invertidos en propiedades dentro y fuera de México, en negocios y en empresas que fueron declaradas como fantasmas; pues sólo existieron para cobrar jugosos contratos y luego fueron desaparecidas. Dichas empresas tenían registradas sus direcciones fiscales en colonias populares y en muchos casos ni oficinas tenían.

El caso de Javier Duarte fue relacionado con un posible delito electoral, pues Veracruz habría sido uno de los estados escogidos para fondear dinero público a fin de que se financiaran las campañas políticas del PRI en 2016, un proyecto que, según las investigaciones, fue diseñado por Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda; el presidente Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, quien en ese año era el presidente nacional del PRI.

Buena parte de los fondos públicos que fueron a parar al PRI salieron del Estado de Chihuahua cuando el gobernador era César Duarte, actualmente preso en Miami, Florida.

El receptor de los fondos del gobierno de Chihuahua fue Alejandro Gutiérrez, secretario general del PRI con Beltrones. Este caso es el único delito electoral –que se sigue a nivel federal– en contra de César Duarte y del que, hasta ahora, no ha sido acusado Javier Duarte. Este último también fue señalado en su momento de entregarle dinero al candidato de MORENA al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac  García Jiménez –el actual gobernador–; quien habría llegado al poder con recursos públicos.

En el caso de Veracruz, el esquema de las empresas fantasmas habría sido diseñado para desviar los fondos públicos. Ese mismo esquema fue utilizado por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Roberto Sandoval, exmandatario de Nayarit; César Duarte de Chihuahua y los hermanos Moreira, exmandatarios de Coahuila, quienes enfrentaron fraudes y acusaciones por desvío de fondos públicos. En el caso de Humberto Moreira, fue acusado de lavado de dinero y detenido por ello en España. El expediente sobre el mismo delito también se integró en Estados Unidos.

Humberto Moreira, como se sabe, renunció a la dirigencia del PRI en 2012, precisamente por la acusación de desvío de dinero público durante su gestión como gobernador.

Su lugar lo ocupó Pedro Joaquín Coldwell, exgobernador de Quintana Roo, quien ahora enfrenta una investigación en la Fiscalía General de la República por la compra, presuntamente fraudulenta, de la planta Agronitrogenados, por cuyo caso está siendo procesado Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien además recibió más de 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña de Peña Nieto en 2012 y también para obtener contratos millonarios de PEMEX.

Para enderezar un posible delito electoral en todos estos casos sólo falta un declarante. Por ahora el único exgobernador vinculado al desvío de dinero público para favorecer a candidatos del PRI es César Duarte, quien es dueño de más de veinte residencias y, hasta antes de su captura, había acumulado más de una veintena de órdenes de aprehensión. Ahora en los casos de fraude y desvío de dinero también se sumó su esposa, Bertha Olga Gómez Fong: en Chihuahua se le acusa de peculado y asociación delictuosa.

 

 

Domina desde Tabasco hasta Baja California, el más amplio corredor de la droga y del robo de combustibles, y se coloca como la segunda organización criminal de América Latina, después del Cártel de Sinaloa.

 

A base de violencia y corrupción, amenazas vía redes sociales, uno de sus nuevos instrumentos de guerra, el Cártel de Jalisco Nueva Generación se posiciona como el segundo grupo criminal a un año y ocho meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el poder. Si su ascenso era fulgurante, el Cártel que dirige Nemesio Oseguera se ha convertido en amo y señor de las rutas de “El Huachicol”, pues ya domina desde el sureste hasta el norte del país. Sus tentáculos atenazan estados como Tabasco, Campeche y Quintana Roo, pero también alcanzan a Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato –ya son los amos tras la captura de “El Marro"–, Jalisco, Sonora y Baja California. En esta última entidad sellaron una alianza con el Cártel de Tijuana Nueva Generación. Por si fuera poco, están presentes en la Ciudad de México, pues se asociaron con el Cártel Unión Tepito. No le ha ido mal a Nemesio Oseguera en el gobierno de la Cuarta Transformación. La política de “abrazos y no balazos” le ha permitido consolidarse como el segundo cártel más poderoso de la República mexicana.

 

Tras la caída de José Antonio Yépez, “El Marro” –jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima– el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se colocó como la segunda fuerza criminal del país, abajo del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la organización que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, sigue conquistando territorios y actualmente ya domina un amplio corredor que abarca desde el sureste hasta el norte de la República.

Con apenas quince años de existencia, el Cártel de Jalisco irrumpió como un grupo ligado al Cártel de Sinaloa y a “Los Cuinis”, éste fue encabezado por Gerardo González Valencia, cuñado de “El Mencho”, quien purga una larga condena en el penal de Puente Grande, Jalisco, y se caracterizó por operar el narcotráfico a través de buques de carga procedentes de Europa, Asia y algunos países de América Latina como Colombia y Venezuela.

Luego de romper con Sinaloa, comenzó el ascenso de Oseguera Cervantes y su grupo criminal. Al igual que lo hicieron Los Zetas en su época, el CJNG diversificó sus actividades: puso en marcha los secuestros y a la par las extorsiones, venta de drogas químicas, robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, entre otras, que lo comenzaron a posicionar en todo el país.

El Cártel de Jalisco, además, es el segundo más poderoso en la exportación de cocaína y mariguana a Estados Unidos. Cálculos de la DEA estiman que esa organización criminal introduce unas quince toneladas de droga trimestrales a la Unión Americana, pero el trasiego más fuerte lo realizan con las drogas sintéticas, las cuales tienen amplia demanda en Estados Unidos.

En el territorio nacional, el CJNG controla veinte entidades federativas. Antes de la captura de “El Marro”, Guanajuato fue epicentro de una lucha armada entre los cárteles de Santa Rosa y el CJNG. Además del control del mercado de las drogas, la plaza interesaba a “El Mencho” porque esa entidad está entre las más boyantes del país; es una zona comercial e industrial donde se mueve mucho dinero, nada más preciado para desarrollar una industria criminal basada en el secuestro y las extorsiones.

Pero “El Marro” no estaba dispuesto a negociar ni a dejar la plaza y decidió pelear: esto derivó en que la región de “El Bajío” se convirtiera en la más violenta del país.

Luego de la caída de “El Marro” –fue detenido en flagrancia tras el secuestro de una empresaria de Apaseo El Alto, Guanajuato, junto con cinco secuaces–, el CJNG se apoderó de esa entidad y, con ello, amplió el boyante corredor que ahora explota.

Y es que ahora el CJNG domina la ruta de trasiego de drogas y de “huachicol” más amplia de todo el territorio nacional. El grupo criminal que dirige “El Mencho” controla los estados de Tabasco y Campeche; de aquí se conecta con Quintana Roo, otro de sus feudos claves. También está posicionado en Veracruz y Puebla, zonas huachicoleras, y sus tentáculos alcanzan a Hidalgo, otro estado estratégico para el robo de combustibles, y enseguida salta a Querétaro y Guanajuato. Esta segunda entidad les interesaba porque pueden operar con todas sus actividades criminales. Sigue Jalisco, su territorio base, y continúa su red hasta los límites con Sinaloa, entidad donde no han podido penetrar por la guerra que enfrenta con Iván Archivaldo, José Alfredo y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo, y con “El Mayo” Zambada, quien, según la DEA, es el verdadero líder de ese Cártel. El control territorial del CJNG sigue avanzando por todo el norte de la República y llega a Sonora y Baja California. En este segundo estado selló una alianza con el Cártel de Tijuana Nueva Generación, renovado con sangre joven, aunque sigue manteniendo ligas con la familia Arellano Félix, fundadores en la década de los ochenta de esa organización criminal.

De acuerdo con informes oficiales –incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador pregonó en su conferencia mañanera del viernes 14 de agosto que, con la captura de “El Marro”, Guanajuato ya no ocupa el primer lugar en violencia– la estructura criminal de José Antonio Yépez Ortiz está intocada; lo mismo que su base financiera y la amplia red de clientes, principalmente gasolineros, que compraban combustible robado.

No es todo: también está intacta la base de protección política y policíaca que disponía “El Marro” para mantenerse impune en sus actividades criminales. Y, hasta donde se sabe, no existen investigaciones que apunten al desmantelamiento de este andamiaje político y criminal.

Con este crecimiento exponencial, el CJNG se colocó en la segunda organización más poderosa del país y disputa con el Cártel de Sinaloa el control de otros territorios.

Entre ambos cárteles hay marcadas diferencias. No se compara el Cártel de Jalisco con el de Sinaloa. Éste último está considerado por el gobierno de Estados Unidos como el más poderoso del planeta. El que dirige “El Mencho” tiene controles en América Latina solamente, pero continúa en ascenso.

           

El poder de “El Mencho”           

Bajo el mando de Nemesio Oseguera, el CJNG estructuró una base de operaciones en todo el Estado de Jalisco –su principal feudo–; pero su principal fuerza y poder radica en la protección oficial de que dispone. Con base en ello, se extendió a lo largo y ancho de la República, como lo demuestran los informes de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.

A lo largo y ancho del Estado de Jalisco, por ejemplo, crearon redes para la distribución de drogas, al tiempo que la estructura fue creciendo conforme las necesidades se fueron presentando. Así, el Cártel logró llevar a cabo una división muy buena de sus actividades: distribución, operaciones financieras, estructura de sicariato, relaciones públicas, alianzas con autoridades municipales y protección policíaca permanente; a fín de que el negocio no sufriera ninguna perturbación. Para todas las necesidades que surgieran tenían soluciones y hombres dispuestos para efectuar la tarea. Este modelo de operación y de negocio lo repitieron en cada entidad que fueron conquistando. Y les ha dado resultados.

Los crímenes perpetrados en Jalisco, Guanajuato y otros estados, pusieron en evidencia no sólo el poder del Cártel de Jalisco, sino la red de vínculos entre sus integrantes con altos funcionarios del gobierno y el nivel de protección que disponía el Cártel encabezado por Oseguera Cervantes.

En varias investigaciones criminales salieron a flote evidencias sobre la estructura criminal con la que cuenta el CJNG en Jalisco, donde radica su base de operaciones. Entre ellas, la que se integró en Jalisco tras el crimen del secretario de Educación Pública durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, Jesús Gallegos Álvarez, señalado de lavar dinero para el Cártel de Los Caballeros Templarios. Junto a esto, los apoyos policíacos, el modelo de negocios y el alto nivel de infiltración que lograron durante el gobierno del priista Sandoval.

Algunos testigos que formaron parte de la organización que encabeza “El Mencho”, hablaron sobre cómo es por dentro el CJNG, cómo opera, cómo está estructurado y qué funcionarios están ligados al tráfico de drogas.

Jonathan García García, conocido como John Perro, uno de los más temibles, fue presentado ante las autoridades el 5 de mayo de 2013. En su declaración, este sujeto se autodescribió como una persona que no le gusta trabajar y da cuenta de un entorno familiar hostil; por lo que decidió involucrarse con bandas criminales.

Dijo: –“Yo viví en la colonia El Retiro de esta ciudad de Guadalajara hasta los 11 años de edad porque después me fui de la casa por problemas con mi papá, él me golpeaba mucho, decía que yo era muy desordenado y pleitista y mi madre siempre me mandaba a trabajar y ella me exigía que le entregara dinero. Los trabajos que yo tuve de niño mi madre me los conseguía en talleres mecánicos, pero mi carácter pleitista no me dejaba ser una buena persona”.

Añadió: –“Luego me recomendaron con la empresa Cártel de Jalisco, donde estuve a prueba, pero como yo siempre he tenido un intelecto muy alto comencé a encargarme de la venta de droga en los bares de la zona centro de Guadalajara y gracias a esto yo empecé a subir en la organización y me hice buen amigo de los dueños de antros y bares ya que cuando tenían broncas con el gobierno yo les apoyaba, lo cual hizo que las ventas de drogas en la zona centro de Guadalajara subieran muchísimo, ya que generaban entre 80 mil y 120 mil pesos diarios y todo eso se lo entregaba al patrón, a quien conocíamos con el nombre de Spanky, él me hacía participar en ejecuciones en Jalisco y además participaba en levantones para alinear a vendedores de droga que andaban chapulineando (brincando de un grupo a otro) , es decir, que querían brincar de cártel”.

Después de hablar respecto a los movimientos que se dieron en distintos momentos en el Cártel de Jalisco, explica en su declaración cómo está conformada la estructura del mismo. Explicó, por ejemplo, que el jefe es Nemesio Oseguera Cervantes, quien responde al apodo de “El Mencho”. Que él se encarga de controlar todo el sistema financiero de la organización en Jalisco y en los estados donde opera este cártel.

Expuso que Oseguera también controla a los grupos de choque, matones y sicarios en general, que son los que él utiliza para asesinar a rivales o a miembros del cártel que incurran en traiciones o fallas que ponen en riesgo a la empresa criminal.

En su testimonio reveló, por ejemplo, que el jefe de la plaza de Guadalajara se llama Daniel Quintero Riestra, quien, según afirma, también utiliza varios nombres falsos: Oswaldo Quintero Juárez, Erick Santiago Gómez, Heriberto González Gómez, Fernando Hernández Guzmán. Daniel, dice, también es ampliamente conocido como “El Dandy Quintero”, quien también controla la parte administrativa de la organización y tiene a su cargo el reclutamiento de personal para el Cártel de Jalisco, para la distribución de drogas, y funge como receptor de las indicaciones respecto de cuándo se debe ejecutar a un rival o a un traidor.

En su testimonio dijo, además, que debajo de “El Dandy Quintero” está su mano derecha que responde al nombre de Gregorio Pelayo Chávez, a quien en la organización se le conoce como “El Camarón”, quien fue Policía Judicial y se encarga de girar las órdenes de “El Dany” sobre las personas que ya están en lista para ser ejecutadas por los sicarios del cártel.

“El Camarón”, dice el testigo a su vez, tiene el apoyo de otro elemento que fue Policía Judicial y al que se le conoce como “El Padilla”. Este se encarga de arreglar “las brincas” del personal del Cártel de Jalisco cuando los detienen. Él es quien pasa información sobre los operativos que va a realizar la Policía en alguna de las colonias y de esa forma “El Dany Quintero” desplaza a su gente para que no los detengan.

“El Padilla” también se encarga de frenar los operativos cuando estos van a afectar a la organización. A cambio de un saludo, dice, se le entrega una suma de dinero, él detiene los operativos y los desvía para que no afecten al Cártel de Jalisco.

El otro día –refiere García García en el expediente– un miembro del cártel al que le decíamos “El Tripa” balaceó con una R-15 a uno de sus vecinos nada más porque lo volteó a ver feo. Le lesionó las piernas a balazos y al poco rato llegó gente de la policía y se los llevaron a todos detenidos, pero “El Padilla” se arregló con el Agente del Ministerio Público y así fue como dejaron libre al “Tripa”, al “Chato” y al “Paco”.

De acuerdo con el testigo, Gregorio Pelayo Chávez, “El Camarón”, tiene su grupo de choque, como se le da en llamar. Es decir: sus sicarios y de los cuales recuerda a uno que le dicen “El Cuatro”, a otros les apodan “El Gafe” y “El Nieve”, personas que, según él, son exmilitares; pero de los que desconoce sus nombres.

Refiere, además, que “El Cuatro” es quien se encarga de comprar las armas que se utilizan por parte del personal del Cártel de Jalisco en esta ciudad (Guadalajara), las cuales, según tiene conocimiento, se compran en la ciudad de México y en Toluca. Pero desconoce a quien se las compren. Y es que este grupo compra sus armas nuevas para evitar que ya traigan broncas anteriores.

 

La expansión nacional

A sangre y fuego, el CJNG se entronizó como el segundo grupo criminal más poderoso de México. Es el que mejor maneja sus estrategias de guerra y amenazas a través de las redes sociales y ya ha dado muestras de su poderío bélico, lo que quedó fuera de duda con el ataque –aunque fallido– en contra de Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, el pasado 26 de junio. Un grupo armado, contratado exprofeso para tal fin, cerró el paso al funcionario cuando se dirigía a una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Aquel grupo conformado por unos treinta hombres portaban armas largas, Barrets, rifles de asalto y cuernos de chivo, AK-47, además de granadas de fragmentación.

Actualmente, el CJNG ha sentado sus reales en la Ciudad de México, uno de sus nuevos territorios conquistados gracias a la alianza que selló con el Cártel Unión Tepito, el mejor organizado de la capital del país.

A lo largo de un año y ocho meses de gestión gubernamental, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha descabezado a dos cárteles: A “Los Rojos” con la aprehensión de Nazario Mazari, “El Carrete”, y al Cártel Santa Rosa de Lima con la captura de su líder, José Antonio Yépez Ortíz, “El Marro”.

El resto de los grupos criminales siguen intocados y en expansión, como es el caso del CJNG.

           

 

 

Ha comenzado en las redes sociales y en los medios de comunicación la guerra política entre el Gobierno de la Cuarta Transformación y la derecha. Desde la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador afinó la estrategia de lanzar los primeros misiles a través del testigo convenido Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para destapar los drenajes de la corrupción que se orquestó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El propósito fue entregar los recursos naturales a los intereses extranjeros a través de la Reforma Energética; la cual se aprobó mediante sobornos a diversos legisladores.

Para eso trajeron a México a Emilio Lozoya, con quien la Fiscalía General de la República (FGR) negoció su allanamiento para que renunciara a la batalla legal que libraba en España; y así poder integrar un expediente que permitiera sacar a la luz pública buena parte del entramado de corrupción tejido durante el sexenio anterior.

Para lograr sus objetivos mediáticos y políticos, López Obrador ha puesto en evidencia que la FGR no es autónoma sino una aliada de su proyecto, pues sin recato alguno –sin considerar las violaciones al debido proceso ni a la secrecía de la investigación– se han filtrado las piezas medulares de la carpeta que se integró tras las primeras declaraciones de Lozoya. En las mismas acusa al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de la planeación estratégica para concretar el saqueo a PEMEX con la compra de la planta Agronitrogenados. Los incrimina en la recepción de los sobornos de Odebrecht y la compra de votos en el Congreso a través de pagos millonarios a los legisladores. Así se logró la aprobación de la Reforma Energética, el instrumento del entreguismo.

Videgaray, además, formaría parte de otra investigación federal: la que implica por delito electoral al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de entregar dinero público para apoyar las campañas de varios candidatos del PRI en 2016.

Según la investigación a cargo de la FGR, el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones, entonces dirigente del PRI, tramaron el plan. El entonces Secretario de Hacienda fondeó dinero en varios estados –Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, por citar sólo tres– y desde esas administraciones estatales se hizo el despliegue de recursos que, supuestamente, se entregaron al PRI para el financiamiento de las campañas de sus candidatos; donde fueron habilitados hasta personajes del crimen organizado como abanderados de ese instituto político.

Sigamos con Lozoya. Al analizar el video con los paquetes de dinero, los cuales se cuentan en una oficina del Senado de la República, se observan bolsas con billetes de 500 y de 200 pesos. Aquí se infiere que esa suma millonaria se entregó a varios legisladores a cambio de su voto, pero lo cierto es que esos legisladores beneficiados nunca aparecen en la videograbación. Aunque Lozoya asegure en su declaración que el dinero fue precisamente para comprar el voto de los senadores, pues en todo caso tendrá que probar su dicho, con otro video, con documentos firmados u otras evidencias que acrediten que los recursos se entregaron directamente a los interesados. Esto será difícil de probar.

Por ello, cobra sentido que un elemento –el video–, que no es contundente para probar un delito, se filtre con tanta facilidad a los medios de comunicación; pues cumple un cometido mediático y político. Dicha filtración se atribuye al hermano de Lozoya. La FGR, por su parte, se deslindó de la filtración e informó que inició investigaciones por ello. Sin embargo, la FGR y Lozoya eran los que contaban con dicha evidencia, a menos que desde Palacio Nacional el Presidente haya solicitado la difusión del video, como lo sugirió al decir que todo México debía ver y escuchar las declaraciones de Lozoya. A López Obrador se le quemaban las habas para que el video acusador fuera difundido y se exhibiera cómo se entregan las bolsas de dinero en el Senado de la República. El video perturba, en efecto. No acredita que se entregó a senadores, pero cualquiera puede imaginar lo que vino después.

Es decir, el Presidente López Obrador –amante del escándalo mediático– era el principal interesado en que se generara este incendio político y exhibir a senadores panitas –hoy flamantes gobernadores– como parte de la corrupción sistémica del poder político. Es el caso del panista Francisco “Pancho” Domínguez, mandatario de Querétaro, quien además arrastra señalamientos, desde meses atrás, por el escándalo de la caja popular La Libertad. En esta,  presuntamente se lavaba dinero del narcotráfico, de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas. El defensor de esa empresa actualmente intervenida por la FGR era Juan Collado –el abogado de la mafia– actualmente preso por ese caso.

Se trataba de exhibirlos con el video, tal y como el propio López Obrador fue exhibido y cuestionado, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando René Bejarano –entonces su secretario particular– fue videograbado recibiendo fajos de dinero. Se los metía en las bolsas de su saco con ligas y todo. Justo cuando el empresario Carlos Ahumada, contratista principal del Gobierno perredista de entonces y novio de Rosario Robles, pagaba sobornos o diezmos a gente de confianza de López Obrador a cambio de millonarios contratos de obra pública. Era evidente que Bejarano cobraba por su jefe, pero esto sólo se infiere del hecho, pues no fue probado fehacientemente. En ese caso, López Obrador fue raspado, aunque pudo librarse de ese escándalo.

No todo termina en el video. Por si fuera poco, algunos días después de rendir sus primeras declaraciones ante la FGR, Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos en la que acusa al expresidente Peña Nieto, Luis Videgaray, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, excandidatos presidenciales, entre otras figuras políticas del pasado, de formar parte de una estructura poderosa para entregar los recursos naturales a intereses extranjeros.

En este grupo también resultó implicado Daniel Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, quien es investigado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Tales vínculos no son nuevos: datan de 2010, cuando quiso ser gobernador. En ese tiempo ya se conocían sus andanzas en Estados Unidos, sus negocios sucios y sus relaciones con el crimen organizado. Sin embargo, el entonces presidente Felipe Calderón lo cobijó.

Lozoya señala a Salinas de Gortari de haber sido asesor para el PAN en todo el proceso de la Reforma Energética; de Anaya, dice que recibió 6 millones de pesos de parte de Videgaray por su silencio y también para operar con los diputados y senadores panistas la aprobación de dicha reforma. Todo esto resultó un verdadero salpicadero de estiércol. Cada uno de los acusados respondieron negando los hechos. Los más elocuentes fueron Francisco Domínguez, Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca y Luis Videgaray. Este último respondió a través de su cuenta de Twitter negando los hechos; y dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades de ser llamado a declarar. Carlos Salinas, quien presuntamente vive en Reino Unido, se ha mantenido hasta ahora replegado del escándalo, agazapado ante la tormenta.

¿Quién filtró la denuncia de hechos íntegra de Emilio Lozoya? Nadie lo sabe. Pudo haber salido de la FGR –donde el exfuncionario federal la presentó– o bien fue una orden del Presidente López Obrador que se filtrara a los medios; para robustecer el escándalo mediático y político.

Ante todo este escenario confuso y revuelto, cabe plantear si las evidencias conocidas hasta ahora le alcanzarán a la FGR para llevar ante los tribunales a todos los implicados en esta madeja de corrupción. Más allá que se puedan probar fehacientemente las acusaciones de Lozoya, sería muy lamentable que este asunto quedara sólo en la denuncia pública, pues el Gobierno de la Cuarta Transformación sería blanco de críticas por mantener en la impunidad a esta cauda de criminales de cuello blanco.

Pero todo indica que en este caso no se aplicarán los “abrazos y no balazos”. Aquí parece que habrá escándalo mediático, linchamiento político y consignación de la carpeta de investigación para que todos sean llamados a cuentas. Mucho dependerá del trabajo que realice el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien no la tiene fácil.

Lo ideal es que el caso llegue a los tribunales, como ya se dijo, y se resuelva en las autoridades judiciales. Los implicados en el escándalo tienen derecho a defenderse y lo harán. Disponen de todos los recursos para ello. Esta será, sin duda, la prueba de fuego para Alejandro Gertz Manero, quien se juega su puesto como Fiscal.

Pero la derecha no se ha quedado paralizada por el golpe de Lozoya. Este jueves comenzó a circular otro video, presuntamente filtrado a las redes sociales, donde aparece Pío López Obrador recibiendo dinero de parte de David León, anterior Coordinador de Protección Civil y en 2018 funcionario del gobierno de Chiapas que encabezaba Manuel Velasco, actual senador de la República. Recientemente David León ha sido nombrado por el presidente López Obrador como responsable de la distribución de medicamentos en el país; pero su toma de posesión se detuvo tras la difusión del video.

La entrega de dinero al hermano del Pesidente –se calcula que esto fue como en el año 2018– fue para reforzar las operaciones de MORENA en Chiapas; previo a la elección presidencial de julio de ese año.

El video muestra que ambos están en un restaurante, donde Pío recibe un paquete de dinero. Otro paquete le es entregado en una casa, presuntamente propiedad de David León, en la que además se escucha que David León le dice a Pío: “—Aquí te traigo 400”. Y añade: “—Hazle saber al licenciado que lo estamos apoyando”. En ese año (2018) Pío era operador de MORENA en Chiapas.

Tras la difusión del video, la respuesta de David León no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter dijo: “Respecto al video, debe tener aprox 5 años de antigüedad. De nov de 2013 a nov de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

Así la guerra de los videos.

 

De pronto el mundo se paralizó. Un virus, el COVID-19, presuntamente producto de la guerra entre China y Estados Unidos, detuvo al planeta y a los seres humanos  –quienes no somos más que parte de la vida orgánica–. Y nos vemos en la necesidad de encerrarnos en nuestras casas para evitar el contagio personal y de otras personas.

La vida social se deprimió en todo el mundo. Los teatros, cines, plazas públicas y cerradas bajaron sus cortinas. Los restaurantes, bares, cantinas y trattorias cerraron sus puertas. “Sólo hay servicio para llevar”, rezan las leyendas colocadas a la entrada de restaurantes. Ninguna persona puede ingresar, pues de hacerlo los dueños de los negocios son multados.

No queda más lugar que la casa, el espacio cerrado, viendo los rostros de la esposa, los hijos y los abuelos, a los que quizá veíamos de vez en cuando y ahora los tenemos que ver aunque nos aburramos o querramos estar con los amigos, dispersos en el limbo. Pero está prohibido salir. La radio y la televisión bombardean con el insoportable “quédate en casa”.

Todo esto, sin duda, es una lección de vida. De ser un virus mortal, el COVID-19 nos trae también muchas enseñanzas; aprendizajes que, quizá, no hemos valorado en otras circunstancias. Se nos ha olvidado lo esencial: el amor por la familia, por los viejos abuelos, por los hijos, fruto del amor que depositamos en nuestra pareja.

Aunque cueste trabajo, hay que verle el lado positivo a este momento trágico. Por todas partes hay muertos, en unos países más que en otros, dependiendo de las condiciones económicas y sociales de cada nación. Pero a la pandemia hay que sacarle una ganancia y esa se llama aprendizaje.

 

¿Qué debemos aprender de la pandemia?

Mucho. Debemos aprender a estar con nosotros mismos, a vernos, a recapacitar en nuestros actos y a valorar que la vida tiene sentido a pesar de todo lo que está ocurriendo.

Este es un momento muy difícil desde el punto de vista social y humano, pero no es el final. Si cada uno de nosotros reflexionamos respecto de lo finito y vulnerable que somos; si reparamos en la muerte, en el momento de nuestra muerte, que puede llegar en cualquier segundo, en realidad le sacaríamos más provecho a la vida y viviríamos la realidad y no lo que imaginamos o deseamos; porque eso no es la realidad.

El deseo genera sufrimiento, la aceptación trae consigo paz interior. No podemos vivir pensando en lo que no tenemos y olvidarnos de lo que realmente tenemos. Eso es vivir en la fantasía, es decir, en el vacío y en la nada, de ahí el sufrimiento. Decía Peter Ouspensky –célebre filósofo ruso y autor del libro “El Cuarto Camino”– que el 98 por ciento del sufrimiento humano es imaginario. Sufrimos por todo, hasta por lo que no ha ocurrido. El hombre, apunta Ouspensky, puede renunciar a todo, a cualquier placer; menos al sufrimiento.

Nos da miedo la muerte. Pero la muerte no es tragedia: es un verdadero acontecimiento. Ovidio decía que la muerte es como un sueño. A la muerte no hay que verla como lo más trágico: la muerte es parte de la vida y es un proceso que todos vamos a enfrentar. Por eso esta experiencia vivida con el COVID-19 no debe asustarnos: debemos aprovechar la ocasión, este momento, para acomodar nuestra vida, serenar nuestra mente, reflexionar sobre lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal; y las consecuencias de nuestros actos.

El mundo no tendrá una solución para todos al mismo tiempo. La solución a muchos problemas empiezan con lo que hagamos nosotros mismos en lo personal. El cambio es personal. Debemos trabajar con nuestra conciencia y abrirnos al crecimiento humano. A esa belleza que todos los seres humanos tenemos dentro. Descubrir nuestras debilidades y nuestras fortalezas y darnos cuenta que el sentido de la vida no está en acumular bienes materiales sino en el amor, en lo más simple, en lo sencillo, en el vacío –de acuerdo con las enseñanzas del pensador chino Lao Tse–. De este sabio se puede citar prácticamente todo lo que expresó y pensó, sobre todo en su obra cimera, el “Tao Te Ching”, uno de los pilares filosóficos de la cultura universal de procedencia oriental.

Entre sus varias concepciones planteaba que: “Quien pretende el dominio del mundo y mejorar éste, se encamina al fracaso”. También nos regalaba su erudición al enunciar: “Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre, es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo, es poderoso”. Para  luego ratificar esta verdad: “Quien no es feliz con poco, no lo será con mucho”. Con lo que apela a la importancia de lo austero y adiciona: “Deja de pensar y termina con tus problemas”. Hasta aconsejarnos sobre cómo mirar al mundo desde nuestra individualidad: “Observa todo lo blanco que hay en torno tuyo, pero recuerda todo lo negro que existe”.

Estos tiempos difíciles –y de encierro obligatorio– son para reflexionar sobre nuestras vidas, para aterrizar en nuestras respectivas realidades. Quien soy, de dónde vengo, a dónde voy… son preguntas que el hombre debe hacerse permanentemente. El conocimiento de sí mismo es y ha sido, a través del tiempo, el trabajo más importante que el ser humano ha realizado y debe realizar en la vida. No se trata de poner la mirada en los otros. No. Se trata de mirarnos, escudriñarnos, conocernos y aprender a cada instante de nosotros mismos.

Es cierto que hoy está prohibido viajar. Es irresponsable hacerlo porque el riesgo de contagio y de muerte es elevado. Pero bien podríamos experimentar un viaje interior: la autoexploración, para repasar nuestra historia de vida, nuestros actos bellos, nuestras fallas; y llamarnos a cuentas para corregir lo que no nos guste de nosotros. Respecto a los otros, nada más podemos hacer que brindarles cariño.

Para las parejas, sin duda es un momento difícil. Sobre todo para aquellas que no han construido una buena relación y ahora deben convivir, aunque no quieran, todos los días y por tiempo indefinido juntos. Es momento de preguntarnos, entonces: ¿para qué quiero una pareja? ¿Para que me haga feliz? ¿Para que se ocupe de mi? No, para eso no es una pareja.

La pareja no tiene la responsabilidad de hacer feliz a nadie, ni de procurar el bienestar de nadie. La felicidad, el bienestar, es un trabajo estrictamente personal, no depende del marido, ni de la esposa, ni de los hijos. Sólo de nosotros.

Y esa construcción sobre nosotros mismos nos hace diferentes, pero para lograrlo es imprescindible observarnos. Se requiere atención, atención y atención sobre nosotros mismos, sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos. Pero sin juzgarlos. Sólo observar y observar. Así se va uno conociendo. Y este trabajo es permanente, a cada instante, caminando, hablando con los otros, en todo momento no debemos dejar de observarnos.

También podemos escribir nuestros pesares, llenar hojas y hojas con todo el sufrimiento que llevemos dentro, nuestras experiencias dolorosas o no; y luego leer. Así se aprende también de todo lo que se mueve en nuestro interior.

Este trabajo de autoconocimiento –sin duda– es más importante que la evasión ante el televisor. La televisión, sino toda, es poco constructiva: mucho de ella divide la atención, nos separa de los otros y, peor aún, nos aleja del contacto interior. Hay que ser muy selectivos a la hora de ver un programa, ser exigentes con los contenidos y no fugarse de la realidad. La mejor diversión es hacer contacto a cada momento con nuestra realidad, con nosotros mismos, y aceptar lo que tenemos y lo que vivimos. Si nos oponemos a esa corriente, sufrimos; pero si aceptamos, fluimos.

Quizá podamos hacer muy poco por los demás en estos tiempos trágicos; pero podemos hacer mucho por nosotros mismos. Estos son tiempos de autorresponsabilidad y de crecimiento interior.  Aprovechemos el tiempo. No hacer nada puede ser constructivo. No hacer nada no significa perder el tiempo: es una forma de hacer algo. No hacer nada permite abrir la mente a lo maravilloso, lanzar preguntas al universo, perdonarnos por los actos que hemos hecho y nos han golpeado la conciencia.

Si algún desarrollo puede alcanzar el ser humano está en el crecimiento de su conciencia. Eso lo hará diferente. Por eso considero que, a pesar de las muertes y del miedo, el COVID-19 nos ofrece una parte no negativa: porque nos invita a crecer como seres humanos y ser más conscientes de nuestras realidades. No todo lo considerado comúnmente negativo es negativo, reza una máxima importante. El trabajo sobre la conciencia empieza con la auto-observación permanente. Si nos vemos a nosotros mismos vamos aprender más que mirando hacia afuera, donde la otra realidad sólo distrae y sume al ser humano en el más profundo de los letargos.

 

Preso en Estados Unidos por servir a los intereses del Cártel de Sinaloa; acusado de brindar protección a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo –quien compurga una cadena perpetua en Estados Unidos por delincuencia organizada–, Genaro García Luna empezó a ser cuestionado en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón por sus nexos con el narcotráfico. En particular, con el cártel mencionado. De acuerdo con la DEA, el más poderoso del mundo.

Desde la cárcel donde está recluido ha ofrecido en un par de ocasiones pagar una fianza de dos millones de dólares –la primera oferta fue de un millón de dólares– para que el fiscal de su causa lo dejara en libertad, ya que argumenta que puede contagiarse del coronavirus. Ambas solicitudes le fueron negadas.

Las razones: es considerado un personaje peligroso que puede fugarse, ya que tiene amplios contactos políticos y criminales que lo pueden ayudar a evadir la acción de la justicia, según el criterio de las autoridades estadunidenses.

A continuación se relatan las acusaciones que en su momento le fueron hechas tanto a él mismo como a sus colaboradores más cercanos que lo acompañaron desde que fue Director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el gobierno de Vicente Fox, y posteriormente como Secretario de Seguridad Pública, en la administración de Felipe Calderón. Tales acusaciones  salieron a flote en el sexenio de Fox, donde García Luna fue un estratega policíaco. Ocupó la titularidad de la Agencia Federal de Investigaciones, una copia bastante degradada del FBI. Nadie imaginaba entonces que el funcionario federal ya tenía nexos criminales, de acuerdo con los expedientes consultados.

Y es que varios de sus colaboradores cercanos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron acusados de corrupción y de tener ligas con el narco desde el año 2008. Sin embargo, García Luna nunca destituyó a ninguno de ellos, por el contrario, los cobijó y los mantuvo en sus respectivos cargos.

Por ejemplo, Mario Velarde Martínez, quien durante el gobierno de Vicente Fox fungió como secretario particular de García Luna en la AFI, tuvo tratos con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. De acuerdo con las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República, este personaje era parte de la red de funcionarios que colaboraba con el crimen organizado.

En aquel momento, Velarde era el quinto hombre cercano al entonces Secretario de Seguridad Pública que era investigado por la PGR. Entonces estaba adscrito a la División Antidrogas de la Policía Federal en la SSP.

En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, integrada durante la llamada “Operación Limpieza” –que permitió la captura de altos funcionarios de la SSP y de la PGR por servir al crimen organizado, en particular al Cártel de Sinaloa–, Alberto Pérez Guerrero, identificado como testigo protegido con el nombre de “Felipe”, pormenorizó las complicidades de exfuncionarios policíacos con el narco:

Según “Felipe”, Velarde Martínez y Ricardo Gutiérrez –exdirector de la Interpol México y quien fue arraigado durante el gobierno de Calderón por sus presuntos nexos con el narco– tenían en común su amistad y presuntos negocios de venta de información con José Antonio Cueto, señalado en ese tiempo como responsable de reclutar e infiltrar a funcionarios para brindarle información a los hermanos Beltrán Leyva sobre operativos, órdenes de aprehensión, investigaciones y extradiciones.

Narra el testigo protegido “Felipe”:

“A principios del año 2007, el licenciado Mario Arturo Velarde Martínez se desempeñaba como director de área y es amigo cercano de Cueto, de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Me pidió información sobre dos asuntos de los cuales no recuerdo en las oficinas de Interpol, en los que tenía conocimiento Cueto, por los cuales me dio Velarde Martínez la cantidad de 4 mil dólares, de los cuales 2 mil entregué a Cueto”.

El mismo día de esta declaración ministerial, realizada en la Embajada de México en Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA) entregó a la PGR una fotografía del cercano colaborador de García Luna, quien ya formaba parte de las investigaciones y de los expedientes oficiales.

La imagen fue presentada al testigo, quien lo identificó de entre cinco fotografías de otros funcionarios que ya estaban siendo investigados tanto en México como en Estados Unidos por servir al crimen organizado.

“Felipe” tenía información sensible, había sido agente de la PGR y su último cargo fue haber sido Comisionado de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: e identificó el rostro de Velarde Martínez.

Por ello, conocía a los colaboradores ligados al narcotráfico cercanos a García Luna. Entre otros, a Ricardo Gutiérrez, director de Interpol-México; Ricardo de la Guardia, exdirector de Despliegue Regional e Interpol; Miguel Colorado, ex coordinador de Servicios Técnicos de la SIEDO –hoy SEIDO– y al Capitán Fernando Rivera, exdirector adjunto de Servicios Técnicos de SIEDO.

Otros fueron arraigados, pues ya se tenían datos y evidencias de sus vínculos con el Cártel de Sinaloa y, en particular, con la célula de los hermanos Beltrán Leyva. Sus nombres: Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP; Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de Operaciones de la PFP –éste fue ejecutado durante su etapa como testigo colaborador, mientras tomaba café en un Starbucks en la colonia Del Valle de la Ciudad de México–; Gerardo Garay Cadena, entonces jefe de la Policía Federal Preventiva y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol-México.

 

La red criminal

Mario Velarde negó los cargos y los nexos que le imputaron con el narcotráfico. Pero no fue suficiente: un testigo protegido de la DEA y de la PGR reveló que servía a los intereses del Cártel de Sinaloa.

El testigo lo describió tal cual es físicamente. Dijo: “Mario Velarde Martínez es de tez blanca, cabello negro corto y ondulado, mide un metro con 65 centímetros de estatura, tiene entre 38 y 40 años de edad, es de ojos color negro, nariz regular, con frente un poco pronunciada”.

Y añadió: … “Tiene un tic nervioso de estarse jalando los pellejos de los dedos pulgares y que casi siempre tiene curitas en los dedos por ello y que cuando lo conoció el declarante, era el secretario particular del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, pero después se fue como director de Enlace Externo en Interpol y más tarde quedó bajo las órdenes de la licenciada Maribel Cervantes, en la Policía Federal”.

Otro de los colaboradores de García Luna –Ricardo Gutiérrez– fue indiciado porque dos testigos protegidos lo acusaron de proteger los movimientos de Rey Zambada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El testigo también dijo que le vendía información a los Beltrán Leyva.

De acuerdo con el testigo y las investigaciones que entonces realizó la PGR, el exmilitar Roberto García –quien estaba adscrito a la Coordinación Técnica de la SIEDO– fue comprado por el Cártel de Sinaloa, pero cuando lo detuvieron pidió acogerse al Programa de testigos protegidos y fue identificado con el nombre de “David”.

En aquella ocasión, el testigo relató que once años atrás “El Rey Zambada” –hermano de Ismael Zambada García– era conocido como “El licenciado Óscar” para tratar con comandantes y funcionarios federales. Conocía a José Antonio Cueto desde los tiempos de la Fiscalía Antidrogas (FEADS).

Dijo el testigo: “Cueto conoció a todos los comandantes de la Policía Judicial Antidrogas, esos comandantes le presentaron al licenciado ´Oscar´ –o sea Rey Zambada– y añadió el testigo ´David´”.

“Óscar o el licenciado Óscar cuando utilizaba el Aeropuerto para viajar le hablaba a Cueto y él llamaba a Ricardo Gutiérrez, que era titular de Interpol México para que no pasara por ningún filtro de revisión; en específico, se trataba de gente que venía de Colombia, aunque no sé los nombres, pero se venían a ver con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”.

Por otra parte Alberto Pérez Guerrero, como testigo protegido “Felipe”, relató que el director de Interpol tenía problemas económicos y por eso vendían información al crimen organizado. e  incluso le llegó a pedir un préstamo de 300 mil pesos a Cueto, enlace de los Beltrán Leyva.

Según “Felipe”, un abogado de narcotraficantes que tiene su despacho en Guadalajara, de apellido Valenzuela o Valencia, le pagó dos asesorías que le brindó Cueto para elaborar unos amparos. Primero pagó 30 mil pesos y en otra ocasión le dio de 4 a 6 mil dólares.

Dijo: “Al pretender entregarle ese dinero (a Cueto) me pidió que le entregara 2 mil dólares a Ricardo Gutiérrez Vargas, director General de Interpol, lo que realicé directamente en su oficina ubicada en Torre Pedregal sobre Periférico Sur, enfrente del hotel Camino Real por el Pedregal y al recibir este dinero Gutiérrez Vargas me dijo que gracias, este ya sabía que esto era de parte de José Antonio Cueto; oficinas donde el emitente prestaba sus servicios.”

“Esta entrega de dinero a Gutiérrez se repitió en una segunda ocasión sin saber qué cantidad, ya que era un sobre que Cueto me entregó y me dijo que se lo diera al director de Interpol refiriéndome que era dinero”.

“Felipe” también expuso en aquel testimonio que entre abril y mayo de 2007 Gutiérrez le dio un sobre cerrado con información que le pidió llevar al domicilio de Cueto en Valle Escondido, Atizapán, y así lo hizo.

Estos excolaboradores de García Luna fueron procesados por sus nexos con el crimen organizado. Cuando estaban en funciones fueron protegidos por García Luna. Todos ellos tenían nexos con Rey Zambada, quien ahora es uno de los testigos clave en el juicio que enfrentará el exsecretario de Seguridad Pública en Nueva York.

Cabe aclarar que todos los señalamientos incriminatorios en contra de los exfuncionarios –tanto los que operaban con García Luna como los que despachaban en la extinta PGR– formaron parte del expediente conocido como “Operación Limpieza”.

La mayoría de ellos, sin embargo, fueron exonerados aparentemente por falta de pruebas. Otros fueron encarcelados y recobraron su libertad. Ahora los testigos protegidos que hicieron las acusaciones testificarán en contra de García Luna. Es el caso de Rey Zambada y otros que dicen conocer detalles sobre la forma en que el exsecretario de Seguridad Pública brindó protección al crimen organizado, en particular, el Cártel de Sinaloa.

 

Como jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera expandió sus redes a varios países del mundo. Hoy, a pesar de estar preso, su organización es líder mundial en el tráfico de drogas. Durante su etapa de esplendor la DEA documentó sus andanzas en México y fuera de México, como cuando un día se montó en una cuatrimoto y transitó por céntricas calles de la ciudad de Durango. Las Cámaras de Seguridad filmaron al hombre más poderoso del narco y las autoridades pudieron conocer que “El Chapo” se había hecho una cirugía plástica que lo hacía lucir más joven. La extinta PGR logró hacer un retrato psicológico del narcotraficante, el único que se conoce, y cuyos pormenores aquí se describen. Así fue la vida de Guzmán Loera, el narcoempresario más poderoso de los últimos veinte años, cuyo legado –el cártel de Sinaloa– sigue de pie ahora liderado por sus hijos Jesús Alfredo, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. Sinaloa actualmente es el cártel menos molestado por el gobierno federal, a tal grado, que se afirma que es el grupo criminal consentido del poder central.

 

Desde su captura, en 1993, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, arrastró la mala fama de ser traicionero, amante del dinero y de las mujeres hermosas, pero lo cierto es que el exjefe del Cártel de Sinaloa también resultó ser un empresario boyante en el mundo del narcotráfico, posición que consolidó de 2002 a 2014.

Desde que se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, de donde se escapó con una peluca rubia y lentes oscuros, El Chapo Guzmán se trazó la meta de consolidar al Cártel de Sinaloa como la organización criminal más importante del continente. Y lo logró.

Ninguno de los capos que lo antecedieron alcanzaron tal posición: Miguel Ángel Félix Gallardo –mentor de Guzmán Loera– llamado en los años ochenta el capo de capos, se conformó con dirigir al Cártel de Guadalajara y alcanzó notoriedad por su gran poder corruptor y su capacidad para establecer alianzas entre grupos antagónicos. Sin embargo, cayó en desgracia al arrancar el sexenio de Carlos Salinas en 1989: fue detenido junto con Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, y acusados de narcotráfico y del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. En este crimen también participó Rafael Caro Quintero, quien fue capturado en Costa Rica, a donde había huido junto con su amante Sara Cosio, sobrina de Guillermo Cosio Vidaurri, exgobernador de Jalisco.

Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, fue el capo más aventajado en el último sexenio priísta, el que encabezó Ernesto Zedillo, pero sucumbió en su intento por internacionalizar al Cártel de Juárez, cuyas raíces llegaron a Sudamérica. Carrillo Fuentes fue declarado oficialmente muerto en 1997. Hasta la fecha se duda que haya fallecido, como se dijo, tras someterse a una cirugía plástica y una liposucción en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México porque, extrañamente, los médicos que lo operaron aparecieron muertos en la carretera que lleva a Acapulco, conocida como autopista del Sol. La policía halló los cuerpos dentro de unos tambos. Estaban descuartizados. ¿Por qué fueron asesinados? ¿Acaso Amado Carrillo sobrevivió y ellos eran los únicos testigos?

En la era panista, que comenzó en el año 2000 con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales, Joaquín Guzmán Loera trazó su ruta de éxito en el mundo criminal desde los primeros meses de libertad, allá por el mes de abril del año 2001.

Tan pronto se sintió libre y protegido, El Chapo convocó a una cumbre de capos en Monterrey, Nuevo León, a la que asistieron los hermanos Beltrán Leyva, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Ignacio Nacho Coronel, e Ismael Zambada García, El Mayo, entre otros.

El objetivo: planear la expansión del Cártel de Sinaloa en todo el territorio nacional y más allá de éste. Aquel plan, el cual está detallado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, tenía como puntos torales acabar con la hegemonía de la familia Carrillo Fuentes, exterminar al Cártel de Tijuana y debilitar al grupo armado Los Zetas. Dos décadas después, el proyecto está consolidado: los Carrillo Fuentes y el Cártel de Tijuana están debilitados y su radio de acción se limita a una pequeña región del norte del país, en tanto que el debilitamiento de Los Zetas –hoy Cártel del Noreste– llega al grado de que ese grupo está casi extinguido debido a los embates del Ejército Mexicano y la Marina.

En esta guerra también fue determinante la participación de Los Mata Zetas, grupo paramilitar que presuntamente forma parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación –el que encabeza “El Mencho”, quien actualmente es el amo y señor en una veintena de estados en la República mexicana y controla, además, las rutas del “huachicol”, el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos–.

Este grupo de Los Mata Zetas, de acuerdo con versiones extraoficiales, pudo haber sido creado por las propias fuerzas del Estado. El objetivo: limpiar las plazas que el Cártel de Sinaloa pretendía ocupar desde entonces.         

 

Las debilidades de El Chapo

En su nueva y más boyante etapa como capo, Guzmán Loera dio rienda suelta a sus placeres, los cuales disfrutó tanto como la impunidad que lo cobijó durante varios años.

A Guzmán Loera le gustaba la buena vida, el dinero y las mujeres, según está asentado en la averiguación referida. Pero su gusto por esos placeres no era nuevo en la personalidad de quien por doce años fue el jefe del Cártel de Sinaloa. Tales características salieron a relucir en el perfil psicológico elaborado en 1993 por la PGR, en cuyo estudio destaca que “es proclive a la traición, le gusta el poder y ejercerlo, aunque presenta baja tolerancia a la frustración”.

Por ejemplo, tras ser detenido en 1993 –en medio del escándalo por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo– salió a flote información respecto a que El Chapo Guzmán poseía en ese tiempo unas 27 cuentas bancarias, tres aviones ejecutivos, múltiples empresas operadas con testaferros, y varias mujeres.

Aunque en 1977 se había casado con María Alejandrina Guadalupe Salazar Hernández, también conocida como Lucía Silva Muñoz, o con los nombres de Mayra Alejandra Casas Saldaña, Alexis García de Alba Michel y/o Isela Lomeli de León. Con ella procreó cinco hijos: César, Alejandrina Gisell, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Claudete Ilene, según establece una ficha criminal elaborada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

En los gobiernos panistas Guzmán Loera tuvo, como pocos, la libertad de acción. Actualmente el Cártel de Sinaloa, la empresa criminal que impulsó, tiene ramificaciones por todas partes. Dentro del territorio nacional, El Chapo Guzmán aplicó la estrategia, cuando estaba en libertad, de aliarse con otros grupos para ir alcanzando mayor poder y eliminó a los rivales que le estorbaban en sus planes de crecimiento.

Tanto la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas estadunidense, como la extinta PGR, documentan que la llamada narcoempresa encabezada Guzmán Loera es tan poderosa como grande en su estructura.

El Cártel de Sinaloa no es una empresa criminal piramidal sino horizontal: está asociado a La Familia Michoacana, al Cártel del Golfo desde 2007, y en su momento se alió con dos ramajes que hicieron las veces de grupo armado –La Residencia y el Cártel de Guadalajara Nueva Generación– con asiento en el Estado de Jalisco. Todo el corporativo Sinaloa domina 25 estados de la República. Y en el mundo está presente en más de cien países.

Pero eso no es todo: El Cártel de Sinaloa también se afincó en Centro y Sudamérica, hacia donde ha exportado violencia e inestabilidad, pero también ha inyectado buena parte de su capital financiero en bienes raíces y compra de tierras, entre otros negocios.

Desde el 2005, el Cártel de Sinaloa y sus aliados comenzaron a controlar el negocio del transporte de drogas desde Colombia hacia México, pues los capos colombianos abandonaron esa actividad y prefirieron quedarse con el suministro de drogas, el cual realizan desde Colombia. Pero también desde Perú, Venezuela, Panamá o Costa Rica, países en donde están diseminados varios cárteles.

De acuerdo con la DEA, El Chapo Guzmán controlaba todo el transporte de drogas –y precursores químicos– que eran traídos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia; y a lo largo de la región dispuso de varias bodegas para almacenar estupefacientes. Las últimas terminales están en Costa Rica y Guatemala. De ahí cruzaban los cargamentos por Chiapas hacia cualquier punto del país para luego ser introducidos a Estados Unidos. Esta ruta está vigente y sigue siendo muy explotada por los cárteles, en particular, Sinaloa y Golfo.

Pero la visión empresarial de Guzmán Loera apuntó más lejos. Reportes de inteligencia mexicanos y estadunidenses no sólo lo ubicaron en Argentina, donde vivió algún tiempo, sino también en Europa. Particularmente en Reino Unido y España, hasta donde el Cártel de Sinaloa exporta sus productos: cocaína y drogas sintéticas, entre ellas, el Fentanilo.

Joaquín Guzmán Loera, quizá la versión mejor moldeada del llamado narcoempresario, bien pudo ser considerado, con base en antecedentes, como el capo que más aprovechó la dinámica de la globalización del tráfico de drogas en el mundo.

 

Dominio territorial

Después de varios años de batalla por parte del gobierno contra el crimen organizado, la organización de Sinaloa controla casi todo el territorio nacional y sus principales rivales son Los Zetas, ahora autodenominados Cártel del Noreste. Con el resto de los grupos criminales –incluido el de Juárez, su acérrimo rival– cesó la confrontación desatada por la disputa de Ciudad Juárez, la frontera más codiciada.

Actualmente, los hombres que dirigen al Cártel de Sinaloa son sus hijos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán; así como Ismael Zambada García, “El Mayo”, el verdadero jefe del grupo criminal según la DEA. Siguen teniendo refugios en Centroamérica. La mayoría de los actuales operadores, quienes lo sustituyeron tras su aprehensión en 2014, se mueven por los estados de Coahuila, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas; sin que ninguna autoridad los pueda detener.

El Chapo se dio varios lujos cuando gozaba de libertad y uno de ellos fue la impunidad, con la que disfrutada al máximo.  Tal era la protección que tenía del gobierno que hasta se exhibió, en una ocasión, montado en una cuatrimoto y transitar por céntricas calles de la ciudad de Durango.      

Este hecho fue filmado por las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública, con cuyas imágenes la extinta PGR pudo confirmar que el entonces jefe del Cártel de Sinaloa, con una edad entre los 53 y 55 años, tenía una fisonomía fresca, sin arrugas, producto de las cirugías plásticas a las que se había sometido.

Boyante como empresario del narco y poderoso en el mundo criminal, Guzmán Loera tenía puestos los reflectores internacionales y hasta se dio como un hecho que pronto podía terminar su hegemonía. Sin embargo, mientras más se especulaba respecto a su presunta caída, el Cártel de Sinaloa se afianzaba como el grupo criminal no sólo más poderoso de México, sino uno de los mejor consolidados en el mundo. Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón –ambos panistas– el capo no fue perseguido.

Tuvieron que pasar varios años para que El Chapo fuera capturado. Y ello se pudo lograr debido a la presión internacional, particularmente del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, ahora que está preso, su organización criminal sigue tan próspera como cuando él era libre y era el jefe máximo.

Cabe recordar una frase que “El Mayo” Zambada le dijo a Julio Scherer cuando el fundador del semanario Proceso y uno de los periodistas más influyentes de la última mitad del siglo XX lo entrevistó en la Sierra de Sinaloa:

Si yo muero o me detienen, todo seguiría igual.

 

Guzmán Loera purga hoy una cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos.                                                  

 

           

Primero lo investigaron por la compra de una residencia, luego por un enriquecimiento de poco más de 34 millones de pesos –incremento en su patrimonio que, según la Secretaría de la Función Pública, no declaró–. Y ahora, diecinueve de sus más cercanos colaboradores, que lo acompañaron en la Secretaría de Gobernación y en las tareas de seguridad, son buscados por la justicia dentro y fuera de México.

Las órdenes de aprehensión libradas son por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La lista de exfuncionarios alcanzó a Jesús Orta Martínez, quien fungió como Secretario de Seguridad Pública Ciudadana en la Ciudad de México –sustituido por Omar García Harfuch–; también a Frida Martínez Zamora, quien durante el gobierno de Enrique Peña Nieto despachó como Secretaria General de la Policía Federal.

Sin duda, en estos casos también se investigan nexos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Es público que, cuando Osorio Chong fue Gobernador de Hidalgo, el Cártel de Los Zetas se posicionó en ese y otros estados de la República. En esa entidad vivía nada más y nada menos que Heriberto Lazcano Lazcano, el jefe máximo de Los Zetas, durante años brazo armado del Cártel del Golfo.

El caso de Orta Martínez es significativo. Según la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desde hace tiempo se sabía que el entonces funcionario era investigado a nivel federal por presuntos nexos con el crimen organizado. Por esa razón –dijo– se le pidió la renuncia. Su lugar fue ocupado por Omar García Harfuch, otro personaje plagado de claroscuros que también ha sido señalado de tener nexos con el crimen organizado. El 26 de junio pasado fue atacado a tiros por un comando que, según el propio funcionario, forma parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Las investigaciones sobre los excolaboradores de Osorio Chong, de acuerdo con datos consultados en la Fiscalía General de la República, son por la presunta responsabilidad en el manejo de contratos y servicios, y por la compra con sobreprecio de equipo de espionaje en la ya desaparecida Comisión Nacional de Seguridad, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

También existen faltantes de dinero detectados, en su momento, por la Auditoría Superior de la Federación. Las denuncias fueron presentadas por el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, y en ellas se incluyen datos y evidencias respecto a irregularidades en la adquisición de vehículos, uniformes, armas y tecnología.

Ahora que las órdenes de aprehensión ya fueron libradas, se sabe que la mayoría de los exservidores públicos ya no están en el país: presuntamente huyeron cuando se enteraron de que el gobierno de la Cuarta Trasformación iba por ellos.

La lista de imputados es la siguiente: Carlos Hipólito Rivera, elemento de la Guardia Nacional hasta hace unos días; Eleuterio Enríquez Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares y Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, éste también vinculado a Osorio Chong.

Otros imputados son: Francisco Javier Cruz Rosas, Oswaldo Martínez Hernández, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge Carlos Ruiz Alavez, Édgar Ulises Calderón Luna, Israel Luna Espinoza, José Manuel Correa Flores, María Eldy Sosa Calderón, Verónica Tlahuitza Pérez, Carmen Patricia Quiñones Piña y Mercedes Hernández Rodríguez.

El único que falta en la lista es el senador Miguel Ángel Osorio Chong, personaje que, por ahora, sólo está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública por un incremento patrimonial, hasta ahora no justificado –según la versión oficial– de 34 millones de pesos y la compra de una residencia cuyos fondos, de acuerdo con la indagación, presuntamente no fueron reportados.

 

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